Parafraseando al teórico de la comunicación Marshall McLuhan, “el medio es el mensaje”. Tenemos un pronunciamiento del Ministro de Educación que termina expresando, intencionadamente o no, los intereses políticos que se dirigen a debilitarlo. Como resultado, las posibilidades de que la gratuidad sirva también como instrumento para llevar a cabo modificaciones más profundas y necesarias para el sistema educativo se ven perjudicadas, lo que se añade a la confusión aportada por el propio Ministro.
La entrevista que Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales (UDP) y columnista de El Mercurio, hizo al ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre para la edición del domingo pasado de ese mismo diario, se puede leer en dos niveles de análisis: el medio y el mensaje.
En cuanto al mensaje, y concentrándonos en el ámbito de la educación superior, la entrevista ha trascendido por la gran salida de libreto del ministro: sugerir que la implementación de la gratuidad se asocie a cuatro años de duración de las carreras, “lo que dura un college”. El anuncio es políticamente equívoco, no sólo porque afecta al tema de la gratuidad propiamente tal, que es uno de los ejes del compromiso político del gobierno de la Nueva Mayoría con el Movimiento Social. Lo es también porque introduce nuevas dudas sobre la dirección que el Ministerio está tratando de darle a la reforma de la educación superior, en particular si acaso se busca también impulsar una reducción en la duración de las carreras y la articulación con el postgrado, de acuerdo al recurrente interés por ajustar el sistema chileno a las formas del proceso de Bolonia. Sin profundizar en las implicancias de un cambio en esta dirección –que, de todas maneras, apuntaría también a contrarrestar un problema real de eficiencia del sistema chileno– la falla del mensaje del ministro consiste en no ofrecer una explicación sobre la relación entre gratuidad y duración de las carreras, que vaya más allá de consideraciones económicas, y se vincule con el sentido público de la reforma educacional. En lugar de esto, Eyzaguirre aparece proponiendo una gratuidad a medias, o en 4/5. El costo para el ministro ha sido cierta hipoteca de su capital político, aunque durante la semana se ha abocado a la tarea de recuperarlo.
[cita]Parafraseando al teórico de la comunicación Marshall McLuhan, “el medio es el mensaje”. Tenemos un pronunciamiento del ministro de Educación que termina expresando, intencionadamente o no, los intereses políticos que se dirigen a debilitarlo. Como resultado, las posibilidades de que la gratuidad sirva también como instrumento para llevar a cabo modificaciones más profundas y necesarias para el sistema educativo se ven perjudicadas, lo que se añade a la confusión aportada por el propio ministro.[/cita]
Luego tenemos el medio: el diario El Mercurio que, por un lado, nunca ha renunciado a su rol como actor político, y su columnista estrella, el rector Peña, que, por el otro, tampoco encuentra en su rol como directivo de una universidad privada una limitante para tratar de influir permanentemente sobre el sentido y alcance de la reforma educativa. No se trata, en todo caso, de que los rectores tengan que abstenerse de comentarios, por el contrario, su participación es necesaria para justamente darle contenido a una reforma que se define tanto en el plano político como en el de la opinión pública –de ahí la relevancia del medio–. El problema es que sea el mismo rector Peña quien haga la entrevista que resulta en el debilitamiento político del ministro de Educación, y junto con ello de la misma reforma. El golpe viene de tan cerca que llega a ser burdo. El hecho de que un rector que representa y frecuentemente habla por una de las partes interesadas en la reforma –un sector de universidades privadas que aspiran a ser reconocidas por su orientación pública, de excelencia o de elite– sea el que hace la entrevista para el más importante diario de derecha, por ende, opuesto a la reforma, y se dedique a hacer preguntas sobre cómo el ministro trata y finalmente se contrapone a los distintos grupos e intereses afectados por la misma reforma, es inédito y ridículo. Claro que las motivaciones del rector en este episodio no son manifiestas, pero las consecuencias en cuanto a agitar el camino de la reforma son obvias. Entre las reacciones de los distintos actores, aparece incluso la de un miembro del mismo Consejo Directivo de la UDP, José Joaquín Brunner, quien señala en una entrevista radial que la continuidad del ministro ha sido puesta en duda. Fuera de la colaboración intelectual mutua que Peña y Brunner hayan sostenido, al estar reunidos en una instancia directiva universitaria que no es democráticamente elegida, comparten el estatus de ser funcionarios de un mismo interés corporativo.
Parafraseando al teórico de la comunicación Marshall McLuhan, “el medio es el mensaje”. Tenemos un pronunciamiento del ministro de Educación que termina expresando, intencionadamente o no, los intereses políticos que se dirigen a debilitarlo. Como resultado, las posibilidades de que la gratuidad sirva también como instrumento para llevar a cabo modificaciones más profundas y necesarias para el sistema educativo se ven perjudicadas, lo que se añade a la confusión aportada por el propio ministro.
Episodios como este ponen de manifiesto la tendencia del sistema de educación superior chileno hacia la operación de universidades y redes de universidades como grupos de interés, con capacidad de presión latente en la medida que se articulan con actores políticos y proyectos ideológicos, y que típicamente adquieren visibilidad en la opinión pública a través del rol de directivos y dueños. De esta manera, el contexto de la reforma es especialmente exigente en cuanto a la administración de tales entramados de intereses corporativos y presiones políticas. Es crucial, en consecuencia, que la reforma no pierda la capacidad de trascender estos intereses si es que se busca conseguir una transformación efectiva dirigida a restituir el sentido público del sistema de educación superior.
Es importante que en este momento histórico en Chile, cuando se abre la oportunidad real de refundar su sistema de educación, los directivos de las universidades, al igual que académicos y estudiantes, hagan aportes sustantivos, más allá de perspectivas instrumentales, que permitan reconstruir el sentido de la educación e investigación pública ante la ciudadanía y la política. El ejemplo que dan las universidades es, en este sentido, fundamental. Entonces si la “esfera pública” que suele invocar el rector Peña se construye a partir la privatización de medios públicos, como la UDP se apropió los archivos del diario La Nación, o de intervenciones en la opinión pública que, como ésta, generan controversia por el conflicto de interés que las determina, pues la calidad de esta “esfera pública” que se produce, al menos desde un punto de vista kantiano –que finalmente justifica el uso del concepto–, no es generalizable, es decir, no es sostenible.
La sostenibilidad política de la reforma depende de su anclaje en el fortalecimiento y expansión del sistema público de universidades. La incorporación de las universidades privadas, como la UDP, debiera luego depender de su ajuste a las condiciones académicas e institucionales de un régimen público. De otra manera se corre el riesgo de perpetuar la situación actual, donde el repertorio de acción disponible, para parte de las universidades privadas y los sectores políticos contrarios a la reforma, sea buscar desvirtuar el sentido público de la reforma misma.
