Artículo por artículo: la verdadera pelea por megarreforma de Kast recién empieza

Con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención —la del senador Pedro Araya (PPD)—, el Senado aprobó en general el segundo trámite del llamado “Plan de Reconstrucción Nacional” del gobierno de José Antonio Kast. El resultado, registrado el miércoles 24 de junio, fue exactamente el mínimo necesario. No había un voto de sobra.

La aprobación general permite al Gobierno celebrar, pero no despeja el camino. Con 26 votos justos, cualquier cambio relevante en la discusión particular puede alterar el equilibrio alcanzado en Sala.

El ministro del Interior Claudio Alvarado agradeció el resultado. El presidente Kast lo celebró desde La Araucanía. Pero el propio mandatario fue cauteloso: “La ley, como ustedes saben, no está aprobada. Ya se aprobó por parte de la Cámara de Diputados, pasó al Senado, se hizo una discusión en la Comisión de Hacienda y pasó a la Sala para que se apruebe la idea de legislar. Ahora vendrá el debate artículo por artículo”.

Eso es precisamente lo que preocupa a La Moneda.

El paquete de más de 40 medidas

La también llamada “Ley Miscelánea” agrupa más de 40 medidas tendientes a reedificar 4.000 viviendas afectadas por incendios y reactivar la economía mediante incentivos tributarios, la generación de empleo y la aceleración de permisos medioambientales. La oposición, en cambio, la lee de otro modo: la senadora Karol Cariola (PC) señaló desde la Cámara Alta que el proyecto “enmascara a nombre de la reconstrucción una reforma tributaria que está hecha para favorecer a los mismos de siempre” y genera retrocesos importantes.

Desde la Sala, el senador Francisco Huenchumilla (DC) cuestionó la forma miscelánea del proyecto: “donde caben todos los temas, no me da confianza”, argumentando que la falta de diálogo socava las confianzas.

Ahora comienza la etapa en que el proyecto podría sufrir sus mayores cambios. La iniciativa iniciará su discusión en particular en las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo, mientras el Ejecutivo renovó la suma urgencia y fijó el plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 6 de julio al mediodía. Será ahí donde el Gobierno buscará nuevos acuerdos para evitar que la reforma siga perdiendo contenido, con la meta de despacharla durante julio.

Qué puede cambiar

En la oposición, la estrategia apuntará a introducir indicaciones que limiten normas consideradas regresivas, especialmente en materia tributaria, ambiental y fiscal. Además, algunos parlamentarios han anticipado acciones constitucionales contra puntos específicos de la propuesta, como la invariabilidad tributaria, uno de los elementos más controvertidos del proyecto.

El Gobierno buscará preservar el corazón de la megarreforma —rebaja tributaria, reintegración, invariabilidad e incentivos al empleo—, pero deberá abrir conversaciones con senadores de centro y oposición que apuntan a cambios en gradualidad, resguardos fiscales, cruce de datos y permisos.

Los llamados senadores “bisagra” ya pusieron sus condiciones. Parlamentarios como Matías Walker, Miguel Ángel Calisto, María José Gatica y Karim Bianchi ya han planteado exigencias vinculadas a temas regionales y anunciaron indicaciones al texto.

La oposición, por su parte, no esperó ni 24 horas. Mientras se votaba la iniciativa en la Sala del Senado, la oposición preparaba su siguiente paso. Se elaboraba a toda máquina un documento que le entregarían al ministro de Hacienda concluida la sesión. El documento, firmado por 18 senadores, se titula “Propuestas alternativas ante proyecto de megarreforma, reiterando urgencia de compensaciones fiscales ante la rebaja impositiva”.

En ese texto, la oposición advierte que el país “requiere recuperar su capacidad de construir acuerdos transversales en materias sustantivas para el desarrollo futuro”, y no “la imposición de un proyecto gubernamental aprobado por 1 o 2 votos, que solo genera incertezas”.

El Consejo Fiscal como árbitro técnico

El respaldo político de la oposición a esa postura tiene base técnica. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió ante la Comisión de Hacienda del Senado que la ley miscelánea mantendría déficits fiscales al menos hasta 2031 y enumeró ocho riesgos vinculados a menores ingresos, mayores gastos y supuestos de crecimiento económico que considera inciertos.

La presidenta del CFA, Paula Benavides, fue enfática: “Los ajustes anunciados no resultan suficientes para financiar el proyecto de ley, corregir el deterioro fiscal 2025-2026 y avanzar en la convergencia fiscal de manera simultánea”, según expuso en la Comisión de Hacienda del Senado, y llamó a incorporar “compensatorias adicionales y de mitigación fiscal”.

