Opinión
El tema de fondo es que los fallos y actuaciones de Gloria Ana Chevesich, evidencian un perfil negativo en temas que son trascendentales para la nueva coalición, particularmente con vistas a una Nueva Constitución con derechos garantizados como ha prometido su candidata presidencial.
El debate que acompañó el proceso de designación de la ministra Gloria Ana Chevesich como nueva integrante de la Corte Suprema dejó en evidencia dos cosas. Primero, una errática percepción sobre la importancia de lo que se decide, tanto entre los miembros del Senado, como en el conjunto de los poderes públicos intervinientes. Segundo, la profunda división que se produjo entre los miembros de la Nueva Mayoría en un tema constitucional esencial, que atinge directamente a derechos humanos, civiles y políticos en el país.
Sobre lo primero, el procedimiento de designación de los miembros de la Corte Suprema, parecido a aquel que rige en los Estados Unidos, es de los pocos mecanismos rescatables que tiene la Constitución de 1980. Obliga a la intervención consecutiva y coordinada de los tres poderes del Estado para constituir un poder del Estado, el Judicial. Ello mediante el ejercicio de la soberanía popular delegada del Presidente que elije un nombre de la quina que le propone la Corte Suprema, y del Senado que vota la aprobación de dicho nombre.
El proceso, al menos en teoría, supone una sincronía conceptual entre los poderes superiores del Estado que intervienen, es decir que tienen el mismo entendimiento y propósito, para que obrando cooperativa y conjuntamente, produzcan la integración soberana del Poder Judicial de acuerdo a los principios y valores acordados en la Constitución. Dicho en otras palabras, es un acto de creación constitucional que, en lo posible, debería acercarse a la expresión de un consenso.
[cita]Escalona, Rossi y los senadores DC que votaron a favor, se llevaron por delante la preocupación de la calle Tegualda, de que el gobierno y en especial la UDI buscan integrar una Corte Suprema a su medida para muchos años, con la que pueden operar y desandar el camino de independencia y equilibrio que el máximo Tribunal había alcanzado hasta ahora.[/cita]
Si alguno de los poderes no hace bien su trabajo, el procedimiento se traba. Lo importante es entender que se trata de un proceso político técnico, y elegir ponderada y consecuentemente el candidato, sabiendo que el discernimiento final sobre él es el momento de la transparencia pública, que incluye el examen riguroso de sus criterios jurisprudenciales por parte del Senado, y acercar lo más posible la designación al consenso y no a una mayoría circunstancial o precaria.
Lo que el país vivió en esta designación fue todo lo contrario, no solo por el perfil del candidato. El Presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, se permitió sendas declaraciones de prensa sobre las virtudes de la candidata del gobierno, amén de numerosas llamadas a parlamentarios y al propio Presidente del Senado, que se alejan de la prudencia exigida a su cargo y deja en mal pie y como adorno al resto de la quina elaborada por el Pleno de la Corte.
El Ejecutivo, como fue recalcado durante todo el proceso de designación por diversos personeros políticos, no cumplió el compromiso de consulta del nombre asumido durante el proceso anterior por la ministra de Justicia. Ello fue públicamente reprochado, primero, por el Presidente del Senado, Jorge Pizarro, y en el momento de la votación misma por la Jefa de la Bancada de senadores DC, Ximena Rincón. Pese a lo cual, a excepción de ella y Eduardo Frei, el resto de senadores DC votó la aprobación.
Lo más trascendente es la división que se produjo en la Nueva Mayoría, que votó dividida la aprobación de la nueva ministra apenas tres días después de su sonado triunfo de las primarias y que deja una incógnita acerca de sus acuerdos políticos doctrinarios y prácticos.
Ello, pues el tema de fondo es que los fallos y actuaciones de Gloria Ana Chevesich, evidencian un perfil negativo en temas que son trascendentales para la nueva coalición, particularmente con vistas a una Nueva Constitución con derechos garantizados como ha prometido su candidata presidencial.
Se trata de temas tan importantes como los derechos humanos que aún tensionan la estatura cívica y moral del país, de derechos de los consumidores que han generado movilizaciones y la ira ciudadana por los abusos del retail, considerados además como derechos humanos de tercera generación; de temas ambientales recientes como el caso de La Farfana, e incluso aspectos relacionados con la libertad de prensa ante actuaciones de la ministra Chevesich del año 2004, que concitaron el rechazo de la prensa y la ciudadanía, por considerarlas una lesión directa e injustificada a los derechos civiles.
Más complejo todavía que el voto DC fue el de los senadores socialistas Camilo Escalona y Fulvio Rossi, quienes se enfrentaron a la opinión de miembros de su propio partido, entre ellos, Juan Pablo Letelier e Isabel Allende hijos de Orlando Letelier y Salvador Allende.
El alineamiento de Escalona con el argumento del oficialismo, de que el rechazo significaría una venganza por la lucha contra la corrupción por el caso Mop Gate, caló como una humillación en las huestes socialistas. Entre otras cosas, porque los resultados judiciales prácticos del caso Mop Gate, 10 años después, resultaron muy magros, pese a que la indagatoria se llevó en el antiguo sistema penal, con plenos y arbitrarios poderes de la ministra. En el juicio, en que se hizo declarar incluso al Presidente de la República, buscando un vínculo de dineros para la política, especialmente entre militantes socialistas y cuando Escalona era presidente del partido, Chevesich no pudo probar su teoría y quedó la impresión de una gran operación político judicial.
Pese a ello, y aún golpeado por la caída de su candidatura en la X Región, el senador Escalona no trepidó en golpear a su antiguo rival Ricardo Lagos, blanco de las investigaciones de Chevesich, sin poner juicio de fondo a las objeciones doctrinarias y jurisprudenciales que sus pares le hicieron a la ministra, en uso de las facultades que les otorga la Constitución en el proceso.
De paso, Escalona, Rossi y los senadores DC que votaron a favor, se llevaron por delante la preocupación de la calle Tegualda, de que el gobierno y en especial la UDI buscan integrar una Corte Suprema a su medida para muchos años, con la que pueden operar y desandar el camino de independencia y equilibrio que el máximo Tribunal había alcanzado hasta ahora.
