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Tribunal admite querella de Santiago contra Irací Hassler por fraude al fisco PAÍS

Tribunal admite querella de Santiago contra Irací Hassler por fraude al fisco

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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación la acción del municipio contra la exalcaldesa y actual diputada del PC, por la fallida compra de la exclínica Sierra Bella.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella de la Municipalidad de Santiago contra Irací Hassler por fraude al fisco, vinculada a la fallida compra de la exclínica Sierra Bella. La acción será remitida al Ministerio Público e incorpora antecedentes de Contraloría sobre ilegalidades y vulneración a la probidad.
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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal presentada por la Municipalidad de Santiago contra la exalcaldesa Irací Hassler, actual diputada del PC, colectividad de oposición, por el delito de fraude al fisco. La acción apunta a eventuales ilícitos vinculados a la fallida adquisición de la exclínica Sierra Bella.

La querella fue dirigida nominativamente contra Hassler y también contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores. Según resolvió el tribunal, la acción será remitida al Ministerio Público junto con los antecedentes acompañados, órgano que deberá definir la pertinencia de las diligencias solicitadas.

Entre los antecedentes incorporados por el municipio figura una resolución de la Contraloría General de la República, que determinó que el proceso de compraventa estuvo marcado por “una cadena de actos manifiestamente ilegales” y por una vulneración al principio de probidad administrativa, estableciendo responsabilidad administrativa de la exjefa comunal.

La Municipalidad de Santiago acusa además una gestión desleal del patrimonio público durante la administración anterior. En la acción sostiene que el decreto de pago N°187 fue emitido de forma anticipada y sin un decreto alcaldicio que lo habilitara, y que el decreto N°810, que autorizaba la compra por $8.252 millones, fue firmado omitiendo el visto bueno obligatorio de la Dirección de Control Municipal.

El municipio también cuestionó el otorgamiento de un mandato especial irrevocable en favor del abogado privado de la parte vendedora, redactado —según la acción— en colaboración con exfuncionarios municipales. En un comunicado, la entidad sostuvo que esa situación permitió a la contraparte intentar forzar la inscripción del inmueble ante el Conservador de Bienes Raíces, pese a una instrucción de abstención de la Contraloría.

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