Reformas en Educación: avanzar caminando hacia atrás

Al mirar desde la galería la batalla por la educación que se libra por estos días, y siguiendo el tono del debate, parecería que durante mucho tiempo hubiésemos soportado y padecido la infamia y la vergüenza. Pero, de repente, se nos apareció la nueva aurora y pudimos ver la luz. De hecho los protagonistas, de uno y otro bando, nos invitan cada día a formar parte de su cruzada. Mario Waissbluth se lamenta porque dice que “somos la Sudáfrica educativa” y clama por que se apruebe ‘la reforma’ y el diputado Jackson sufre su reflexión. Carlos Montes, uno de los pocos que conoce de cerca el Frankenstein que creó la Concertación en el área, manifiesta en un taller (también poseído por la épica del momento) que “estamos en una coyuntura en que nos puede ir bien, como, también nos puede ir mal, (ya que) no hay nada asegurado, depende mucho de lo que hagamos, cómo lo hagamos y con quiénes lo hagamos… porque la educación pública se está acabando”.

La derecha tradicional, cada vez con un olor más fuerte a naftalina, y ahora por boca de Allamand –quien pareciera haber sido teletransportado a la época de la UP, cuando era miembro de la Juventud del Partido Nacional–, nos amenaza con que la reforma “creará un movimiento social de envergadura” y pone al gobierno “en el eje del mal”. La UDI, como buen partido de ribetes leninistas, alista a sus cuadros para “resistir el comunismo en educación”. La FIDE se alinea y desarrolla, con sus apoderados, asambleas para decir que está en peligro “la libertad de enseñanza”. Mariana Aylwin, en tanto, la ex ministra símbolo junto a su ex jefa de Educación Superior Pilar Armanet, ofrecen, hoy por hoy, un espectáculo kafkiano y develan las debilidades de la ex Concertación en la cartera; dicen que “no lucran”. El gobierno, por su parte, saca a sus ministros y parlamentarios-brokers a la calle a defender su cambio de paradigma, quienes anuncian que, con las tres medidas, llegará el fin de nuestros males educativos e ingresaremos al paraíso y, de paso, proclaman, la llegada de un “hombre nuevo”.

Hasta el crítico diputado Sergio Aguiló se entusiasma nuevamente con la ex Concertación (“la derecha democrática”, como antes la llamó) y sugiere que estamos a las puertas del cielo y que “los dogmas de la derecha se están cayendo a pedazos”. El ministro, capturado por la épica del momento, dice que sus compañeros de curso eran unos “idiotas”, duda de “la capacidad de los chilenos para elegir colegios” y gráfica con cuñas construidas para la galería. Carlos Peña dirá de él “que es un hacedor de frases… uno de los peores defectos de la política”. Arde Troya y la pugna contagia al movimiento estudiantil (y lo hace crujir) y no es casualidad que, más allá de las personalidades en discordia, sean las representantes de la Universidad de Chile (emblema de lo público) y de la Pontificia Universidad Católica (blasón de lo privado) quienes pongan de manifiesto la discordia. En fin, por obra y gracia de la crisis educativa, Chile ha vuelto a ese par de coyunturas donde se decidiera su ethos como nación. ¿Pero es tan así?

[cita]Revisando el Mensaje presidencial N° 131-362, más conocido como “el fin del lucro, el copago y la selección”, el asunto resulta un poco más complejo. Para empezar, se eliminan del borrador original los artículos que creaban el Servicio Nacional de Educación y ponían este derecho por sobre la libertad de enseñanza, lo que implicaba una reforma constitucional. De hecho, la propia propuesta evidencia, ya en su segundo párrafo, sus limitaciones.[/cita]

Revisando el Mensaje presidencial N° 131-362, más conocido como “el fin del lucro, el copago y la selección”, el asunto resulta un poco más complejo. Para empezar se eliminan del borrador original los artículos que creaban el Servicio Nacional de Educación y ponían este derecho por sobre la libertad de enseñanza, lo que implicaba una reforma constitucional. De hecho la propia propuesta evidencia, ya en su segundo párrafo, sus limitaciones: “El presente proyecto se enmarca en un conjunto más amplio de propuestas gubernamentales (se supone que, luego, se ingresarán iniciativas como la carrera docente, una nueva institucionalidad para la educación pública y la creación de más subsecretarías y superintendencias, en el más clásico estilo de El método Bachelet) que forman parte de la Reforma comprometida ante el país y la ciudadanía y se hace cargo de establecer las condiciones indispensables para que Chile abandone el paradigma que señala que la educación es un bien de consumo”. Esto resulta al menos curioso en boca de casi los mismos actores que hicieron caso omiso al Informe de la OCDE de 2003 que sacó una conclusión idéntica: “El equipo de revisión comprendió que aun cuando el sistema de subvenciones y otras políticas asociadas con una visión de mercado de la educación demostraron no mejorar el aprendizaje de los estudiantes, éstas serían difíciles de terminar”. Hoy podemos suponer el motivo. Por el contrario, ese mismo año se ingresaron al Parlamento iniciativas – CAE, Ley SEP, etc.– que, con el fin de “mejorar la calidad de la educación”, no hicieron otra cosa que externalizar los recursos públicos del Mineduc, y dar origen (siempre en nombre de los más pobres), a uno de los negocios más lucrativos.

