Terciamos en la polémica dando un claro ejemplo de prácticas con connotación mercantil de la PUC, lo que jamás podría haber hecho ni la Universidad de Chile (UCH) ni ninguna otra auténticamente pública.
Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), está enojado con las universidades públicas del Cruch y para ello las ha estado fustigando a través de la prensa. Para colocar a su casa de estudios a la altura de las anteriores argumenta hábilmente que la privada PUC es una universidad pública no estatal. Otros rectores de universidades privadas no adscritas al Cruch, como por ejemplo Carlos Peña, columnista de El Mercurio y mandamás de la Universidad Diego Portales (UDP), afirma lo mismo con una ingeniosa línea argumental.
La PUC, como la UDP y otras tantas privadas, en todo caso las menos de las existentes que lucran ilegalmente, se han ganado a través del tiempo un merecido reconocimiento porque están entregando bienes educativos y de investigación valorados por la comunidad y por ello algunos dicen que estas universidades tienen vocación pública.
Recordemos que sólo las universidades públicas estatales son fiscalizadas rigurosamente por la Contraloría General de la República (CGR) y que sus funcionarios tienen que ceñirse a las estrictas normas legales de la administración del Estado y, por ello, terciamos en la polémica dando un claro ejemplo de prácticas con connotación mercantil de la PUC, lo que jamás podría haber hecho ni la Universidad de Chile (UCH) ni ninguna otra auténticamente pública.
Vamos al grano: días antes de la asunción, noviembre de 1970, a la presidencia de la República por parte de Salvador Allende, el gobierno saliente le donó a la PUC, con ciertas exigencias establecidas en una escritura pública, un amplio terreno de 6 hectáreas, clasificado como bien nacional de uso público, localizado en la ribera sur del río Mapocho, comuna de Las Condes, ello con el único propósito de que sus estudiantes y los socios del Club Deportivo de la Universidad Católica dispusieran de este terreno, definido en dicha escritura como área verde para practicar distintos deportes, entre otros, fútbol, natación, tenis, etc.
En 1985, el rector delegado de la Junta Militar, un almirante de la Armada de Chile, transfiere gratuitamente este terreno al Club Deportivo de la Universidad Católica, sin que nadie del poder Ejecutivo de entonces opinara al respecto.
Años después, este club deportivo creó una fundación de derecho privado sin fines de lucro, y su directorio –en el año 2005–, presidido por Jorge O’Ryan, posteriormente embajador nominado por Piñera en Alemania, decidió ofrecer en el mercado inmobiliario ese ya valioso terreno, el cual no había perdido su clasificación de área verde, aunque sí el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, accediendo a peticiones de algunos actores del sector, con tal de facilitarse esta operación comercial, ya había modificado la reglamentación ad hoc.
La circunspecta Fundación del Club Deportivo de la Universidad Católica, a pesar de que sus estatutos dicen que no persigue el lucro, obtuvo en la Dirección de Obras de Las Condes un permiso de edificación por 3 torres de oficinas de 23 pisos cada una y con ese permiso incluido en la transacción, condición sine qua non para viabilizar el negocio, vendió tal terreno en 35 millones de dólares a una conocida inmobiliaria.
En la actualidad, se levantan en ese sector las 3 magníficas y espigadas torres con una vista privilegiada para sus ocupantes.
Ergo, se vulneró el mandato de la escritura pública de donación modal, por parte del Estado a la Pontificia Universidad Católica, y los directores de la llamada Fundación del Club Deportivo de la Universidad Católica posibilitaron un atractivo lucro para esa persona jurídica sin fines de lucro en el papel.
Lo anterior fue posible solamente porque la Contraloría General de la República no tenía atribuciones para fiscalizar las actuaciones de esta universidad confesional y privada, que imparte educación de buena calidad a sus alumnos.
* Publicado en El Quinto Poder
