Opinión
Las empresas auditoras no debieran ser contrapartes directas en estas materias. Dichas empresas tienen, para bien o para mal, intereses directos en la cuestión. Si lo anterior no fuera suficiente, están aquellas, en general cuestionadas en sus funciones, a raíz de fracasos, en muchos casos que no vale la pena ya repetir y que han afectado la confianza en el mercado de capitales chilenos.
Entre las muchas cuestiones que han causado estupefacción con motivo de la tramitación de la reforma económica tributaria, se encuentra un hecho que merece una particular atención. Se ha informado que senadores de la Comisión de Hacienda, pertenecientes a la Nueva Mayoría, habrían solicitado al director del Servicio de Impuestos Internos que reciba a algunas empresas auditoras de Chile, para que analicen con ellas los problemas que plantea la reforma tributaria, en relación con el nuevo sistema de determinación de las rentas, con ocasión del reemplazo del FUT y otros aspectos. Al parecer, el alto personero de Estado habría accedido a tal petición insólita.
La forma en que se tramita la reforma tributaria escapa a las buenas prácticas políticas e institucionales. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados hizo un despacho a la ligera, votando a fardo cerrado, con lo que se deslegitima, como Cámara de origen, en estas materias, tan relevantes.
Advertido el Senado de que sólo ante él los grandes afectados por la reforma harían recién ver los problemas de la misma, la Cámara de revisión ha acordado desarrollar una vasta actividad informativa, invitando a distinguidos personeros, y especialmente del área económica, que han alertado acerca de los efectos de la reforma sobre la economía en su conjunto, sin referirse casi nadie a los efectos fiscales, al uso de los recursos y a los medios del SII para asumir las nuevas tareas de suyo complejas para un servicio congestionado.
Hasta aquí la cosa parecía ir más o menos bien, pero ocurre que de pronto el Senado decide hacer intervenir a las auditoras, que son empresas privadas, para que actúen como interlocutores directos de la autoridad pública.
[cita]La situación descrita causa mayor inquietud, si se piensa que se podría estar dando la imagen pública de que el señor director de Impuestos Internos aparezca dando examen de una propuesta legislativa del gobierno ante aquellos que habitualmente representan, ante el Servicio de Impuestos Internos, a lo más grandes contribuyentes. Las auditoras prestan servicios de asesoría legal y contable, asesoría estratégica y otros, que hacen que estas empresas sean las contrapartes del control que ejerce el Servicio de Impuestos Internos, en los casos más importantes.[/cita]
Se trataría de una suerte de delegación de facultades en estos verdaderos cónsules que le dirán, suponemos, al mismo Senado, si les parece bien o mal la reforma.
La opinión pública podría llegar a concluir que el Senado, en estas materias, estaría algo así como renunciando a facultades que debería ejercerlas solicitando, derechamente, a organismos técnicos, independientes, del propio Estado, como el Banco Central, el INE o Universidades prestigiosas, que elaboren informes sobre aspectos que los señores senadores consideren indispensable esclarecer, de tal manera que su resolución final se encuentre debidamente informada.
Causa preocupación en la opinión pública que distinguidos senadores de gobierno actúen erróneamente, como una subcomisión, entendiéndose directamente con la autoridad financiera, sin la participación de los restantes miembros de la Comisión de Hacienda. Tal proceder no conduce a una recta comprensión por parte de la sociedad civil de la labor de los órganos públicos y de las delicadas funciones legislativas.
Las empresas auditoras no debieran ser contrapartes directas en estas materias. Dichas empresas tienen, para bien o para mal, intereses directos en la cuestión. Si lo anterior no fuera suficiente, están aquellas, en general cuestionadas en sus funciones, a raíz de fracasos, en muchos casos que no vale la pena ya repetir y que han afectado la confianza en el mercado de capitales chilenos.
La situación descrita causa mayor inquietud, si se piensa que se podría estar dando la imagen pública de que el señor director de Impuestos Internos aparezca dando examen de una propuesta legislativa del gobierno ante aquellos que habitualmente representan, ante el Servicio de Impuestos Internos, a lo más grandes contribuyentes. Las auditoras prestan servicios de asesoría legal y contable, asesoría estratégica y otros, que hacen que estas empresas sean las contrapartes del control que ejerce el Servicio de Impuestos Internos, en los casos más importantes.
Seguramente no todas las auditoras se reunirán con el director señalado, sino que serán siempre aquellas que se denominan, a sí mismas, las más grandes, las que tienen los clientes más poderosos. Esto prueba, otra vez que, más allá de los errores que contiene la reforma tributaria, el asunto se está oscureciendo por las fallas institucionales manifiestas, ya que ni la autoridad legislativa ni el Ejecutivo han dispuesto de suficientes estudios e informes, previos a la decisión de enviar el proyecto y de aprobarlo en general o particular, elaborados a petición expresa del Poder Ejecutivo o Legislativo.
Esperamos que el Senado enmiende lo actuado y solicite informes que den certeza sobre los efectos de las reformas tributarias en la economía. El bien común requiere que el Senado, órgano fundamental de la República, recabe informes calificados, los que debieran ser elaborados con una máxima objetividad por instituciones independientes. Sólo así se logrará un proceso legislativo que dé seguridad a la comunidad. El Parlamento dispone de una Asesoría Técnica Parlamentaria y asesorías externas, las que, en el caso de la reforma tributaria, han resultado insuficientes. De allí que constituya una primera prioridad que el Poder Legislativo disponga permanentemente de asesorías de la más alta calidad, para que así se eviten consultas innecesarias a terceros interesados.
Es lo menos que se puede pedir a estas alturas.
