En la actualidad, los grupos de interés y corporaciones presionan al Estado y someten a un estrés permanente a la ciudadanía en busca de sus ganancias, algunas legítimas, otras especulativas. Las comunidades se organizan y reaccionan a los chantajes de quienes pueden movilizar recursos para imponer sus visiones y proyectos. Los proyectos portadores de visiones e intereses parciales empujan el desarrollo sin que un gobierno urbano trance equitativamente su funcionamiento y destino futuro.
En Chile, no hay mercado más opaco y especulativo que el del suelo urbano, todos especulamos, lo hacen los grandes capitales y las más modestas familias. Sacar ventajas no del trabajo y esfuerzo legítimo, sino de la circunstancia fortuita de una decisión pública o privada, resulta natural —e incluso celebrado— en una sociedad hiperindividualista y fragmentada en guetos de ricos y guetos de pobres, en una lógica feudal que empuja las ciudades de hoy.
En un contexto de transformación profunda e impredecible de la política y sus instituciones, así como de las ciudades y sus territorios en el mundo y en nuestro país, el Presidente de la República, como todos saben, convocó a elaborar una política pública que guie el desarrollo de nuestras ciudades (Política Nacional de Desarrollo Urbano, PNDU), constituyendo un comité asesor presidencial y realizando una breve consulta regional durante el mes de enero.
[cita]En la actualidad, los grupos de interés y corporaciones presionan al Estado y someten a un estrés permanente a la ciudadanía en busca de sus ganancias, algunas legítimas, otras especulativas. Las comunidades se organizan y reaccionan a los chantajes de quienes pueden movilizar recursos para imponer sus visiones y proyectos. Los proyectos portadores de visiones e intereses parciales empujan el desarrollo sin que un gobierno urbano trance equitativamente su funcionamiento y destino futuro.[/cita]
Las ciudades no sólo son el reflejo de sus sociedades, sino, en su forma y desarrollo, la medida exacta de la calidad de la política para gobernar sus conflictos y oportunidades. Es por esto que el debate sobre nuestras urbes debe hacerse más que nunca a puertas abiertas, sobre todo en una época que exige transparencia y capacidad para organizar la complejidad añadida que representa la ciudad en el territorio.
En este sentido, el único que puede hacer la diferencia es el Gobierno en representación de todos los contribuyentes, tiene la obligación no sólo de equilibrar la negociación por el suelo urbano —para que en la discusión queden reflejadas las posiciones e intereses de forma transparente y legítima—, sino también de planificar su uso y proyectar su crecimiento poniendo el interés común por sobre el individual, así como el valor de uso por sobre el de intercambio para lograr gobernar la paradoja fundamental de la ciudad: estar juntos es necesario, pero convivir es conflictivo.
En la actualidad, los grupos de interés y corporaciones presionan al Estado y someten a un estrés permanente a la ciudadanía en busca de sus ganancias, algunas legítimas, otras especulativas. Las comunidades se organizan y reaccionan a los chantajes de quienes pueden movilizar recursos para imponer sus visiones y proyectos. Los proyectos portadores de visiones e intereses parciales empujan el desarrollo sin que un gobierno urbano trance equitativamente su funcionamiento y destino futuro.
Hasta ahora, en la mesa de negociación sólo se han sentado los afortunados, los grandes poderes de la ciudad: corporaciones, grupos de interés, intermediarios de las transacciones y, entre medio, algunos arquitectos, expertos y uno que otro actor social. Sin embargo, la particularidad de este debate es que se realiza por vez primera en el marco de la Ley de Transparencia y de Participación Ciudadana de reciente vigencia, lo que constituye en sí una novedad ya que podremos conocer qué es lo que cada uno opina, defiende y argumenta respecto de las materias que se disputan.
Al gobierno le corresponde el desafío fundamental de consensuar los principios básicos para el desarrollo de las ciudades que queremos a través de un proceso transparente e inclusivo. Este deseo parece extemporáneo en el actual escenario político y particularmente electoral, sin embargo, es crucial para un desarrollo justo, equitativo y sustentable de nuestros territorios y comunidades, evitando así la captura del Estado y su patrimonio fiscal —el suelo público— por parte de quienes especulan con los beneficios de estos procesos de negociación. Es necesario poner límites e institucionalidad a la creciente feudalización de nuestras ciudades y territorios dónde mercaderes y mercenarios terminan haciendo su negocio.
