La distinción entre las vocaciones pública y privada de las universidades tiene implicancias profundas para la educación, por lo que no debe asumirse de una manera frívola en la reforma. Tampoco se trata de que los estudiantes de las universidades privadas queden excluidos de la gratuidad, pues en el sector masivo tienen la mayor necesidad económica, por lo que cualquier consideración igualitaria debe ocuparse de cómo la gratuidad alcanza a este grupo de estudiantes. Pero el sentido de la educación gratuita no es sólo servir de paliativo a la desigualdad. Su propósito también es restituir el sistema público de educación.
Las contradicciones planteadas en los anuncios del ministro Eyzaguirre instalan cierta aprensión acerca de la dirección de la reforma de la educación superior.
El ministro ha dicho a los estudiantes que el objetivo es desmantelar el mercado de la educación, pero al mismo tiempo revela que la universidad gratuita se implementará vía subsidio a la demanda, esto es, a través de un cuasimercado regulado por la Superintendencia y la acreditación. Esta opción ya ha sido criticada porque fomenta la competencia por el reclutamiento de estudiantes, sin aportar calidad, equidad ni eficiencia a la educación.
Enseguida –aclaró Eyzaguirre en el Congreso– todas las universidades acreditadas y que no tengan fin de lucro podrán reclamar el “derecho a la gratuidad”, tanto las instituciones con vocación pública como las que carecen de ella. La contradicción surge aquí entre el interés público, que se motiva a financiar la educación superior gratuita, y la posibilidad de que universidades que no se guían por este interés lleven la gratuidad a cabo. Resolver esta contradicción es crucial para la sostenibilidad de la reforma.
Pero no es sencillo distinguir si una universidad tiene vocación pública o privada. De hecho, pareciera ser que en el largo plazo la sociedad se ha ido quedando sin distinciones claras. En este contexto, el ejecutivo prefiere obviar las diferentes orientaciones universitarias para afectar los menos intereses posibles y hacer así el camino de la reforma más expedito en el trámite político.
El origen de la reforma se remota a la demanda del movimiento estudiantil por educación pública, gratuita y de calidad. La propuesta de los estudiantes apunta a la creación de un nuevo sistema de educación público, financiado por el Estado y conformado por las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH), que también considera extender la gratuidad a las universidades privadas fuera de él, siempre que no tengan fin de lucro y cumplan con estricta regulación. Este nuevo sistema se basaría además en los principios de participación democrática y autonomía, entendida esta última como la preservación de las universidades de intereses particulares y proyectos ideológicos. Lo que, sin embargo, queda en suspenso del planteamiento de los estudiantes es la posibilidad de que para hacer efectiva la gratuidad en las universidades privadas, éstas se integren a los principios del nuevo sistema público. Mayor claridad en esta dirección podría ser relevante en el camino de la reforma, considerando que mientras Eyzaguirre dice que las universidades de vocación privada –que, por ejemplo, imponen una opción ideológica particular– pueden acceder a la educación gratuita, la posición de los estudiantes fue reclamar una educación pública libre de tales particularismos.
[cita]La distinción entre las vocaciones pública y privada de las universidades tiene implicancias profundas para la educación, por lo que no debe asumirse de una manera frívola en la reforma. Tampoco se trata de que los estudiantes de las universidades privadas queden excluidos de la gratuidad, pues en el sector masivo tienen la mayor necesidad económica, por lo que cualquier consideración igualitaria debe ocuparse de cómo la gratuidad alcanza a este grupo de estudiantes. Pero el sentido de la educación gratuita no es sólo servir de paliativo a la desigualdad. Su propósito también es restituir el sistema público de educación.[/cita]
Cabe preguntarse ¿qué educación gratuita tendríamos, si a ella acceden universidades con o sin vocación pública, en la medida que cumplan con no tener fin de lucro y estar acreditadas? El financiamiento estatal generaría mayor equidad en el acceso y ello podría motivar un nuevo impulso hacia la expansión. Se espera también un control más riguroso de la calidad, que permita cerrar universidades que no cumplan con los estándares mínimos. Sin embargo, segmentos significativos del sistema universitario no estarían conducidos por intereses académicos ni orientados públicamente. Por un lado, la competencia por los vouchers podría difundir prácticas de mercado que conduzcan a expansión desregulada. Por el otro, las orientaciones ideológicas de algunas instituciones se mantendrían, limitando la formación de los estudiantes. En estos dos sentidos, las características del sistema de educación superior no variarían sustantivamente.
