Chile va a renacionalizar el cobre. Es inevitable y sucederá antes de lo que se piensa. Es lo que han venido haciendo, en mayor o menor medida y de una u otra manera, casi todos los países ricos en recursos naturales, a lo largo de los últimos años, en lo que la prensa internacional ha dado en llamar el «nacionalismo de recursos.» Ciertamente, la principal experiencia a la que el país va a recurrir cuando adopte esta medida, es la nacionalización aprobada unánimemente por el Congreso en 1971, bajo la presidencia de Salvador Allende. Adicionalmente, la experiencia internacional reciente ofrece buenas ideas acerca de como proceder, para diseñar una política que recupere para el Estado la totalidad de la renta de sus recursos naturales. Así lo recomiendan la sana doctrina económica y el interés nacional.
En 1971, el Estado chileno nacionalizó las riquezas del subsuelo, las que pasaron a propiedad «intransferible e inalienable» del Estado, como establece todavía hoy la Constitución. Adicionalmente, se nacionalizaron las empresas de la Gran Minería, estadounidenses todas ellas.
Se fijó una indemnización, equivalente al valor de sus activos – sin considerar los yacimientos mismos -, valor del cual se descontaron las «utilidades excesivas,» obtenidas por las mismas empresas en años anteriores. Éstas se estimaron como el excedente por sobre el promedio mundial de rentabilidad de las empresas de tamaño equivalente, en el mismo período. En otras palabras, se descontó exactamente la renta de los minerales, respetándose escrupulosamente la ganancia capitalista media obtenida por estas empresas en el pasado. Desde luego, dichas «utilidades excesivas,» es decir, la renta apropiada por estas empresas, resultó muy superior al valor de los activos de las mismas y por lo tanto, no se pagó indemnización alguna. Las empresas nacionalizadas conformaron posteriormente CODELCO, que ha sido desde entonces un pilar fundamental del desarrollo nacional y del financiamiento del fisco, aparte de la única herramienta efectiva para capturar la renta de los minerales.
El procedimiento es claro y se puede aplicar de nuevo. Las grandes mineras privadas se han venido apropiando, cada uno de los últimos siete años, excedentes del mismo orden de magnitud del total de sus inversiones precedentes; es decir, las han recuperado siete veces, sin considerar los excedentes retirados en años anteriores. De este modo, sus activos distintos al yacimiento, el que pertenece al Estado, se han requetepagado con la renta apropiada.
Con las operaciones renacionalizadas de este modo, CODELCO se transformaría de un golpe en una de las principales empresas del mundo. La aplicación de una política nacional de refinación y elaboración del cobre y compra local de insumos, permitiría re industrializar el país y hacer depender su economía en lo sucesivo, no de la caprichosa renta de los minerales, sino del valor agregado por el trabajo estable y digno de sus ciudadanas y ciudadanos y la creatividad e innovación de sus auténticos empresarios.
El Estado recuperaría una renta anual que equivale a más de la mitad de la actual recaudación tributaria total – IVA incluido -, lo que permitiría atender las innumerables deudas sociales acumuladas desde el golpe de 1973. Se podría corregir asimismo la madre de todas las desigualdades, que es la apropiación de la renta del cobre por parte de un puñado de empresas privadas, casi todas extranjeras.
Más importante quizás que todo lo anterior, se cortaría de un solo tajo, el nudo gordiano de la hegemonía que ejerce sobre la sociedad chilena, un ínfimo y segregado grupo, que se ha apropiado en exclusiva de los riquísimos recursos naturales del país y vive principalmente de su renta.
Su conveniencia para el país y la ciudadanía – con la única excepción de los grandes rentistas – es de tal significación, que la renacionalización completa del cobre tendrá lugar de una forma u otra. Ella requiere, sin embargo, un cambio político de envergadura: un reemplazo del bloque en el poder, puesto que el actual está hegemonizado sin contrapesos por los grandes rentistas. Ello es mucho más que un simple recambio de alianzas políticas en el gobierno. Se gestará desde una altura todavía mayor, de la movilización ciudadana que el país ha visto levantarse en años recientes. Seguramente, se expresará mediante una alianza política entre los actuales partidos opositores, pero con un nuevo contenido hegemónico.
Todo ello dificilmente sucederá en el próximo gobierno, aunque éste puede abrir los cauces institucionales por los cuales pueda cursar. Sin embargo, en el cobre, las cosas no pueden dejarse sencillamente como están. La política minera actual es aberrante y cambiarla resulta imperioso. La experiencia internacional reciente señala que existen diversos pasos intermedios en el camino a una nacionalización completa. Quizás, un eventual gobierno de Michelle Bachelet podría inspirarse en la nueva política de recursos que la Presidenta Dilma Rousseff, ha implementado recién en su país.
