La seguridad ciudadana es un problema multidimensional que requiere articular a todos los actores, pero sobre todo se necesita de liderazgo con una agenda clara y definida de lo que se desea realizar, en base a un diagnóstico y sobre todo separando el show mediático de las políticas serias y decisiones estructurales que se deben tomar hoy.
La Seguridad Ciudadana en momentos electorales adquiere mayor relevancia porque apela directamente a las necesidades y valores más básicos del ser humano en cuanto a previsibilidad, protección y libertad. Es por esa razón, que más de alguno puede caer en la tentación de manipularlo. Por eso es tan importante, destacar que la distorsión y confusión en el diagnóstico y el uso de herramientas erróneas, genera expectativas no cumplidas, frustración y finalmente menor confianza en las instituciones responsables de la prevención y persecución criminal, lo anterior conduce a que aumente la cifra de ciudadanos víctimas de delito que no denuncian los hechos criminales de que son objeto, es decir que se eleve la cifra oculta de delitos.
En ese contexto, cabe preguntarse, ¿Qué es lo que está en juego en seguridad ciudadana para los próximos años? Una confusión en el diagnóstico, los objetivos y fundamentalmente en los instrumentos, nos podría llevar a perder la ruta de lo que necesitamos avanzar para futuro.
Nuestro país ha avanzado en el conocimiento e información para abordar la seguridad ciudadana y producto de ello se generó una Política Nacional de Seguridad Ciudadana (2006) y un Plan denominado “Chile Seguro” (2010), ambos son la continuidad de la comprensión criminológica generada en el país y la recolección de datos, que 20 años atrás no existían. Esas políticas y planes indicaban que el país necesitaba reforzar la prevención social y situacional del delito, aumentar la protección de las víctimas, focalizar el control y la persecución del crimen y lograr una mayor reinserción de los condenados.
[cita]La seguridad ciudadana es un problema multidimensional que requiere articular a todos los actores, pero sobre todo se necesita de liderazgo con una agenda clara y definida de lo que se desea realizar, en base a un diagnóstico y sobre todo separando el show mediático de las políticas serias y decisiones estructurales que se deben tomar hoy.[/cita]
La coherencia en estas políticas es fundamental y si se opta por focalizar el control del delito, salta a la vista que en el funcionamiento institucional, el Ministerio Público que es responsable de la persecución criminal necesita un reforzamiento de carácter urgente por la carga de trabajo y la necesaria especialización en sus unidades investigativas. Es por eso que carece de lógica que el Gobierno priorice el trabajo en proyectos destinados al orden público o en asuntos que podrían ser resueltos por mejoras de gestión, y no le coloque la urgencia y prioridad al proyecto de ley que “Fortalece el Ministerio Público” que lleva más de 2 años en tramitación sin avanzar. Proyecto que está avalado por estudios nacionales e internacionales. Como consecuencia de esta postergación mantenemos que las personas más vulnerables ven como la solución masiva a sus causas es el archivo de éstas.
Tampoco tiene sentido el eslogan de que existe una “nueva política penitenciaria”, que según las autoridades ha permitido disminuir la sobrepoblación carcelaria desde un 57 % a un 23,69 %. En efecto, esto no ha sido a cambios institucionales, ni mejoras en la gestión o la construcción de nuevos metros cuadrados de infraestructura penitenciaria, sino que a la aplicación masiva del Indulto, que por vía legislativa y administrativa se ha denominado: “racionalización carcelaria”. De hecho, desde el 2011 se ha relativizado el análisis de los informes que sustentan las decisiones para el otorgamiento de los beneficios intrapenitenciarios, y este 2013 se superó el número de beneficios otorgados respecto de todo el año pasado, y, adicionalmente hoy sabemos que se ha incrementado los quebrantamientos de las salidas con beneficios intrapenitenciarios.
Una nueva política penitenciaria exige un rediseño institucional y un trabajo profundo en el proceso post penitenciario. Al respecto, se debería insistir en la definición que hizo el legislador en la última modificación a la Ley de Plantas de Gendarmería (2009), en cuanto a que ésta tenga un diseño institucional separado, donde un organismo sea el encargada de custodia y seguridad, y otra sea especializada en materia de reinserción, responsable de la administración, gestión y sobre todo, del control de los beneficios penitenciarios. En definitiva, cambiar el norte y focalizarse en el proceso post penitenciario.
En efecto, trabajar en el post penitenciario en forma preferente no significa identificar a los condenados que egresan para vigilarlos sino para apoyarlos en su incorporación progresiva y gradual a la sociedad, esa es la forma de mirar a la delincuencia en forma integral e integrada. De este modo, lo que está en juego en Chile hoy en temas de seguridad ciudadana está en reforzar y focalizar las acciones en materia de reinserción post penitenciaria, de prevención social y situacional, focalizando la protección a las poblaciones más vulnerables, y así lograr menores indicadores de reincidencia.
La seguridad ciudadana es un problema multidimensional que requiere articular a todos los actores, pero sobre todo se necesita de liderazgo con una agenda clara y definida de lo que se desea realizar, en base a un diagnóstico y sobre todo separando el show mediático de las políticas serias y decisiones estructurales que se deben tomar hoy.
