Mientras la Estrategia Nacional de Biodiversidad reconoce el aporte que estas iniciativas pueden hacer a la conservación de nuestros ecosistemas, la Estrategia Nacional de Turismo identifica en estas iniciativas un sector emergente con alto potencial de crecimiento, que ayudaría a posicionar a Chile entre los principales destinos de naturaleza del mundo.
Por estos días nuestro país es anfitrión del X Congreso Latinoamericano de Reservas Privadas y de Pueblos Originarios, evento que reúne a más de 80 expositores nacionales e internacionales, todos ellos representantes de entidades que desarrollan o promueven la creación de parques y reservas naturales en tierras privadas o comunitarias.
En este ámbito, Chile destaca por la activa participación de la sociedad civil en la protección del patrimonio natural, con más de 300 iniciativas lideradas por personas naturales, familias, organizaciones sociales, universidades, ONGs o empresas, que administran tierras con fines de conservación y uso sustentable. La mayor parte de estas iniciativas son pequeños emprendimientos, que desarrollan actividades productivas innovadoras y agregan valor a los múltiples bienes y servicios del ecosistema, generando ingresos y empleo en los rincones más remotos de nuestro país.
[cita]Mientras la Estrategia Nacional de Biodiversidad reconoce el aporte que estas iniciativas pueden hacer a la conservación de nuestros ecosistemas, la Estrategia Nacional de Turismo identifica en estas iniciativas un sector emergente con alto potencial de crecimiento, que ayudaría a posicionar a Chile entre los principales destinos de naturaleza del mundo.[/cita]
Debido a ello, mientras la Estrategia Nacional de Biodiversidad reconoce el aporte que estas iniciativas pueden hacer a la conservación de nuestros ecosistemas, la Estrategia Nacional de Turismo identifica en estas iniciativas un sector emergente con alto potencial de crecimiento, que ayudaría a posicionar a Chile entre los principales destinos de naturaleza del mundo.
No obstante, y aunque nuestra legislación cuenta desde hace casi 20 años con una figura jurídica específica para las Áreas Silvestres Protegidas Privadas, todavía no se ha desarrollado un reglamento o procedimiento administrativo que otorgue reconocimiento legal a estas iniciativas. Tampoco se han generado estándares técnicos que permitan monitorear su desarrollo, ni existe un sistema de incentivos que apoye económicamente la implementación de actividades de conservación, o que retribuya al propietario por los múltiples beneficios y servicios ambientales que entrega a la sociedad.
La inexistencia de un mecanismo de reconocimiento oficial genera una enorme incertidumbre acerca del alcance espacial y temporal de estas iniciativas, y limita la capacidad de sus propietarios para enfrentar las crecientes amenazas y presiones sobre los ecosistemas, derivadas en muchos casos de otras actividades productivas que se desarrollan en el territorio sin un enfoque de sustentabilidad.
Reconociendo la complejidad de este tema, con aspectos legales e institucionales que no son fáciles de resolver, es urgente establecer los acuerdos políticos necesarios para desarrollar un marco normativo moderno para las áreas protegidas privadas, que garantice a los propietarios y a las comunidades de pueblos originarios de nuestro país su legítimo derecho a conservar.
