Acusación a Beyer: la mala política de la Alianza y la Concertación.

La acusación al ministro Harald Beyer no sólo puso nuevamente en el ojo de la opinión pública a una de las principales agencias estatales —el Ministerio de Educación— sino que, también, a las políticas públicas construidas a lo largo de ya extensos treinta años tanto por la Alianza (continuadora de la obra de Pinochet) como por la Concertación.

Cabe recordar que el imponente edificio estatal, que fue construido con el consenso de toda la elite política a lo largo de más de 150 años y que le otorgaba al Estado un papel preferencial en la educación, comenzó rápidamente a ser desmantelado a inicios de los años ochenta, primero con la municipalización y la introducción del principio de la subvención escolar —voucher—, y luego por los propios gobiernos democráticos que, contra la opinión mayoritaria de la época, no detuvieron el proceso de privatización sino que, por el contrario, lo profundizaron agregándole componentes de autonomía y descentralización a la gestión escolar, el financiamiento compartido y la introducción de principios de lógica financiera (“los proyectos”) en el área.

Y a pesar que desde 1998 la ciudadanía, cada vez con mayor fuerza, fue desertando de la institucionalidad política instalada por la transición y donde ambos bloques dominaban sin contrapesos, se continuó en la ruta de seguir jibarizando las funciones del Estado y fortaleciendo el papel de los privados en ella, vía la externalización de servicios —lo que incluye a autoridades del ministerio promoviendo las ATE en educación— y de recursos cuyas evidencias más sintomáticas han sido la proliferación de universidades privadas con escaso control fiscal como tuvimos oportunidad de conocerlo a través de la Universidad del Mar que, curiosamente y sin que se reconozca el lucro, se le introdujo un síndico de quiebras para su administración final, figura que es propia de las crisis empresariales: más claro, echarle agua.

[cita]Tal vez sea el momento que, de una vez por todas, las dos coaliciones políticas sinceren sus verdaderos propósitos respecto de la educación pública chilena y el papel del Estado en ella. La pereza o indefinición de ambas no puede seguir siendo un lastre que generaciones de chilenos tengamos que cargar, sea pagando impuestos a fondo perdido o sufriendo las consecuencias de la mala política educativa de Chile.[/cita]

Otros hitos relevantes en el debilitamiento permanente de la educación pública han sido la fuga permanente de matrícula desde los colegios municipales a los subvencionados y, por supuesto, la nueva institucionalidad del ministerio —Agencia de Calidad y Superintendencia— que han terminado por institucionalizar permanentemente el modelo de la externalización de funciones y recursos desde el Estado a los privados con controles mínimos y de acuerdo a un criterio poco educativo: cumplir una exigencia del Banco Mundial. Para muestra un botón, el artículo 54, letra B, de la Superintendencia —cuyo símil proviene de la cuestionada SBIF— señala que cuando un sostenedor sea sospechoso de malversar fondos públicos, ella deberá designar a instituciones privadas registradas en la Superintendencia de Valores y Seguros, para que compruebe la veracidad y exactitud de la información financiera entregada por el privado y agrega que, “la elección de la institución que practique la auditoría y su financiamiento corresponderá al sostenedor fiscalizado”. ¿Qué sería de nuestro sistema judicial si el fiscal que investiga fuera pagado por el imputado?

Aunque en educación ha ocurrido esto y mucho más: la proliferación de ministros candidatos, ministros sostenedores y, a veces, involucrados directamente en el lucro que implementan programas que han sido verdaderas payasadas, como el Compromiso de Honor que hizo perder tiempo y recursos no solo al ministerio sino que a los propios establecimientos y del que nadie más se acordó una vez que Lavín abandonó la cartera, o programas que duran el tiempo que dura el secretario de Estado que trajo la novedad, de servicios regionales sin autonomía que son meros reproductores de la política que se diseña en el edificio que está a un costado de La Moneda, de funcionarios con cargos relevantes que duran lo mismo que quien los trajo —y que la Superintendencia y la Agencia profundizarán aún más—, de recursos públicos mal usados y peor fiscalizados y que, como ya lo hemos visto con la aprobación el año pasado de la ley SEP express, los nuevos órganos tampoco controlarán y cuyo epílogo es la conversión del Ministerio a Banco Nacional de Educación.

De prosperar la acusación contra Beyer no solamente será un duro golpe al actual gobierno, sino que representará, también, la caída del segundo ministro de Educación desde 1990, profundizando la crisis de esta cartera que cargaría a su haber, con el no deseado prontuario de aportar los dos únicos secretarios de Estado destituidos de sus funciones por acusaciones constitucionales desde la reinstalación democrática de 1990.

Tal vez sea el momento que de una vez por todas las dos coaliciones políticas sinceren sus verdaderos propósitos respecto de la educación pública chilena y el papel del Estado en ella. La pereza o indefinición de ambas no puede seguir siendo un lastre que generaciones de chilenos tengamos que cargar, sea pagando impuestos a fondo perdido o sufriendo las consecuencias de la mala política educativa de Chile.