En materia de descentralización, tan reclamada por todos, el proyecto no avanza ni un centímetro, el nuevo Ministerio y todos sus servicios seguirán siendo, como las instituciones actuales, funcionalmente descentralizados pero territorialmente “desconcentrados” lo que en la práctica significa cero autonomía de recursos y decisiones en las regiones. Aun más, señala de manera expresa que el Consejo Nacional de la Cultura y el Patrimonio, en tanto colegiado superior, actuará en regiones “a través” de los Consejos Regionales, manteniendo la facultad de nombrar algunos de sus miembros.
En su programa de gobierno, el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera señaló la necesidad de perfeccionar la institucionalidad cultural de nuestro país. Casi dos años después, en su discurso del 21 de mayo de 2011, anunciaba el envío de un proyecto de ley para crear el Ministerio de la Cultura dando unidad al conjunto de la institucionalidad cultural, hoy separada fundamentalmente entre la DIBAM, el Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Finalmente, el 6 de mayo de este 2013, fue firmado el proyecto para ser enviado a su tramitación al Congreso Nacional.
En el intertanto, fue totalmente paralizada la tramitación del proyecto enviado el 2009 por el Gobierno de Michelle Bachelet destinado a crear el Instituto del Patrimonio, incorporándolo al Consejo de la Cultura.
Los discursos del Presidente y su Ministro de Cultura en la firma del proyecto, generaron me atrevo a decir, una favorable expectativa en el sector cultural. Se señalaba, que se había logrado compatibilizar la existencia de un ministerio, con las ventajas administrativas y legales que ello implica, con la mantención de los órganos participativos de CNCA. Al mismo tiempo se conseguía por fin unificar en una sola institucionalidad el conjunto de los organismos públicos preocupados del tema.
Lamentablemente, la lectura detenida del proyecto, no hace sino frustrar esas expectativas iniciales.
[cita]En materia de descentralización, tan reclamada por todos, el proyecto no avanza ni un centímetro, el nuevo Ministerio y todos sus servicios seguirán siendo, como las instituciones actuales, funcionalmente descentralizados pero territorialmente “desconcentrados” lo que en la práctica significa cero autonomía de recursos y decisiones en las regiones. Aun más, señala de manera expresa que el Consejo Nacional de la Cultura y el Patrimonio, en tanto colegiado superior, actuará en regiones “a través” de los Consejos Regionales, manteniendo la facultad de nombrar algunos de sus miembros.[/cita]
Intentando un análisis lo más objetivo posible, en el proyecto pueden distinguirse tres elementos positivos. El primero de ellos es el señalado intento de compatibilizar la existencia de un Ministerio con la idea de participación a través de la mantención de los órganos colegiados; la segunda, la unificación bajo un solo organismo público, del conjunto de las instituciones del sector; y la tercera, la eliminación de órganos innecesarios, habiendo sido probados en estos años, como los comités consultivos. Hasta ahí las buenas noticias.
Sin embargo, los aspectos negativos e insuficientes del proyecto son innumerables.
Si hasta ahora la crítica fundamental era tener un Ministro sin Ministerio, la figura que crea el proyecto es un Ministro con un Ministerio, pero sobre el cual no tiene ninguna atribución, salvo la presidencia del Directorio Nacional, asistir a las reuniones de gabinete del Presidente y firmar los decretos ministeriales. Una especie de reyezuelo dedicado al protocolo y las relaciones públicas pero sin ninguna atribución real.
El proyecto genera otras dos figuras decorativas, el Subsecretario y los Seremis de Cultura. En la práctica los verdaderos jefes de Servicio serán los directores del Instituto de las Artes e Industrias Culturales y el de Patrimonio Cultural, en sus niveles nacional y regionales.
Pareciera que en alguna medida, se intenta utilizar como modelo del sector salud, con las Secretarías Regionales y Los Servicios de Salud, las diferencias son evidentes. Además pareciera también que la fórmula propuesta por el gobierno se orienta a asegurar el nombramiento de los directores de servicio a través del sistema de alta dirección, en desmerito del Ministro, Subsecretario y Secretarios Regionales Ministeriales, como si ello fuese lo que asegura una buena gestión.
En materia de descentralización, tan reclamada por todos, el proyecto no avanza ni un centímetro, el nuevo Ministerio y todos sus servicios seguirán siendo, como las instituciones actuales, funcionalmente descentralizados pero territorialmente “desconcentrados” lo que en la práctica significa cero autonomía de recursos y decisiones en las regiones. Aun más, señala de manera expresa que el Consejo Nacional de la Cultura y el Patrimonio, en tanto colegiado superior, actuará en regiones “a través” de los Consejos Regionales, manteniendo la facultad de nombrar algunos de sus miembros.
Respecto de los Consejos sectoriales del Libro, la Música y la Industria Audiovisual, si bien el proyecto no señala cambios en su constitución y funciones, no que queda claro el rol del Ministerio y del servicio autónomo que los albergaría, el Instituto de Fomentos de las Artes y las Industrias Culturales.
En cuanto a los temas que abordaría la nueva institucionalidad, si bien incluye como hemos dicho, el arte, la cultura y el patrimonio, sigue manteniendo fuera del sector cultural toda la temática indígena, cuestión al menos discutible.
Igualmente discutible resulta el énfasis que se señala tanto en el mensaje como en proyecto mismo, del rol de promotor del Estado en materias culturales y del fomento a las “industrias culturales”, sin que quede claro un rol activo del mismo en cuanto a asegurar el acceso a la cultura y la participación de los bienes artísticos y culturales de los ciudadanos, como un derecho social garantizado y no solo como consumidores. Al respecto, pareciera que la lógica de la “industria cultural” y el temor al dirigismo cultural ya son casi una obsesión de las actuales autoridades.
Si se analizan aspectos específicos del proyecto y habiendo varios que comentar, podemos colocar un ejemplo que no deja de llamar la atención. El proyecto deja las tareas de fomento lector en manos de la Dirección de Patrimonio Cultural (porque ahí se encontraría la antigua DIBAM) y no en manos del Consejo del Libro, que reúne al conjunto de los actores vinculados al tema. Esta supuesta solución a problemas actuales de competencia entre instituciones de distinta dependencia, podría en el futuro repetirse con la nueva institucionalidad con dos servicios autónomos y un Ministro sin competencias reales sobre ellos, cuestión que este proyecto, se supone que debiera solucionar.
Después de casi cuatro años de espera y de haber congelado la tramitación del Proyecto de Ley del Instituto del Patrimonio, en vez de haber avanzado en su discusión introduciendo las modificaciones que hubiesen sido necesarias para contar ya con una nueva institucionalidad, el Gobierno del Presidente Piñera optó por la lógica refundacional, copiando los diagnósticos existentes y consensuados hace años y presentando un proyecto por decir lo menos, mediocre y confuso. Lo más evidente de esta afirmación se refleja es esa mezcla entre Ministro, Subsecretario, Directores de Servicios, Seremis y Directores Regionales de Servicios, una estructura de burocracia extrema y en nuestra opinión, no sólo inútil sino posiblemente entorpecedora, más aun, si además se mantiene como un organismo sólo desconcentrado y no descentralizado. Hay que analizar en serio la creación de un Ministerio con dos Subsecretarias en vez de dos servicios.
Con todo, probablemente sería irresponsable seguir esperando más años para discutir en el Congreso los cambios que la institucionalidad cultural del país necesita, por lo que el parlamento y la sociedad en su conjunto debiera aprovechar la oportunidad para iniciar su discusión y proponer a partir de él, las modificaciones necesarias para una institucionalidad de verdad.
