La experiencia internacional proporciona un cambio de paradigma que debiera ser considerado. Las manifestaciones son una realidad en alza dada la difusión a través de las fronteras del fenómeno de los “indignados”. Hemos visto manifestaciones pacíficas, pero también se conocen situaciones extremas como la “Batalla de Seattle” en Estados Unidos, en 1999 o en Gotemburgo, Suecia, en 2001. Las investigaciones muestran la adopción de estrategias y tácticas policiales que conviven con la expresión ciudadana en el marco de la normativa legal.
Ante la aprobación en el Congreso de la Ley de Resguardo del Orden Público, conocida popularmente como Ley Hinzpeter, se escucharon argumentaciones en la línea de defender, por un lado, el derecho a vivir en paz de los ciudadanos y, por otro, el derecho a manifestarse, como si fueran ambos polos opuestos y excluyentes de una realidad.
El clima electoral reinante y las discrepancias que están surgiendo con la aprobación de la Ley pero sólo con algunos artículos, obliga a identificar tres demandas ciudadanas que, miradas individualmente, son en sí mismas razonables. Nos referimos al resguardo del derecho a manifestarse, al rechazo de las acciones de los encapuchados y la protección de la labor de Carabineros de Chile. Difícilmente encontraremos frente a ellas desacuerdos. El problema es que si se recurre a ellos en lógica instrumental, instalando la idea de soluciones unívocas y sencillas, se incurre en el populismo penal.
[cita] La experiencia internacional proporciona un cambio de paradigma que debiera ser considerado. Las manifestaciones son una realidad en alza dada la difusión a través de las fronteras del fenómeno de los “indignados”. Hemos visto manifestaciones pacíficas, pero también se conocen situaciones extremas como la “Batalla de Seattle” en Estados Unidos, en 1999 o en Gotemburgo, Suecia, en 2001. Las investigaciones muestran la adopción de estrategias y tácticas policiales que conviven con la expresión ciudadana en el marco de la normativa legal.[/cita]
La discusión parlamentaria en torno a esta ley se realizó desde una perspectiva reactiva, de resguardo al orden público, que ha sido la tónica de la reacción policial hasta ahora. En este marco, la inteligencia policial busca identificar a los encapuchados y el estrenado Escuadrón Fenix de Carabineros, compuesto por funcionarios de fuerzas especiales, OS-9 y Labocar tienen por objetivo recabar medios de pruebas para procesar a los encapuchados.
Sin embargo, también pudiera verse en clave de oportunidad para abordar un aspecto tanto o más importante como es el relativo a la prevención. La experiencia internacional proporciona un cambio de paradigma que debiera ser considerado. Las manifestaciones son una realidad en alza dada la difusión a través de las fronteras del fenómeno de los “indignados”. Hemos visto manifestaciones pacíficas, pero también se conocen situaciones extremas como la “Batalla de Seattle” en Estados Unidos, en 1999 o en Gotemburgo, Suecia, en 2001. Las investigaciones muestran la adopción de estrategias y tácticas policiales que conviven con la expresión ciudadana en el marco de la normativa legal. Existen dos modelos: el de “enlace policial”, usado por países como Suecia, Inglaterra y Australia, y el de “foco de alteración del orden público”, seguido por Estados Unidos, con el objetivo de dotar de nueva comprensión los disturbios sociales. Aunque cada uno tiene sus particularidades, coinciden en tres aspectos que tienen a su base la aceptación de que los disturbios sociales y la violencia entre la multitud conllevan procesos entre grupos y dentro de grupos, siendo la policía uno de ellos y en forma constante. El primero es reconocer que los manifestantes no son una masa homogénea, indiferenciada y potencialmente rebelde. El segundo es la necesidad de promover el diálogo antes y durante las marchas. Antes, para facilitar el buen curso de la manifestación, debe atenderse la fijación de recorridos y de lugares importantes así como los actos que tendrán lugar.
Durante las marchas, debieran seguirse el curso de los acontecimientos y contextualizar conductas. En tercer lugar, promover la autorregulación, la que implica los aspectos previamente indicados: diferenciación, comunicación y facilitación. Por último, entender que el resguardo del orden público está lejos de un escenario “win- win” ya que ello supone maximizar únicamente uno de los valores en juego. Por el contrario, parece más sensato, en sociedades más educadas, conscientes de derechos y con creciente sentido de eficacia política, huir de la tentación al facilismo y hacer un esfuerzo por soluciones proclives a la generación de confianzas que permitan conciliar la expresión del disenso con el derecho a vivir en paz.
