Estando plenamente de acuerdo con la Constitución que establece límites al derecho de propiedad es perfectamente posible iniciar la gran cirugía eliminando los oligopolios mediante normas claras democráticamente aprobadas y que permitan que se desconcentre el poder en los mercados y se democratice lealmente el crédito.
Dos economistas de la Fundación Sol, a propósito de comentar un trabajo de tres investigadores de la Universidad de Chile que se refieren a la desigualdad en los ingresos en el país, (en un trabajo que denominan “La Parte del León”) concluyen que un grupo muy pequeño del uno por mil de la población tiene ingresos que bordean casi el veinte por ciento de los mismos.
Traduzcamos esto a las palabras que corresponden al vocabulario común —que usamos los abogados, pues los economistas copan no solo las tribunas y el lenguaje—, es decir que uno de cada mil chilenos puede disponer de ingresos del veinte por ciento de todo lo que se produce, mientras novecientos noventa y nueve deben repartirse, además, en forma poco equitativa entre ellos, el ochenta restante.
Ciertamente esto nos coloca en una situación extraña, que nos obliga a reflexionar si al margen de un análisis ético, ello resulta concordante con una democracia sana y una economía cada vez más productiva y competitiva.
[cita]Estando plenamente de acuerdo con la Constitución que establece límites al derecho de propiedad es perfectamente posible iniciar la gran cirugía eliminando los oligopolios mediante normas claras democráticamente aprobadas y que permitan que se desconcentre el poder en los mercados y se democratice lealmente el crédito.[/cita]
Supongamos que este uno por mil mereciera estos ingresos por sus excepcionales talentos y el manejo eficiente de los factores de producción. Si así fuera podría no importar al resto que algunos ganasen tanto, pero el problema es que no se divisa tal situación y que tampoco es sustentable en el mediano plazo y para qué decir en el largo, que los capitales asociados a estos resultados puedan sostener una conducta en el tiempo capaz de transformarse en una locomotora tan potente que prescinda del resto de la población y del Estado.
Sostener que esta presunta locomotora sería capaz de aquella titánica tarea sería tan ingenuo como creer que la locomotora del Estado bastaría y en el Siglo XX hay pruebas suficientes del fracaso de las economías estatales.
En consecuencia coincidimos que la situación descrita es éticamente reprochable y agregamos económicamente equivocada y políticamente explosiva.
Dicho lo anterior agregaremos unas pocas palabras sobre las propuestas que en términos generales señalan los economistas de Fundación Sol. A juicio de ellos una gran reforma tributaria que cambia el sistema de tributación del capital, una gran modificación en las relaciones laborales que establezca una negociación colectiva mayoritaria y efectiva con derecho a huelga real y un cambio en la matriz productiva, que se describe como sin industrias, básicamente mono extractiva al depender del cobre, llena de oligopolios y que ahogan a las pequeñas empresas, sería el camino que habría que tomar para resolver el problema.
El diagnóstico pareciera muy atractivo y las soluciones muy simples, pero todas ellas al mismo tiempo a partir de lo que hoy existe en Chile y dando por sentado que el sistema democrático, controlado por el binominal permitiera hacer todos estos cambios, traería tantos problemas que podría resultar un boomerang.
Coincidiendo con ellos en que debemos hacer cirugía mayor, y si asistidos de la buena medicina, y no solo de la economía, concluiríamos que no es posible operar a una persona del cerebro, el corazón y de un cáncer estomacal al mismo tiempo. Las consecuencias serían obvias.
Dicho lo anterior apostamos por hacer lo que puede resultar menos dañino y causar menos problemas a una economía que se sustenta sobre las base de inequidades y de una riqueza acumulada a partir de privatizaciones muy oscuras y de una concentración de poder en los principales mercados que no tiene parangón y que nos ha hecho decir reiteradamente y por casi veinte años que Chile tiene una economía oligopólica y asistencialista.
A nuestro juicio el problema central radica en la concentración de poder en los mercados. Solo quien atrapa una enorme cuota de poder en los mercados principales puede imponer relaciones laborales asimétricas y además, reírse a mandíbula batiente de reformas tributarias que de una forma u otra traspasan a los costos de sus negocios oligopólicos con lo cual el perro buscara inútilmente morderse la cola.
En consecuencia, estando plenamente de acuerdo con la Constitución que establece límites al derecho de propiedad es perfectamente posible iniciar la gran cirugía eliminando los oligopolios mediante normas claras democráticamente aprobadas y que permitan que se desconcentre el poder en los mercados y se democratice lealmente el crédito. Ello permitirá la creación de muchas pequeñas, medianas y miniempresas y el surgimiento de profesionales que podrán prestar servicios en forma amplia y competitiva y en esas nuevas empresas se generarán riquezas que no irán siempre a engrosar al uno por mil y que permitirán que las normas laborales operen razonablemente y de acuerdo a su realidad y generándose un mayor ingreso tributario natural que acrecentará las arcas fiscales para asistir la impostergable obra social del Estado.
Naturalmente seguir este camino supone una conciencia crítica del país y que las fuerzas políticas no dependen del gran poder económico y que debe ser el Estado el que provea los mecanismos de financiamiento de la actividad política.
Si hay sectores que quieran representar a los super-ricos en el debate democrático tendrán la oportunidad de hacerlo y habrá que denunciarlos como corresponde, con métodos sujetos a una estricta moral y de forma que la ciudadanía se entere para que los procesos electorales adquieran un sentido de cambio real y no meramente retórico.
El país no aceptará más discursos que no llevan a cambios reales en la esfera del verdadero poder.
