El Ministro de Educación ha desplegado una amplia ofensiva, para reafirmar la voluntad del gobierno de cumplir su promesa de reconstruir un sistema nacional de educación pública, gratuita y de calidad, terminando con la «pesadilla», como acertadamente la ha calificado, en que ha devenido el experimento extremista de atender este derecho social mediante la creación forzosa desde el Estado, de un mercado educacional.
El Ministro merece un amplio apoyo en este propósito. Al mismo tiempo, parece conveniente evitar repetir errores de conducción, como los que empantanaron el asimismo loable propósito gubernamental de hacer una reforma tributaria mayor, cuyo reciente traspié en el Senado motiva esta reacción del Ministro de Educación en primer lugar.
Un diseño apresurado puede resultar en complicaciones, como sucedió con la propuesta de Hacienda. La idea de Eyzaguirre de restringir la gratuidad a un «College» de cuatro años, por ejemplo, tiene todas las trazas de ir por este mal camino. Estas improvisaciones ayudan a los reducidos sectores que se benefician con el esquema actual, en su mezquino propósito de entorpecer estas reformas indispensables, en la ilusión que más adelante puede cambiar el clima político que hoy favorece ampliamente su implementación.
El diseño de la reforma no es asunto técnico sino político. Debe estar orientado estrictamente por el objetivo de transformar el actual esquema privatizado, en el nuevo sistema de educación pública gratuita, en todos los niveles. Las grandes reformas no destruyen nada, sólo cambian el carácter de lo existente. Ésta no será la excepción.
Lo principal es identificar quienes son los actores del sistema actual que necesariamente deben ser incorporados al nuevo y proponerles un esquema de transformación que los estimule a adherir voluntariamente, o al menos neutralice su resistencia. Al mismo tiempo, es necesario aislar de partida a los actores que no resultan viables ni en el esquema actual ni en el nuevo y garantizar a sus comunidades su traslado a otras instituciones.
Una manera sencilla de hacer la transición puede ser la que ha insinuado el nuevo rector de la Universidad de Chile al congelar los aranceles del 2015, apostando a que el Estado le va a aportar directamente los recursos que habría proporcionado un eventual reajuste, los que requiere de modo imperioso.
Es una apuesta acertada, pero no se trata sólo de congelar los aranceles sino reducirlos. Por ejemplo, se puede proponer a todas las instituciones que se desea incorporar al nuevo sistema público, que reduzcan sucesivamente sus aranceles en un sexto cada año, hasta cumplir de ese modo la promesa de gratuidad del programa de gobierno.
A cambio de ello, el Estado debe comprometerse a reponer con creces los recursos que se dejan de percibir con la rebaja de aranceles, mediante aportes directos y estables al presupuesto de estas instituciones.
Precisamente, el reemplazo del financiamiento por venta de servicios por financiamiento presupuestario estable, es la clave de la desmercantilización y fin del lucro, así como la principal palanca de mejora de calidad.
La manera de garantizar el derecho universal a una educación pública gratuita no es dar «vouchers» a todos los estudiantes. Ello evidentemente sólo profundizaría la mercantilización y privatización de la educación, con todas su consecuencias de «pesadilla».
La forma de garantizar este derecho es conformar un sistema nacional de educación pública que entregue educación de calidad en forma gratuita, al cual se acceda sin discriminación ninguna, y expandirlo sucesivamente en la medida de las posibilidades del Estado.
El nuevo sistema público gratuito deberá conformarse en primer lugar con los remanentes del antiguo sistema público, los que han logrado sobrevivir a duras penas y se encuentran en una situación límite. Ellos deben recuperarse con decisión, asignando a esta tarea todos los recursos que sean necesarios.
En el caso de la educación básica y media, lo principal es la desmunicipalización y reconstrucción de un servicio nacional de colegios públicos. Éste debe conformarse, sin vacilaciones ni nuevos experimentos «descentralizadores», destinados al fracaso.
En el caso de la educación universitaria, evidentemente se deberán mejorar y expandir con decisión las universidades públicas. Será necesario atender a su crítica situación actual, resolver los casos de dos o tres que son inviables en su forma actual y reorganizarlas por región.
En el caso de la educación terciaria técnica y profesional, es imperioso reconstruir un actor estatal. Lo más lógico es revertir la escandalosa entrega de INACAP a sus directivos en las postrimerías de la dictadura.
En segundo logar, el nuevo sistema público deberá incorporar a como de lugar a las instituciones no estatales tradicionales de reconocido prestigió y evidente condición sin fines de lucro. Es el caso de las universidades no estatales del CRUCH y sus filiales técnicas, entre ellas el DUOC.
En tercer lugar, el nuevo sistema deberá incoporar a las principales instituciones privadas sin fines de lucro y de calidad reconocida, que operan en todos los niveles al amparo de los subsidios estatales. A todas ellas se deberá ofrecer un plan de incorporación al sistema público, al cualuedan optar voluntariamente con participación de todos los miembros de sus respectivas comunidades.
Al mismo tiempo, debe identificar y aislar a aquellos otros actores que no resultan viables ni en el nuevo esquema ni en el actual y proceder con decisión a su intervención. Lo principal en este caso es garantizar a sus alumnos, profesores, académicos y directivos, que serán trasladados sin traumas y con ventaja, a las instituciones que se incorporen al nuevo sistema. Ello debe ser efectuado cuanto antes, de modo que quede en evidencia que la falencia de estas instituciones se origina en el esquema actual de mercado y no en la reforma.
Finalmente, habrá otras instituciones que no se interesen en incorporarse al nuevo sistema público. Ellas deberán recibir garantía que podrán continuar operando en todos los niveles con financiamientos exclusivamente privados, en la medida que satisfagan ciertas condiciones generales válidas para todos los actores educacionales.
