La institucionalidad de derechos humanos en Chile es aún una tarea pendiente y son varias las reformas que se necesitarán para avanzar plenamente hacia ella. No cabe duda que esta iniciativa legal progresa en ese sentido y debe ser votada favorablemente.
En los próximos días el Senado de la República debiera votar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y transforma al Ministerio de Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En un ambiente político y social marcado por la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado en Chile y la condena a las violaciones masivas y sistemáticas cometidas por la Dictadura, la pregunta que surge es si parece necesario aprobar una iniciativa de esta especie. La respuesta es claramente favorable y las razones para sostener ello, variadas.
A diferencia de otros países de la región, Chile no cuenta con un órgano al interior de la Administración del Estado capaz de articular, dar seguimiento crítico y promover políticas y legislación transversal en materia de derechos humanos. Si bien el país se ha beneficiado enormemente con la contribución del Instituto Nacional de Derechos Humanos, este último no fue creado para subsanar la falta de una institucionalidad propia al interior de la Administración del Estado.
[cita] La institucionalidad de derechos humanos en Chile es aún una tarea pendiente y son varias las reformas que se necesitarán para avanzar plenamente hacia ella. No cabe duda que esta iniciativa legal progresa en ese sentido y debe ser votada favorablemente.[/cita]
De este modo, el proyecto de ley viene a subsanar parte importante de este déficit al otorgar a la nueva Subsecretaría de Derechos Humanos, entre otras, la labor de proponer y colaborar en el diseño y desarrollo de políticas públicas, estudios, planes y programas referidos a la promoción y protección de los Derechos Humanos; prestar asistencia y coordinación técnica a los órganos de la Administración en esta materia y; en particular, la elaboración, coordinación y seguimiento de un Plan Nacional de Derechos Humanos, a partir de las prioridades sectoriales e intersectoriales propuestas por un futuro Comité Interministerial de Derechos Humanos.
Al mismo tiempo, la Subsecretaría de Derechos Humanos permitiría contar con un órgano de la Administración del Estado con capacidad para asesorar directamente al Presidente de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las necesidades legislativas del país en esta materia, así como dar seguimiento y cooperar en el cumplimiento efectivo a las diversas resoluciones, recomendaciones y medidas adoptadas sobre Chile por parte de los órganos internacionales de derechos humanos. Finalmente, la Subsecretaría de Derechos Humanos fortalecería la dimensión pedagógica de los derechos humanos, a través del diseño y coordinación de programas de capacitación y promoción de los derechos humanos para funcionarios de la Administración del Estado.
La institucionalidad de derechos humanos en Chile es aún una tarea pendiente y son varias las reformas que se necesitarán para avanzar plenamente hacia ella. No cabe duda que esta iniciativa legal progresa en ese sentido y debe ser votada favorablemente.
