Las redes de la industria pesquera por perpetuar la Ley Longueira

Apenas se percató de que al otro lado de la mesa –en representación de la Subsecretaría de Pesca– estaba ubicada la exasesora del diputado de la UDI Sergio Bobadilla, el presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), Hernán Cortés, pidió la palabra en la sesión de la Comisión de Pesca realizada a mediados de abril pasado.

Cortés aseguró que la presencia de Antonella León en la sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados ratificaba un vínculo estrecho entre la Subsecretaría de Pesca y Sergio Bobadilla, uno de los diputados más activos en la defensa del sector industrial durante la tramitación del proyecto sobre la nueva Ley General de Pesca, retirado por el actual Gobierno a fines de marzo.

El representante de los pescadores artesanales ya había manifestado que el retiro de la nueva Ley –en reemplazo de la cuestionada Ley Longueira– era “un error garrafal” del Gobierno. “Vienen a proteger los intereses de aquellos que profitaron de esta ley corrupta y quieren seguir haciéndolo”, acusó sobre el arribo de las nuevas autoridades. Por esta razón, le resultó aún más insólito encontrarse con Antonella León en la Comisión de Pesca.

Consultado ahora por el episodio, Cortés asegura que le pareció “incorrecto” –“por llamarlo de alguna forma”, dice– que la exasesora del diputado Bobadilla –acusado de incorporar indicaciones a la nueva ley copiadas de un informe de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca)– estuviera trabajando de la mano del nuevo subsecretario de la cartera, Osvaldo Urrutia, abogado experto en Derecho del Mar que también ha sido asesor del principal gremio que agrupa a las grandes industrias pesqueras.

“Estamos en el peor de los mundos”, dice el dirigente a El Mostrador. “Creo que en esto existe una señal clara… Para nosotros la Subsecretaría de Pesca está intervenida por la industria”. Además –asegura Cortés–, existiría una continuidad en el trámite de la ley entre el parlamentario y su exasesora que ahora presta servicios en la subsecretaría.

“En el fondo, lo que estaba haciendo Bobadilla en el Parlamento, de poner cortapisas al avance del nuevo proyecto de ley, lo finaliza al colocar en la subsecretaría a su exasesora, que termina retirando el proyecto de ley”, plantea el dirigente.

El retiro de la nueva Ley General de Pesca no hace otra cosa que resucitar la cuestionada Ley Longueira, reactivando las sombras del caso Corpesca que terminó con condenas a parlamentarios por cohecho y fraude al fisco. Al igual que en el caso de financiamiento irregular de la política que comprometió a la industria pesquera el año 2013, la tramitación de la hoy retirada nueva Ley General de Pesca ha tenido su propio déjà vú.

Luego de una larga vuelta, todo parece haber regresado al mismo sitio. O, quizá, a un escenario peor. Para muestra un botón: a la reunión en que Cortés se encontró con Antonella León, no llegaron los ministros de Hacienda y de Economía, y el subsecretario Urrutia se retiró del encuentro sin responder las preguntas de la oposición.

Bancada pesquera

Probablemente el episodio más sintomático de “querer cambiar todo para que nada cambie”, fue cuando Ciper destapó –en junio de 2024– que los entonces diputados Sergio Bobadilla (UDI), Cristhian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (ind-RN) hicieron copy-paste de 211 indicaciones presentadas a la nueva Ley General de Pesca, las cuales fueron recogidas íntegramente de un informe de Sonapesca.

Las indicaciones que realizaron los parlamentarios, representando los intereses de los industriales pesqueros, buscaban eliminar la sanción por pesca en veda, evitar el aumento de sanciones contempladas en el proyecto original y limitar el territorio de la pesca artesanal, entre otros objetivos.

El episodio antes mencionado recordó los constantes “pauteos” de las empresas a los exdiputados Jaime Orpis y Marta Isasi, y las indicaciones que recibió Jacqueline Van Rysselberghe de la asociación de empresas pesqueras agrupadas en Asipes, durante la tramitación de la antigua Ley Longueira. Todos ellos, por cierto, vinculados a la UDI.

Pese a un intento de persecución penal, iniciada por el diputado Jorge Brito, Bobadilla nunca ha sido investigado por eventual cohecho en el Ministerio Público. Es más, el parlamentario todavía es integrante de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, miembro histórico de la denominada “bancada pesquera”, y ahora cuenta –además– con una exasesora instalada en la Subsecretaría de Pesca.

Aunque su nombre aún no aparece en las planillas de sueldo de la subsecretaría, Antonella León todavía figura en la página de la Fundación Jaime Guzmán (FJG) como asesora en el área legislativa, un rol que el think tank de derecha ha practicado desde su fundación. Hoy incluso –según un reciente reportaje de El Mostrador– 68 millones de pesos fueron a parar a la FJG y al Centro de Estudios Republicanos solo entre enero y marzo de este año.

León ha participado en discusiones parlamentarias, representando a la Fundación Jaime Guzmán en la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, pero donde se la ha visto con más frecuencia ha sido en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara, en representación del diputado Sergio Bobadilla.

Desde el inicio de la discusión general de la nueva Ley de Pesca –y también la ley de fraccionamiento pesquero–, el nombre de Antonella León figura en las actas de las respectivas instancias legislativas. Incluso cuando figuraba como asesora de Bobadilla, aparecía escribiendo columnas en diversos medios de comunicación, representando –en paralelo– a la Fundación Jaime Guzmán.

El 10 de enero de 2025, León escribió en La Tercera que en la discusión sobre el proyecto de fraccionamiento pesquero el Senado debía escuchar a “todos los actores relevantes” y tomarse “el tiempo necesario para elaborar una política pública sólida, que no solo beneficie a los sectores involucrados sino también a la nación en su conjunto”. La estrategia, al igual que en la nueva Ley General del Pesca, fue precisamente dilatar al máximo su tramitación.

A diferencia de la Ley de Fraccionamiento Pesquero que sí fue promulgada, la nueva Ley General de Pesca fue interrumpida justo cuando se encontraba en su etapa de votación en particular. Al momento de su retiro, los 11 primeros títulos –de un total de 12– habían sido votados artículo por artículo, con un 60% de ellos aprobados por unanimidad.

Echar por tierra el proyecto fue dejar sin efecto –según datos del propio Gobierno– más de 200 encuentros que reunieron a alrededor de 6 mil participantes, entre ellos, espacios de reflexión y debate que involucraron a distintos actores provenientes del sector pesquero artesanal, industrial y científico.

El nuevo timonel de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, tampoco ha estado exento de críticas. Tras anunciar el retiro del proyecto de ley, asegurando que “no queremos proyectos refundacionales”, se supo que el abogado con un doctorado en Victoria University of Wellington también había elaborado informes para Sonapesca.

Al ser consultado al respecto en una entrevista, Urrutia admitió que antes del asumir el cargo de subsecretario había realizado un informe para el gremio de industriales pesqueros el año pasado, alertando sobre los riesgos a traspasos de cuotas internacionales de jurel a firmas chilenas, el que luego se incluyó en la ley de fraccionamiento. “Le presté servicio al que me lo pidiera”, aseguró a El Mercurio, señalando que había sido bastante transversal al aceptar trabajos de organizaciones no gubernamentales, asociaciones ambientales e industrias.

• La Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y con la Fundación Jaime Guzmán, buscando aclarar los vínculos y relaciones entre el parlamentario, su asesora y el nuevo subsecretario, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.