Conviene entonces no pasar por alto la distinción entre las vocaciones pública y privada de las universidades, cuyo sentido, más que derivarse de una cuestión filosófica, resulta de un proceso histórico.
Antes de 1981, existían sólo ocho universidades, estatales y privadas, que para todos los efectos eran consideradas públicas. A partir de 1973 estas instituciones fueron intervenidas por la dictadura, “depuradas ideológicamente” y reducidas en su matrícula y financiamiento. A partir de las reformas de 1980-81, impulsadas como parte de la transformación neoliberal, se vuelve a reducir el financiamiento, se introducen los aranceles y las universidades estatales son fragmentadas. Paralelamente, se instala el mercado de universidades privadas con el objetivo declarado de arrebatarles a las universidades públicas el monopolio de la educación superior, de manera que sean las nuevas instituciones las que lleven a cabo la masificación del acceso y se evite así el encuentro de los estudiantes en un mismo espacio público y gratuito, propicio a la politización.
La vocación pública de las universidades antecede al mercado. Es por esta razón que se identifica a las universidades del CRUCH con lo público, más allá de la propiedad estatal y también más allá de que su funcionamiento esté hoy condicionado por el mercado. Lo público emerge como el principio de organización que permite que intereses académicos dirijan las instituciones con relativa autonomía del mercado. La vocación privada, en cambio, ingresa con las reformas de 1981 y se expresa como el predominio de intereses de mercado sobre los intereses académicos. Esta orientación no se acaba con la erradicación del fin de lucro: una universidad puede dirigirse como empresa independientemente de lo que haga con sus excedentes.
La distinción se complejiza al considerar las orientaciones ideológicas. Se asocia a los proyectos ideológicos con el particularismo social, político o religioso de los dueños y directores, el cual redunda en la falta de pluralismo de sus universidades. El particularismo ideológico es una manifestación de la vocación privada que no se reduce a los intereses de mercado. Por esta razón, intereses ideológicos también pueden ser determinantes en algunas partes del CRUCH, particularmente donde la orientación católica pueda constreñir al pluralismo académico. Se suele afirmar, en este sentido, que el pluralismo del sistema universitario chileno ocurre a espaldas de los estudiantes, pues es la consecuencia de la suma de universidades que en sí mismas no son pluralistas.
Pero no todas las universidades privadas creadas después de 1981 están motivadas por vocaciones privadas; hay proyectos dirigidos por comunidades académicas, organizaciones sociales y religiosas –particularmente Jesuitas y Salesianos– que se orientan públicamente a través de fines de impacto académico y/o compromiso social.
No es posible diferenciar la vocación pública de la ideológica sin considerar qué tan generalizables y/o pertinentes son los respectivos proyectos universitarios –aunque a veces no están explicitados– y cuán representativos son sus directorios. Hay dos consideraciones externas al contenido de los proyectos que, no obstante, pueden ser decisivas para resolver esta dicotomía. La primera, en qué medida el reclutamiento de estudiantes resguarda el pluralismo social y cultural de las universidades y evita la particularización de sus orientaciones sobre un grupo socialmente homogéneo. La segunda, en qué medida las universidades tienen masas críticas y pluralistas de académicos con participación efectiva en la determinación de los proyectos institucionales, como contrapeso a los intereses de los dueños.
A nivel selectivo, la vocación privada tiende a expresarse a través de proyectos ideológicos. Sólo cuatro universidades privadas promedian sobre los 600 puntos PSU. De éstas, tres universidades tienen las proporciones más altas de egresados de colegios particulares: U. de los Andes (85%), U. Adolfo Ibáñez (81%) y U. del Desarrollo (70%). La primera está adscrita al Opus Dei, la segunda se identifica con el liberalismo y la tercera es reconocida por la ascendencia de la UDI en su dirección. La cuarta, U. Diego Portales, tiene 42% de sus estudiantes egresados de colegios particulares y reivindica su papel en la “esfera pública”. Las universidades más selectivas del CRUCH muestran una variedad relativamente mayor de estudiantes considerando la proporción de egresados de colegios particulares en su matrícula: U. de Chile (35%), USACH (9%) y U. Austral (10%). La excepción es la P.U. Católica (63%), cuya perspectiva de lo público está así en riesgo de volverse particular.
