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El público espacio en que no está Carlos Peña

por 24 marzo, 2014

El público espacio en que no está Carlos Peña
Esta discusión se ha puesto muy aguda por razones muy simples. Hay dinero en juego. Pero no sólo hay dinero. La preocupación de Peña es mucho más grande y pasa al terreno de Darwin: la supervivencia. Después de años de adaptación exitosa al ambiente, su universidad enfrenta hoy un nicho ecológico distinto.
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En el texto “Lo público y las universidades”, aparecido en El Mercurio el 20 de marzo, Carlos Peña, rector de la UDP, hace una sucinta revisión de tres definiciones de ‘lo público’ o, mejor dicho, del ‘espacio público’. Como suele ocurrirles a seres como los humanos, dotados de la éticamente discutible combinación entre inconsciente e intereses materiales, Peña omite aquellos puntos más conflictivos para él y la institución que gobierna (UDP), es decir, deja afuera justamente lo que podría perjudicarle, aunque se encuentre en la línea de su argumentación. Nadie puede culparlo. La mayor parte de los miembros de nuestra especie prefiere sobrevivir a ser racional. Pero es interesante revisar estas omisiones.

Omisión 1

Peña cita a Habermas, pero omite decir que dicho autor afirma que bajo ciertas condiciones el acervo de saber que se convierte en consensos de la sociedad, de lo que el espacio público es sólo su amplificación, puede estar ‘colonizado’, situación que suele derivar del enorme poder del subsistema económico. En esos casos, los acuerdos de la ciudadanía se desnaturalizan. Para efectos del tema universitario, quiere decir que una institución no puede tener un socio o grupo controlador sin que sus intereses puedan desnaturalizar el espacio público. Es cierto que hay instituciones privadas sin grupo controlador (las antiguas universidades privadas o la Universidad Central), pero son escasas y eso no incluye a su universidad. La existencia de un dueño, de un directorio nominado por el dueño, de un rector nominado por el dueño, de decanos nominados por el rector, no se parece a la cadena de mando de una entidad que habita en las dulces y democráticas aguas del sistema público.

Carlos Peña omite señalar que toda referencia al espacio público y a la posibilidad de que él opere bajo condiciones democráticas, supone una distribución de poder equitativa entre los miembros de la sociedad. Toda entidad que cumple un rol público debe evitar concentraciones de poder arbitrarias. Normalmente esto se traduce en esa política pura y simple que supone que la comunidad misma participe activamente en el gobierno de la universidad y que, por ejemplo, los profesores elijan al rector.  

Omisión 2

Carlos Peña cita a Kant. Dice: “Esta esfera pública no era parte ni del Estado ni del mercado, sino un ámbito en el que se ejercitaba eso que Kant llamó, a fines del XVIII, uso público de la razón”. No es difícil advertir las interesantes y complejas consecuencias de lo descrito por Kant, pero es más fácil notar que el uso público de la razón exige la posibilidad de ‘autonomía’, esto es, la opción de dotarse de propias normas. En una columna anterior conté la historia sobre cómo en la Universidad Diego Portales, durante las movilizaciones estudiantiles de 2011, Peña reunió a sus académicos para informar cuál era el ‘uso público correcto de la razón’, esto es, el uso de la razón que no terminaba con su universidad en el mediano plazo y que no los dejaba sin trabajo. En este punto, la posibilidad de juntar a Kant con Peña parece crecientemente discutible. Muy distinto es mi caso. Como un simple académico de la Universidad de Santiago discrepo en esta discusión con mi jefe máximo, el rector Juan Manuel Zolezzi. Y, sin embargo, en este tipo de institución la autonomía es total y no hay ninguna posibilidad de purgas o acciones en mi contra por el mero hecho de disentir con mi jefe. Más aún, cada vez que eso acontece, él puede estar feliz de ver que en su universidad sí se respeta el uso público de la razón.

Omisión 3

Carlos Peña omite señalar que toda referencia al espacio público y a la posibilidad de que él opere bajo condiciones democráticas, supone una distribución de poder equitativa entre los miembros de la sociedad. Toda entidad que cumple un rol público debe evitar concentraciones de poder arbitrarias. Normalmente esto se traduce en esa política pura y simple que supone que la comunidad misma participe activamente en el gobierno de la universidad y que, por ejemplo, los profesores elijan al rector (cuestión que, no está de más decir, en el editorial de El Mercurio del mismo día de la columna de Peña se juzga de ‘discutible en su eficacia’). Cuando es la comunidad la que elige al rector, se evita que el grupo controlador de la propiedad nombre, por razones desconocidas para la sociedad, al rector que mejor le parece, como si fuera un negocio privado. Este hecho, que omite el rector Peña, también se encuentra insatisfecho en su institución, donde las autoridades son designadas por una cadena de mando que termina en una sola persona, que tiene el mérito (nada público ni democrático) de haber tenido el dinero para haber fundado la institución. El rector Peña, que defiende que su universidad no es del todo pública, pero que casi lo es, no se somete a escrutinio público.

Omisión 4

Por último, se debe señalar que, junto al rector Peña –que ya ha publicado tres columnas en El Mercurio sobre este tema en menos de 75 días (5 de enero, 27 de enero, 20 de marzo), usando dos veces una tribuna que no es la habitual de los días domingo en dicho medio–, se han hecho diversas publicaciones editoriales y en columnas, en el mismo diario, donde hay gran preocupación por este tema. En todas se insiste que vincular instituciones públicas con instituciones estatales es una confusión grave. No he visto, sin embargo, ninguna referencia a la idea equivalente que sería señalar que los ‘fondos públicos’ pueden ser estatales o no estatales. En eso, es curioso, nadie se pierde. Cuando se habla de ‘fondos públicos’, todos los interesados miran al Estado sin cuestionarse nada, pero cuando se trata de definir qué instituciones son las ‘públicas’ que recibirán los fondos ‘públicos’, entonces surge gran creatividad para decir cuántas instituciones sí cumplen ese rasgo esencial que hoy todos anhelan, que es ser una ‘universidad pública’.

El mismo día de Peña, el profesor Ennio Vivaldi afirmó en una columna en El Mostrador:

La discusión conceptual acerca de que si las universidades son todas iguales y todas públicas parece arribar también a corolarios muy prácticos: si todas son públicas, todas deben tener igual acceso a los fondos fiscales. El argumento de que no se puede discriminar entre jóvenes estudiantes, sea cual sea la universidad a que atiendan, es inobjetable. Pero por eso mismo se hace extremadamente tentador usar a esos jóvenes para, amparados en una noble causa, conseguir aquellos dineros fiscales. Una competencia que sin duda el nuevo ministro de Educación ha de tener es la de reconocer cuándo se le está hablando de negocios aunque aparentemente se le esté hablando de otra cosa”.

Es decir, esta discusión se ha puesto muy aguda por razones muy simples. Hay dinero en juego. Pero no sólo hay dinero. La preocupación de Peña es mucho más grande y pasa al terreno de Darwin: la supervivencia. Después de años de adaptación exitosa al ambiente, su universidad enfrenta hoy un nicho ecológico distinto. De ahí que haya pasado de citar a Kant, Habermas, Olson y el origen de la universidad medieval y moderna, al insulto: “La idea de que lo público equivale a lo estatal y se identifica con él, es simplemente una tontería. Basta de tonterías. Lo público no coincide con lo estatal”, dice Peña en entrevista en Radio Duna que publica El Mostrador.

Es una buena idea. Basta de tonterías y seamos claros: ¿de cuánto estamos hablando, señor Peña?

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