Entre los riesgos identificados por el organismo figura que la rebaja del impuesto corporativo no es compensada por el crecimiento de la medida, y que el gasto fiscal es concreto mientras el beneficio es condicional.

La abstención de Araya y el negocio de las notarías

La única figura que rompió la línea opositora fue el senador Pedro Araya (PPD). El lunes previo al voto, Araya tuvo una encendida discusión telefónica con el presidente de su partido, el diputado Raúl Soto, a raíz de una entrevista en la que llamó a su sector a evitar ser “el vagón de cola del Frente Amplio y el Partido Comunista”.

Finalmente, el miércoles se descolgó y se abstuvo. A sus cercanos le confidenció que no quiso darle el gusto ni a los opositores que tanto lo presionaron, ni al gobierno de Kast que lo intentó persuadir en varias ocasiones. Sabía que esto generaría ruido, pero recordó una frase que define su estilo: “Pero qué le hace una raya más al tigre”.

Lo que no quedó registrado en los discursos de Sala tiene tanta relevancia como la votación misma. En medio de la sesión del miércoles donde se aprobó la idea de legislar, el ministro de Justicia Fernando Rabat invitó a los congresistas a apoyar una moción presentada por el propio Araya, a la que el Ejecutivo le puso suma urgencia ese mismo día.

Esa moción apunta a resolver un vacío legal sensible para el PPD: el proyecto del senador Araya busca que 57 concursos para cargos de notarios y conservadores se resuelvan bajo los criterios anteriores a la reforma que entró en vigencia el 2 de abril, eludiendo así el nuevo rol del Servicio Civil en esos procesos.

La moción de Araya causó extrañeza en la mesa del Senado, que preside Paulina Núñez (RN): fuentes del Congreso comentan que la Segpres hizo presente la urgencia ese mismo miércoles de votación, lo que generó sorpresa.

La secuencia es difícil de ignorar: el gobierno impulsa en urgencia el proyecto legislativo del único senador opositor que no vota en contra de su megarreforma, y lo hace el mismo día del voto. Ni el Gobierno ni Araya han establecido una relación explícita entre ambas cosas. Pero en política legislativa, la coincidencia tiene precio de mercado.

El espejo argentino

La historia reciente tiene un precedente que en Santiago nadie quiere nombrar en voz alta pero todos conocen: la Ley Ómnibus de Javier Milei.

El diseño de la ley miscelánea de Kast rememora otros “megaproyectos” que mandatarios como Javier Milei con la Ley Ómnibus y Donald Trump con la One Big Beautiful Bill impulsaron. La trayectoria argentina es instructiva, e incómoda, para el oficialismo chileno.

El proyecto original de Milei contenía 664 artículos con reformas económicas, impositivas, energéticas, penales y electorales. Fue presentado al Congreso en diciembre de 2023 y fracasó en su primer intento parlamentario en febrero de 2024. El Gobierno argentino tuvo entonces que reencuadrarlo. La nueva versión, denominada “Ley Bases”, tenía un 57% menos de artículos que el texto original: de 664 bajó a 279. Sólo así, podada, reducida, negociada, pudo avanzar. La ley fue finalmente aprobada por el Congreso el 12 de junio de 2024.

La pregunta que flota en los pasillos del Senado chileno es si el itinerario será similar: el Gobierno pasa la barrera de la idea de legislar con sus votos propios, pero pierde el control del articulado en la discusión particular.

Lo que viene

La negociación tendrá tres carriles por el Ejecutivo: Hacienda, con el ministro Jorge Quiroz y el subsecretario Juan Pablo Rodríguez defendiendo el contenido económico; la Segpres, con García Ruminot ordenando los tiempos; y la coordinación política más amplia con el biministro Claudio Alvarado.

Entre los senadores opositores clave para la negociación aparecen Araya, abierto a negociar; Yasna Provoste (DC), a quien el gobierno no descarta si Hacienda cede en invariabilidad tributaria; e Iván Flores (DC), visto como un canal con redes más transversales.

Desde la oposición, el diputado Jaime Araya anticipó que “el esfuerzo que nosotros vamos a hacer es transformar esta megarreforma para los súper ricos en una megarreforma de la clase media y de las pymes”, y que el número de indicaciones superará ampliamente las 100.

La ley miscelánea de Kast sobrevivió su primer test en el Senado. Pero lo hizo con el margen exacto del mínimo posible, sin un solo voto de reserva, con un Consejo Fiscal Autónomo que desafía sus supuestos financieros, y con una oposición que no rechazó negociar, sino que espera hacerlo artículo por artículo, indicación por indicación.

En Argentina, ese proceso convirtió 664 artículos en 279. En Chile, el Gobierno tiene hasta agosto para demostrar que puede sostener su proyecto sin que la cirugía lo deje irreconocible.