A nivel masivo, la vocación privada predomina a través de intereses de mercado. No todas las universidades privadas persiguen objetivos comerciales, pero son minoría en este segmento. Hay que tener en cuenta que en estas instituciones, junto con los institutos profesionales y centros de formación técnica, se educa el 61% de los estudiantes primera generación. En el agregado, las universidades privadas masivas promedian 86 estudiantes por cada académico jornada completa y 1.526 estudiantes por cada jornada completa con doctorado. Es decir, conforman espacios sin presencia ni control académico significativo, que posibilita que las prioridades de los dueños no tengan contrapeso para decidir sobre asuntos académicos. Así se producen problemas como la expansión inorgánica de la matrícula. Mientras las universidades tradicionales menos selectivas no crecieron en el período 2007-2012, y mantuvieron en promedio 35 estudiantes por cada jornada completa y 140 estudiantes por doctor tiempo completo, las universidades privadas masivas expandieron el pregrado en un 58%. Dentro de este crecimiento, el 52% corresponde sólo al área de la salud. De hecho, del incremento total en la matrícula de pregrado en salud, un 85% corresponde exclusivamente a la expansión de las universidades privadas masivas. Mientras el lucro aquí se obtiene de una relación de explotación, donde los aranceles pagados por los estudiantes no se transfieren totalmente a sostener la calidad de su educación, la expansión mercantil acarrea la precarización del trabajo profesional.
Que bajo la etiqueta de “universidad docente” la reforma valide la carencia de cuerpos académicos y de investigación de las universidades masivas, conduce a institucionalizar un problema de segregación, esto es, que la educación de los más pobres es económica y luego políticamente viable mientras se les mantiene al margen del acceso a las comunidades académicas y la creación de conocimiento.
La distinción entre las vocaciones pública y privada de las universidades tiene implicancias profundas para la educación, por lo que no debe asumirse de una manera frívola en la reforma. Tampoco se trata de que los estudiantes de las universidades privadas queden excluidos de la gratuidad, pues en el sector masivo tienen la mayor necesidad económica, por lo que cualquier consideración igualitaria debe ocuparse de cómo la gratuidad alcanza a este grupo de estudiantes. Pero el sentido de la educación gratuita no es sólo servir de paliativo a la desigualdad. Su propósito también es restituir el sistema público de educación. La estatización de instituciones que lucran es una posibilidad que ha sido puesta sobre la mesa. Se puede complementar con la disposición de las universidades públicas, incluyendo las de elite, a expandirse sobre el segmento masivo. Finalmente, que las universidades privadas que accedan al financiamiento estatal de la educación gratuita lo hagan a cambio de reformular sus proyectos en un sentido público; entonces más allá de ofrecer “excelencia” en la elite o “democratización del acceso” y “movilidad social” en el nivel masivo, para ser gratuitas estas universidades debieran regirse por comunidades académicas pluralistas –lo que, para la mayoría de estos casos, requiere comenzar por contratarlas a tiempo completo– y comprometerse con el desarrollo del conocimiento para la sociedad.
La opción por el subsidio a la demanda para implementar la gratuidad se explica por la generalización de la relación que el Estado tiene con la educación superior privada. Debe invertirse este principio. Es la orientación pública la que debe extenderse al resto del sistema. El Estado puede hacer un llamado para sumarse a un nuevo trato que incluya financiamiento directo, el cual priorice por el CRUCH, resguarde un trato preferencial con las universidades estatales dentro de él, y pueda extender la gratuidad a las universidades privadas en la medida que se hagan parte de la vocación pública de este nuevo sistema. Para esto se requieren definiciones políticas. El gobierno tiene una iniciativa para la equidad en el acceso, lo que favorecerá la diversidad dentro de las universidades de elite. Tendría que tratarse también el tema de los regímenes de propiedad, para que sea posible dirigir recursos públicos a las universidades sin riesgo de ventas, disoluciones o quiebras. Luego, lo que ya se ha señalado: apertura de las instancias de participación y dirección, junto con la equivalencia de las condiciones para el pluralismo y control académico de las universidades. La acreditación puede ayudar en estos objetivos, pero no debe ser este proceso técnico el que proporcione el contenido de la reforma.
