¿Vale el derecho a la educación superior de los ricos más que el derecho de los niños a tener una educación de mínima calidad? Es un consenso hoy que la subvención preferencial escolar es insuficiente para financiar una educación básica de calidad para los más necesitados, la cual es indispensable si queremos soñar con una sociedad con igualdad de oportunidades.
La gratuidad universal en la educación superior se ha instalado en los últimos años como uno de los bastiones de la revolución educativa, promovida no sólo por el movimiento estudiantil sino también por Michelle Bachelet, quien la nombra como una de las inamovibles políticas de mediano plazo de su eventual programa de gobierno. La lógica detrás de financiar la educación superior de pobres y ricos se seguiría de entender la educación como un derecho de todos y que, por lo tanto, debe ser garantizado por el Estado para la sociedad completa. Por bonito y lógico que suene, tomarse en serio esta línea de pensamiento nos obliga a generalizar y admitir que la educación no es el único ni el más importante de los derechos. ¿Acaso no existen en nuestro país vulneraciones a los derechos más importantes que las que sufre un joven de ingresos altos cuando se ve obligado a pedirles a sus padres que paguen por su educación universitaria? En vista de esto, cabe preguntarse cuál sería el costo para el país de garantizar el derecho a estudiar gratis hasta los 23 años que tendrían también los ricos.
Utilizando supuestos de estimación conservadores, financiar la educación superior de los estudiantes pertenecientes al 40% de mayores ingresos de la población costaría alrededor de 805 millones de dólares, esto considerando que sólo se financia a estudiantes pertenecientes a universidades del CRUCH, las cuales hoy cumplen con el requisito impuesto en el programa de Bachelet de tener un claro rol público y acogerse a las medidas de equidad en el acceso. Si la educación superior fuera realmente gratis para todos (no sólo para quienes logran entrar a las universidades que cumplen con los requisitos impuestos), el número se triplicaría aproximadamente.
[cita]¿Vale el derecho a la educación superior de los ricos más que el derecho de los niños a tener una educación de mínima calidad? Es un consenso hoy que la subvención preferencial escolar es insuficiente para financiar una educación básica de calidad para los más necesitados, la cual es indispensable si queremos soñar con una sociedad con igualdad de oportunidades.[/cita]
Como se aprecia en la Figura 1, si decidiéramos como sociedad resistirnos a la belleza que emerge de una educación superior gratuita para todos, con ese dinero podríamos empezar a pensar que tenemos una oportunidad de sacar a los miles de compatriotas que sufren exclusión de los infiernos en que viven a diario, y de pasada garantizar derechos ya no sociales (que nacen de una decisión social de establecer garantías mínimas), sino humanos.
¿Vale el derecho a la educación superior de los ricos más que el derecho de los niños en situación de vulnerabilidad a vivir alejados de la violencia y a soñar con un futuro? Hoy en día la paupérrima situación del SENAME representa una de las heridas más grandes que tenemos como país y aun así la crisis de financiamiento de los hogares se agudiza (en los últimos tres años ya se han cerrado cerca de 80 hogares).
¿Vale el derecho a la educación superior de los ricos más que el derecho de las familias más pobres a satisfacer sus necesidades básicas? No podemos olvidar jamás que en Chile la guerra contra la pobreza continúa y está lejos de acabarse.
Figura 1: Ley de Presupuesto 2014 que se tramita en el Congreso y cálculo propio a partir de estudios de Horizontal para la primera columna.
¿Vale el derecho a la educación superior de los ricos más que el derecho de los niños a tener una educación de mínima calidad? Es un consenso hoy que la subvención preferencial escolar es insuficiente para financiar una educación básica de calidad para los más necesitados, la cual es indispensable si queremos soñar con una sociedad con igualdad de oportunidades.
¿Vale el derecho a la educación superior de los ricos más que el derecho de los jubilados en situación de pobreza a tener una vejez digna? Hoy la pensión básica solidaria alcanza los $82.000, la cual evidentemente no permite satisfacer las necesidades básicas de una persona en situación de vejez.
¿Vale el derecho a la educación superior de los ricos más que el derecho de quienes han delinquido a vivir en condiciones mínimamente dignas? Recordemos que la delincuencia es también consecuencia de nuestras falencias como sociedad y la mayoría de quienes delinquen son también víctimas de la exclusión y la pobreza.
En tiempos de holgura es importante recordar siempre que nuestra riqueza es aparente, mientras que las diversas y frustrantes expresiones de nuestra pobreza como sociedad siguen escondidas y silenciosas. La disparidad en nuestra disposición a financiar políticas públicas que se retrata en la Figura 1 muestra que quienes sufren de vulneraciones de derechos esenciales no tienen voz, ni poder, ni tiempo para gritar y organizarse. La lógica de sus derechos no es defendida por ningún líder estudiantil. Nuestra generación tiene una posibilidad histórica de acabar con la exclusión y la miseria en Chile, pero para esto se requiere un compromiso con la realidad que supere el compromiso con las consignas y banderas. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Del hecho al dicho hay menos.