Con poca bibliografía de respaldo (un par de estudios de Bellei y Elaqcua), se articula una argumentación que sería el comienzo del fin de nuestro mal. Sobre todo, se necesita aprobar el proyecto rápido –lo que también tiene su lógica–, y para eso hay mayoría. La revolución prometida supone “la eliminación gradual del financiamiento compartido, la prohibición de la selección y el impedir el lucro en los establecimientos que reciban recursos públicos” y, para ello, “el proyecto busca reformar el sistema educativo nacional para promover la inclusión social” (aunque no se tocan los particulares pagados), así como reconocerla como un derecho social y no un bien de consumo por cuya calidad velará el Estado, haciendo que ésta no dependa de la capacidad de pago de las familias. El prospecto luego indica que dichos “cambios estructurales” requerirán la modificación de la 20.370 (LGE), la 20.529 (Calidad) y la 20.248 (SEP). Luego, cuando se detallan los alcances de tales modificaciones, estos se restringen a: impedir las discriminaciones en los procesos arbitrarios de admisión, garantizar que los recursos públicos no sean usados para el lucro, fortalecer las atribuciones de la Superintendencia (cuyas facultades respecto de la SEP ya fueron cercenadas el 2011 tanto por la derecha como por la ex Concertación) y cubrir un nuevo tramo de beneficiarios. Se calendariza un régimen transitorio de 10 años para eliminar completamente el copago, un año para que los establecimientos puedan adecuarse al nuevo régimen y dos para que los sostenedores que quieran continuar beneficiándose de la subvención cambien su naturaleza jurídica, así como 12 años para que sean propietarios efectivos del inmueble. Se ofrece la opción de transferir al Fisco la infraestructura educativa cuyo valor se pagará en un plazo idéntico, hasta por un monto de 75 UF por alumno.

Luego, al describir el detalle de las transformaciones, éstas son sencillamente menores y entre ellas vale la pena mencionar aquella que señala que el financiamiento recibido será destinado sólo para “fines educativos” y que los sostenedores deberán cambiar su actual personalidad jurídica hacia una sin fines de lucro, lo que no garantiza que dichos recursos no serán desviados, mediante figuras tributarias, a otros objetivos. Nada se dice sobre el papel del Ministerio de Educación en el cumplimiento de la nueva arquitectura educacional, en particular cuando la demanda ciudadana ha sido por más Estado (Encuesta Usach-Ipsos, diciembre 2013). Se crean nuevas agencias estatales pero no se modifica la arquitectura normativa que tiene al Mineduc jibarizado –una Superintendencia y una Agencia de Calidad sin mayores atribuciones y que en la práctica actúan de manera autónoma respecto de su “ente rector”– y que ahora, además de ser un “viejo chico y mirón”, está también ciego. Por cierto, se destinarán a financiar este proyecto más de cinco mil 800 millones de dólares que no saldrán de las mineras, ni de los más ricos, por el contrario, de acuerdo con la propuesta de reforma tributaria, será Moya quien pague nuevamente el precio de la reforma, siguiendo con la lógica implementada desde comienzos de los 90.

La calidad de la educación tampoco está definida en el proyecto y no se evidencia un cambio de paradigma. Por el contrario, tal como lo ha vivido Carlos Montes, todo podría resultar absolutamente diferente de la aspiración del movimiento estudiantil, y podría darse el caso de que, detrás de un gran anuncio, se acabe montando otro gran negocio –como el financiamiento compartido de 1993, como la LGE de 2007, o la SEP de 2008 y su principal pesadilla, las ATES, en nombre de los más pobres–. “El Transantiago de la educación”, como ya lo vaticinan los dirigentes del Mineduc, quienes perciben que el único cambio de verdad en el Ministerio es que pasaron de “los asesores de la cota mil a los nuevos yuppies”. Lo que hemos llamado la nueva burguesía fiscal.

El escenario que rodea al ministro para implementar las medidas tampoco es el más alentador, pues una parte importante de la Nueva Mayoría, la DC, se puso en la vereda de enfrente y Mariana Aylwin lleva la voz cantante de los críticos a la reforma. Tampoco la nueva administración confía en el aparato interno del Mineduc, dominado históricamente por el PDC y ven allí a un adversario potencial más que a un socio estratégico y eso los lleva a impulsar propuestas y acciones erróneas, como la del pasado 16 de mayo en que, al margen del calendario escolar, cambiaron el día del alumno y lo cedieron al Colegio de Profesores para hacer su reflexión sin que ninguno de sus principales asesores –ajenos al Mineduc– se diera cuenta, pues no confían en la jerarquía regular. Se pudo evidenciar lo mismo en un programa televisivo, donde se observó a un Eyzaguirre sin manejo de los temas duros de la cartera.

En estricto rigor, lo que más sobresale en el proyecto es el intento por introducir mecanismos de regulación en el mercado educativo que, hasta hoy, funciona como capitalismo salvaje, casi como paraíso fiscal. Todavía está lejos de acabarse la sentencia de Sol Serrano, quien manifestó –en su reconocido libro Nación y Universidad– que, a partir de inicios de los años 80, Chile ingresó en una nueva fase respecto de las políticas educativas, aunque igualmente impulsada desde el Estado como se había hecho desde los albores de la república, pero esta vez para desembarazarse de sus funciones tradicionales y depositar el impulso modernizador en el mercado y en la sociedad. Con los cambios propuestos actualmente, esta tradición iniciada en dictadura, aún está sin concluir. Mucho maquillaje no logra ocultar las arrugas y pliegues de una educación pública que, parece, continuará cayéndose a pedazos, pese a los discursos y el histrionismo de sus protagonistas. Ellos no saben que muchas veces en educación se cree avanzar hacia el futuro caminando para atrás.