Creación de un registro unificado de lobbistas de público acceso, a cargo del Consejo para la Transparencia, en el que se deban inscribir todos quienes lleven a cabo acciones de este tipo, sin excepciones.
Nuevamente el término lobby ha estado en el debate público en estos días a raíz de las denuncias del ministro Mañalich durante la tramitación de la Ley de Fármacos.
Tal como diversos analistas y académicos hemos argumentado, los cambios que introdujo el actual gobierno al proyecto de ley que se tramita hace diez años en el parlamento debilitan esta iniciativa y no resolverán los problemas que el lobby plantea a nuestro sistema político.
Si de verdad se quiere regular las actividades de lobby con el objetivo de reducir la influencia desmedida del dinero y los intereses particulares en las decisiones políticas, legislativas y judiciales, se debiera contemplar medidas que efectivamente introduzcan mayor transparencia en las relaciones entre el poder económico y el poder político, abordando como mínimo los siguientes aspectos:
[cita]Creación de un registro unificado de lobbistas de público acceso, a cargo del Consejo para la Transparencia, en el que se deban inscribir todos quienes lleven a cabo acciones de este tipo, sin excepciones.[/cita]
– Se defina qué se entenderá por lobby y que quien quiera que lleve a cabo acciones que correspondan a tal definición sea, por tanto, considerado lobbista para efectos de la ley;
– Creación de un registro unificado de lobbistas de público acceso, a cargo del Consejo para la Transparencia, en el que se deban inscribir todos quienes lleven a cabo acciones de este tipo, sin excepciones;
– Que los lobbistas deban consignar en el registro información actualizada sobre sus identidades, sus clientes, mandantes o representados, las autoridades contactadas, y la naturaleza y objetivos de las gestiones realizadas;
– Se dicten normas de integridad y comportamiento para los funcionarios públicos y parlamentarios en sus contactos con lobbistas y representantes de grupos de interés, incluyendo obviamente la incompatibilidad para desarrollar ellos mismos actividades de lobby;
– Se establezca la inhabilidad por un plazo de, al menos, un año para que los ex funcionarios públicos puedan llevar a cabo actividades de lobby luego de dejar sus cargos, y,
– Terminar con los aportes y donaciones reservadas para el financiamiento político.
Sin estas medidas, cualquier legislación sobre el lobbying no será más que un volador de luces.
