El paso de Santa Cruz a la cabeza de la CPC se explica en el apoyo de los cacicazgos industriales de Guilisasti, Philippi y del propio Concha. Si a eso se agrega un entorno familiar democratacristiano, y sus vínculos con todas las ramas empresariales y sectores políticos de la Alianza y la Concertación, parecen bastar para mantener la estrategia inaugurada por Claro y Phillippi de “grandes entendimientos” con el gobierno de turno, a la espera que el siguiente sea capaz de imponer su voluntad al resto de los sectores sociales, evitando la extendida conflictividad reciente.
Se ha insistido en las últimas décadas —intelectuales como Tironi descollan en esto— que el empresariado encarna en el país el ideal de modernización más arraigado. Que detenta una alta legitimidad, la cual hoy lo pone en la sociedad a la cabeza de muchas de las expectativas que antaño residieran en el Estado. El liderazgo del crecimiento económico y la incorporación criolla a los cursos de globalización, se cuentan entre esas acciones apreciadas como las más relevantes en el viaje al desarrollo, asociadas con el empresariado por encima de cualquier otro sector de la sociedad.
Sin embargo, más allá de los divulgados ideologismos que portan estas imágenes, sus actos parecen porfiadamente anclados en dirección contraria. Su renuencia a las prácticas democráticas, esas mismas que se le exigen a cuanto actor social o político se para en la arena local tras cualquier alegato, contravienen el más básico sentido común entre los patrones de legitimidad hoy socialmente imperantes. Su rotunda negativa a protagonizar siquiera un amago de democracia interna en la renovación de sus autoridades gremiales, lo deja hoy más atrás, en términos de la mentada modernidad, que el mismísimo Vaticano.
En noviembre del 2012 el timonel de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Lorenzo Constans, anunció que las elecciones de ese gremio, fijadas para el 6 de diciembre se posponían hasta el 20 de marzo. ¿La razón? Que el actual presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Andrés Concha, nominado por todos los gremios para liderar el periodo 2012-2014, enfrenta un delicado estado de salud.
[cita]Las formas en que el empresariado dirime sus liderazgos, marcada por la renuencia a cualquier expresión democrática, a pesar de los ideologismos modernizantes propagados desde sus intelectuales y publicistas cortesanos, hacen poco creíble cualquier voluntad de respetar las inclinaciones que adopte la política abierta y ciudadana, y refrendan más bien su opción por la política cerrada de lobbies y pasillos, a la cual tendría que retornar un eventual gobierno de Bachelet. Una que expresa la inexistencia de cualquier voluntad de discutir con el resto de la sociedad la dirección que adopta el crecimiento económico y, con eso, del tipo mismo de desarrollo.[/cita]
La decisión de aplazar la elección buscaba “esperar” a Concha y asegurar para la alianza forjada entre industriales (Sofofa), mineros (Sonami) y bancarios (ABIF), la presidencia de la CPC. Un predominio interrumpido en la última década solo por el propio Constans (2010-2012), líder de la Cámara Chilena de la Construcción y que también llegó a la presidencia como candidato de consenso. La nominación de Concha busca fortalecer una línea de “grandes acuerdos” con el casi seguro nuevo gobierno de Bachelet y el distanciamiento con la dictadura militar, al tiempo que fustigar cualquier “exceso” empresarial que, según ellos mismos, ha dificultado el camino al desarrollo.
Concha fue un destacado empresario y dirigente gremial que participó en el gobierno militar (en ProChile y la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores) y trabajó en el comando electoral de Hernán Büchi. Pero también un activo colaborador en el proceso que, a través de la llamada Agenda ProCrecimiento, durante el gobierno de Lagos terminó con la desconfianza empresarial hacia la Concertación. Una política impulsada por el entonces mandamás de la CPC, Juan Claro, que arrastra un quiebre con las anteriores directivas empresariales comprometidas con la defensa ideológica de la dictadura militar. No obstante, pese al distanciamiento con el pinochetismo, esta nueva generación de líderes empresariales importó las prácticas nada democráticas de promoción de liderazgos y definición de políticas, propias de la añosa política oligárquica del siglo XIX. Así, el sucesor de Claro en la Sofofa en 2008, instaló a otro de los suyos en la CPC, el empresario vitivinícola (Concha y Toro) y miembro del directorio de la Sofofa, Rafael Guilisasti; mientras que en la conducción de la Sofofa quedó el propio Concha. Ambos designados como presidentes sin oposición alguna.
No obstante, los mandamases de la Sofofa en la última década, no sólo estrechan vínculos como socios en el fondo de inversión Capital Austral. Salvo Phillippi, quién estudio en el colegio Verbo Divino, el resto se formó en el colegio Saint George. Del cual provienen también figuras concertacionistas como Eugenio Tironi y José Miguel Insulza, ambos ex-Mapu, en el que Guilisasti participó desde su fundación y en el que conoció también a Enrique Correa, José Joaquín Brunner, y a los egresados del “Verbo”, José Antonio Viera-Gallo y Jaime Gazmuri; con quiénes mantiene contacto hasta el día de hoy.