Brasil procedió a renacionalizar el 2009, sus recién descubiertas riquezas petroleras submarinas. Éstas duplicarán su extracción actual y lo convertirán en el quinto productor mundial. Para ello deberán vencer enormes dificultades técnicas para extraerlo sin dañar el medio ambiente, desde hasta 7 kilómetros bajo el nivel del mar, a través de una capa inestable de sal que en algunos puntos supera los dos kilómetros de espesor. Ello es posible. También lo es, asegurar que dicho tesoro sea una bendición para el país.
El Presidente Lula embadurnó sus manos en el primer chorro de petróleo extraído el 2008 desde estos yacimientos. Recordaba así el gesto del Presidente Getulio Vargas, que hace medio siglo creó Petrobras bajo la consigna «El Petróleo es Nuestro.» Acto seguido, Lula impuso sus manos untadas sobre el overol de su entonces jefa de ministros, que estaba a su lado. De este modo, le entregó una suerte de condecoración y traspaso simbólico del mando, a la actual Presidenta Dilma Rousseff, a quién encargo el diseño de una nueva política de recursos naturales.
Ésta fue aprobada un año después por el Congreso y vino a reemplazar el sistema de concesiones vigente desde 1997, que permitía la extracción de petróleo por parte de empresas privadas, el que a su vez había reemplazado el monopolio estatal establecido por Vargas. Con todo, el sistema brasileño de concesiones era mucho mas favorable para el país que el chileno, que regala los recursos sin cobro. El esquema de 1997 operaba sobre paños licitados y se complementaba con el cobro de considerables royalties.
En el nuevo esquema, Petrobras – que a su turno fue renacionalizado en buena parte, como se verá -, recuperó el monopolio de la extracción. Sin embargo, puede compartir parte del petróleo extraído, con socios privados que aporten capital a las nuevas operaciones.
La nueva política se inspiró en el ejemplo de Noruega. Se concretó en cuatro leyes, aprobadas el 2009, las que establecen una nueva empresa estatal que es la propietaria de los yacimientos y administra todo el esquema, un fondo con fines sociales que manejará los excedentes, los consorcios que explotarán los nuevos yacimientos mediante «acuerdos de producción compartida» y, la asignación de 5 mil millones de barriles de petróleo de las nuevas reservas, para capitalizar Petrobras, que fue el mecanismo utilizado para re nacionalizar esta última.
La nueva empresa, íntegramente estatal, propietaria de los yacimientos, participará en los nuevos consorcios explotadores, con un mínimo de quince por ciento de la propiedad y tendrá adicionalmente derecho a veto en todas las materias, incluido el nivel de producción y las políticas de abastecimiento de insumos.
Petrobras, tendrá el monopolio de la extracción, formando para ello consorcios, en los cuales tendrá un mínimo de 30 por ciento de la propiedad, aparte del 15 por ciento de la nueva propietaria estatal de los yacimientos. Se admitirán socios privados, los cuales podrán inscribir en sus activos, parte de las reservas de petróleo de los nuevos yacimientos, el que será extraído y comercializado por Petrobras. Ello permitirá a estos socios obtener financiamiento a cambio de dichos activos – en eso consisten los «acuerdos de producción compartida».
La re nacionalización parcial de Petrobras, se efectuó mediante la mayor oferta pública de acciones – una «OPA,» como denominan estos aumentos de capital en jerga financiera – de que existan registros. Totalizó más de 70.000 millones de dólares, de la cual el Estado brasileño suscribió 43.000 millones de dólares, aportando los 5 mil millones de barriles de los nuevas reservas, valorizados a precios de mercado. De este modo, el Estado subió su participación en Petrobras, de 40 por ciento a 45 por ciento, «licuando» en parte a los demás accionistas, todos los cuales son socios menores y varios de ellos son asimismo fondos o instituciones estatales.
El esquema ha sido un éxito rotundo. La monumental «OPA» de Petrobras tuvo el doble de interesados que las acciones ofrecidas. Por otra parte, más de 70 empresas internacionales, entre ellas todas las mayores, postularon para asociarse con Petrobras, en el primer llamado a constituir uno de los nuevos consorcios con «acuerdos de producción compartida.» Por cierto, aunque inicialmente muchos pusieron el grito en el cielo, nadie ha reclamado por esta notable manifestación de «nacionalismo de recursos.»
Adicionalmente, desde luego, los consorcios quedan sometidos a un esquema de royalties, el cual está diseñado de modo que se incrementa cuando el precio sube, capturando de ese modo una parte adicional de la renta minera. Dichos royalties serán compartidos por todos los estados y municipios del país, con preferencia aquellos donde se encuentran los yacimientos – aunque no tanto como éstos quisieran, lo que ha dado origen a un fuerte polémica reciente.
