Hace pocos días, el gobierno informó a los municipios que para evitar «contaminar» el periodo electoral con los resultados de la nueva Ficha de Protección Social, la entrega de los mismos se paralizaría hasta pasadas las elecciones presidenciales y parlamentarias de fin de año.
Como con todas las prestaciones sociales, la ficha es administrada por los municipios a pesar de la nula injerencia que tenemos, tanto en sus definiciones conceptuales como en los resultados que esta arroja. Sin embargo, somos los que tenemos que recibir el genuino malestar de nuestra gente, ante los reiterados retrasos que son responsabilidad exclusiva del gobierno.
Cabe recordar aquí que en el actual diseño institucional −heredado de la dictadura−, las municipalidades fueron concebidas, como la primera frontera de contención social, con el objeto de blindar al Estado neoliberal consagrado en la Constitución del 80 y hacerlo impermeable a las presiones sociales y políticas que emanaban de la ciudadanía, lo que se logró mediante el traspaso a ellas, de una serie de responsabilidades que nunca estuvieron acompañadas de los recursos, las atribuciones, las capacidades y la autonomía necesarias para asumirlas de manera adecuada. Los casos más emblemáticos fueron la salud primaria y la educación pública, las que fueron traspasadas a los municipios para dejarlas morir lentamente a causa de la falta de inversión y el desfinanciamiento crónico que se les impuso desde el Estado central.
No es extraño, en este contexto, que el malestar social se haya dirigido durante mucho tiempo hacia las municipalidades y, pocas veces, la ciudadanía logró percibir el vínculo entre los problemas que enfrentaba y las políticas provenientes desde el gobierno. Algo similar pasa hoy con la Ficha de Protección Social, que es un instrumento generado desde el nivel central para definir quiénes son sujetos receptores de beneficios sociales y quiénes no, en el marco de un Estado subsidiario y de una sociedad para la cual los derechos sociales de carácter universal, simplemente no existen.
Por lo mismo, hoy resulta indignante que además de dar la cara cuando alguien se queda sin un beneficio, tengamos que ponerla a diario −y varios cientos de veces al día−, por la falta de prolijidad, eficiencia y eficacia de un gobierno que a pesar de la promesa de excelencia y profesionalismo realizada a los cuatro vientos, parece mucho más preocupado de los resultados que obtendrá en las elecciones de fin de año que de atender oportunamente las necesidades de sus ciudadanos. Y más indignante resulta que el ministro a cargo del proceso, Joaquín Lavín, se haya retirado del gobierno para asumir la jefatura de campaña del candidato de la derecha, sin siquiera haber dado una explicación al país por los reiterados atrasos generados en la entrega de los puntajes –de la Ficha de Protección Social− que miles de chilenos esperan hace ya meses.
Ante esto, es mi responsabilidad como alcalde darles a conocer el retraso en la entrega del resultado y a su vez hacer preguntas directas al gobierno: ¿qué es lo que arriesga con el resultado de las fichas? ¿Tendrán temor a bajar en las encuestas? ¿Tan malos son los resultados que postergan su entrega hasta después de las elecciones presidenciales?
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