La decisión de Concha de no postularse puso a los líderes de las ramas empresariales a buscar una nueva figura de consenso y así evitar someter a la entidad cupular al ejercicio democrático. Andrés Santa Cruz, ex presidente de la Sociedad Nacional Agrícola (SNA), alcanzó el apoyo mayoritario de las ramas empresariales y se presenta como figura de unidad, recuperando para el empresariado rural el trono de la CPC, tras once años, desde Ricardo Ariztía (2000-2002), su último líder comprometido ideológicamente con la “obra” de la dictadura. Santa Cruz también sale del Saint George, ingeniero y empresario agrícola, pese a provenir del gremio más tradicional, logró cuando era vicepresidente (1993-1997) y presidente (2000-2005) de la SNA, encabezar cambios que permitieron sanear las arcas del gremio evitando una crisis financiera; reformó los estatutos para dotar de mayor participación a diversos rubros del sector silvoagropecuario; limitó el número de consejeros honorarios; y promovió la participación de la SNA en los tratados de libre comercio firmados bajo el gobierno de Lagos. El año pasado participó en la organización de la cumbre Celac-UE y comisiones de la CPC. Hoy preside la Comercializadora de Trigo (Cotrisa), es director de la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta) y la Empresas Tattersall, y vicepresidente de la Asociación Chilena de Seguridad.
Lo que en inicio parece un retorno de los sectores más duros del empresariado, busca más bien mantener la “línea Claro” a través de una imagen de unidad frente a la agitación acarreada por la campaña presidencial y parlamentaria; pero sobre todo enfrentar la incertidumbre abierta por las nuevas dificultades de aprobación medioambiental que enfrentan proyectos energéticos y mineros, en su mayoría frenados a la espera del resultado de las elecciones presidenciales.
Una poco moderna unidad empresarial que también se impone en las elecciones de la Sofofa. Uno de los candidatos, Pablo Bosch, conocido por interpelar al empresariado para que se adecúe a las demandas medioambientales de la ciudadanía, “bajó” su candidatura dando su apoyo al ex gerente general de Gerdau AZA, Hermann Von Mühlenbrock. Las razones esgrimidas apuntan al “complejo escenario” que atraviesa la Sofofa, dada la enfermedad de Concha y la amistad que lo une a Von Mühlenbrock.
El paso de Santa Cruz a la cabeza de la CPC se explica en el apoyo de los cacicazgos industriales de Guilisasti, Philippi y del propio Concha. Si a eso se agrega un entorno familiar democratacristiano, y sus vínculos con todas las ramas empresariales y sectores políticos de la Alianza y la Concertación, parecen bastar para mantener la estrategia inaugurada por Claro y Phillippi de “grandes entendimientos” con el gobierno de turno, a la espera que el siguiente sea capaz de imponer su voluntad al resto de los sectores sociales, evitando la extendida conflictividad reciente.
Así las cosas, las formas en que el empresariado dirime sus liderazgos, marcada por la renuencia a cualquier expresión democrática, a pesar de los ideologismos modernizantes propagados desde sus intelectuales y publicistas cortesanos, hacen poco creíble cualquier voluntad de respetar las inclinaciones que adopte la política abierta y ciudadana, y refrendan más bien su opción por la política cerrada de lobbies y pasillos, a la cual tendría que retornar un eventual gobierno de Bachelet. Una que expresa la inexistencia de cualquier voluntad de discutir con el resto de la sociedad la dirección que adopta el crecimiento económico y, con eso, del tipo mismo de desarrollo. Pese a su distanciamiento discursivo con la dictadura, para definir sus direcciones prefieren acuerdos entre pocos, la fronda de redes familiares y compadrazgos, esperando además que el siguiente gobierno lo acepte sin ver en ello contradicción alguna con las demandas de profundización democrática y de participación que se han expresado en muy diversos sectores del resto de la sociedad.
Otras instituciones, como la CUT o el Colegio de Profesores, son cuestionadas por la exclusión de sindicatos en sus cursos eleccionarios y por acuerdos entre sus camarillas. Lo mismo ocurre con los bajos quórum de las elecciones estudiantiles. Se exige cada vez más transparencia en esos procesos y mayor democratización. Unas críticas que, aunque razonables, no se apuntan hacia una cúpula empresarial que parece idolatrar más que cualquier otro sector de la sociedad chilena actual modelos como los norcoreanos. Una dirección que más bien parece retrógrada ante los desafíos que se reiteran a menudo en el viaje de Chile hacia una situación de desarrollo.