Por otra parte, la Presidenta Rousseff ha propuesto que la totalidad de dichos royalties se destine a educación, lo que elevaría el presupuesto público respectivo desde 5,7 por ciento del PIB en la actualidad, a 10 por ciento el 2020: «Es nuestro pasaporte para terminar con la lacra de la desigualdad» – ha declarado la mandataria brasileña.
El esquema anterior, se complementa con una política de abastecimiento local de insumos y procesamiento de los recursos, que alcanza niveles espectaculares. En el caso de Petrobras, su presupuesto de inversiones para los próximos cinco años alcanza a 225 mil millones de dólares – equivalente al PIB chileno completo y el mayor de cualquier empresa a nivel mundial – e incluye, por ejemplo, la construcción del doble de barcos que los que posee la marina británica. Al menos un 65 por ciento de dicho presupuesto será abastecido por la industria brasileña.
En el caso de la minería chilena, lo primero que debería considerar un eventual nuevo gobierno de la oposición, es la derogación inmediata del infame articulado de «concesiones plenas,» introducido en la constitución de 1981 por José Piñera. El mismo contradice de modo flagrante el carácter «inalienable e intransferible» de la propiedad estatal sobre las riquezas del subsuelo, establecido en el artículo precedente de la constitución vigente.
Utilizando dicho esquema de «concesiones plenas,» un puñado de grandes consorcios rentistas privados, en su mayoría extranjeros, han declarado pertenencias mineras sobre mas de 28 millones de hectáreas, equivalentes a un 40 por ciento el territorio nacional – CODELCO posee pertenencias sobre poco más de dos millones de hectáreas. No pagaron ni un peso por su adjudicación. Para conservarlas abonan patentes por el equivalente a un dólar por hectárea al año. Son indefinidas, transferibles y hereditarias. Para remate, si el Estado quiere recuperar esta propiedad suya «inalienable e intransferible,» debe pagar a sus actuales detentadores, el valor total de las reservas que eventualmente hubiesen descubierto en ellas.
Las «concesiones plenas» constituyen un esquema grotesco, son inconstitucionales, antinacionales, fueron impuestas por la dictadura y deben ser derogadas cuanto antes. Acto seguido, quizás, puede considerarse un esquema similar al brasileño.
Todas las pertenencias mineras pueden pasar a propiedad de una nueva empresa, cien por ciento estatal, encargada de administrar el nuevo esquema, participando en la propiedad de cualquier consorcio que explote dichos minerales y ejerciendo derecho de veto sobre los niveles de producción y políticas de abastecimiento de insumos de los mismos, entre otras materias.
En el caso del cobre y otros minerales, CODELCO – que felizmente se mantiene cien por ciento estatal – puede asumir la exclusividad de su explotación. Sin embargo, al menos para el caso de las grandes minas actualmente de propiedad de empresas privadas, CODELCO puede establecer consorcios con «acuerdos de producción compartida,» al estilo de los brasileños. Las empresas que actualmente los explotan – Anglo Sur o Escondida, por ejemplo -, pueden hacer aumentos de capital, «OPAS,» de las cuales CODELCO suscribiría una parte mayoritaria, aportando parte de las reservas, las cuales a su vez el Estado aportaría a CODELCO como aumento de capital. La nueva empresa estatal propietaria de las reservas participaría asimismo en la propiedad de la misma, en la cual podría ejercer su respectivo derecho a veto.
De este modo, las empresas que actualmente son propietarias de dichas operaciones mineras, puede permanecer como socias del Estado chileno en las mismas. Aunque perderían la propiedad virtual sobre los yacimientos, que hoy detentan en virtud de las infames «concesiones plenas» de José Piñera, y también sobre los minerales extraídos – CODELCO sería el operador y comercializador exclusivo, igual que en Brasil -, igualmente dichas empresas podrían consignar en sus activos parte del mineral extraído, en virtud de los «acuerdos de producción compartida.»
En el caso del salitre y yodo, así como en el hierro, un esquema similar puede permitir la re nacionalización de SOQUIMICH y CAP, respectivamente. Ambas empresas eran estatales, y fueron apropiadas de modo escandaloso por los mismos funcionarios – uno de ellos yerno de Pinochet – encargados de su privatización, en las postrimerías de la dictadura.
La política anterior debería complementarse con normas de abastecimiento de insumos y refinación de minerales y procesamiento de cobre en el país, que permitirá la re industrialización de la economía chilena.
Cuando el Presidente Lula presentó su nueva política de recursos naturales al Congreso, declaró que se trataba de la «Segunda Independencia» del Brasil. Recordó así al Presidente Allende, que proclamó la segunda independencia de Chile, cuando nacionalizó los recursos en 1971, con la aprobación unánime de un congreso dominado por sus encarnizados opositores.
Es hora que una nueva mandataria o mandatario, proclame con razón la «Tercera Independencia de Chile.»
