El modelo de Estado chileno –que genera políticas públicas que luego se licitan– favorece, así, a un número de actores privados cuyo trabajo se sostiene en función del Simce. Aun cuando el sistema pueda parecer una alternativa práctica y beneficiosa para el sistema de educación pública, al permitir una diversidad de ofertas y experiencias, la consecuencia implícita es la reducción de las capacidades del Estado para poder desarrollar, monitorear e implementar las políticas públicas.
El pasado 30 de julio, El Mostrador publicó un reportaje con una descripción general del negocio del Simce en nuestro país. Con respecto a ello, nos gustaría aportar con algunas reflexiones acerca de los actores involucrados, el funcionamiento interno de una ATE y su relación con el Simce.
El modelo de Estado implementado en Chile tiene como principal característica su dependencia del mundo privado. En su gran mayoría, la política pública delega la provisión de servicios públicos en actores privados. De esto existe una infinidad de ejemplos, pero nos interesa en particular mencionar la forma en que este modelo funciona con respecto al Simce.
El Simce es una política pública que está definida en la Ley General de la Educación y cuyas últimas modificaciones se encuentran en la Ley de Aseguramiento de la Calidad. Como tal, es una política que fue debatida y aprobada en el Congreso. Sin embargo, la existencia y operación del Simce se sostiene en la licitación de su diseño y aplicación a empresas que, con o sin fines de lucro, hacen posible su existencia. La Agencia de la Calidad de la Educación, organismo encargado del Simce desde el 2011, delega también en empresas privadas los estudios y evaluaciones respecto del trabajo que ella misma realiza en torno al Simce. Estas licitaciones incluyen no sólo la elaboración de las diversas pruebas y cuestionarios, sino también su aplicación y evaluación. Un ejemplo de lo anterior es la licitación adjudicada al Centro de Políticas Comparadas en Educación de la Universidad Diego Portales, por un monto de aproximadamente 50 millones de pesos, para desarrollar cuadernillos Simce. Como se puede ver en la página web del referido centro, dentro de los académicos de esta organización se encuentran José Joaquín Brunner, un enérgico defensor del Simce, y Ernesto Treviño, quien forma parte del equipo de expertos convocado por el Mineduc para evaluar y mejorar dicha prueba (ver licitación 721703-25-LP13). Otro ejemplo es el llamado a concurso para la elaboración de preguntas del Simce, cuya última licitación fue adjudicada por MIDEUC, organismo perteneciente a la PUC y que actualmente dirige Jorge Manzi (quien también es parte del equipo de expertos presentado por el Mineduc). Por otro lado, un gran número de profesionales y técnicos, muchas veces vinculados a universidades o centros de investigación públicos, economistas e ingenieros en su mayoría, basan su desarrollo profesional en las investigaciones que realizan gracias a los datos del Simce. A través de sus estudios es que se justifican, posteriormente, las políticas públicas que son sugeridas a las autoridades o que son sugeridas por las mismas autoridades.
[cita]El modelo de Estado chileno –que genera políticas públicas que luego se licitan– favorece, así, a un número de actores privados cuyo trabajo se sostiene en función del Simce. Aun cuando el sistema pueda parecer una alternativa práctica y beneficiosa para el sistema de educación pública, al permitir una diversidad de ofertas y experiencias, la consecuencia implícita es la reducción de las capacidades del Estado para poder desarrollar, monitorear e implementar las políticas públicas.[/cita]
El único argumento posible para la implementación de este modelo público dependiente de lo privado en educación es económico. Una empresa que se dedica a la evaluación de la educación es capaz de garantizar ciertos niveles de experiencia que pueden eventualmente ser más eficientes a que si la Agencia decidiera tener un departamento público que se dedicara a elaborar las pruebas y cuestionarios. El problema es que a largo plazo dicha tercerización deteriora la capacidad que tiene el Estado para hacerse cargo de la implementación de las políticas públicas, haciéndolo crecientemente dependiente del mundo privado. El mundo privado, por su parte, se beneficia de esta relación. Esto es lo que hace tan complejo que personas que tienen relaciones o directamente trabajan en estas empresas, estén involucradas al mismo tiempo en el desarrollo de políticas públicas, pues son ellas mismos quienes recibirán los beneficios de las licitaciones que esas políticas requieran.
El modelo de Estado chileno –que genera políticas públicas que luego se licitan– favorece, así, a un número de actores privados cuyo trabajo se sostiene en función del Simce. Aun cuando el sistema pueda parecer una alternativa práctica y beneficiosa para el sistema de educación pública, al permitir una diversidad de ofertas y experiencias, la consecuencia implícita es la reducción de las capacidades del Estado para poder desarrollar, monitorear e implementar las políticas públicas.
Las ATE tienen un lugar especial en las relaciones comerciales y negocios del Simce. Las ATE son personas naturales o jurídicas que postulan al Registro ATE y que, una vez aceptadas, pueden vender sus servicios a las escuelas o corporaciones. A su vez, las escuelas pueden utilizar los fondos públicos que reciben por concepto de Ley de Subvención Escolar Preferencial para pagar los servicios de mejoras educativas que las ATE ofrecen. Estos servicios de mejoramiento escolar se enmarcan en cuatro áreas: Gestión Curricular, Liderazgo, Convivencia Escolar y Gestión de Recursos. Sin embargo, los resultados obtenidos en dichas áreas son escasamente relevantes. El indicador con mayor peso (70%) que orientará la toma de decisiones respecto de las escuelas es uno solo: el Simce. Efectivamente, con el nuevo sistema de ordenacion de las escuelas llevado a cabo por la Agencia de Calidad de la Educación, los malos resultados del Simce pueden conducir incluso al cierre de la escuela luego de cuatro años. Esto lleva a las escuelas a priorizar aquellos servicios que se orienten a mejorar los resultados de sus estudiantes en el Simce en lugar de priorizar una mirada global de la institución escolar.
Entrevistamos al director académico de una ATE, que prefirió mantenerse en el anonimato, para preguntarle por su visión del mercado de las ATE en Chile. Nos comentó que la preponderancia del Simce como indicador de logro con que se evalúa a las escuelas, los obliga a incorporar al Simce en su propuesta de asistencia técnica, aun cuando el objetivo de su trabajo no esté asociado a este indicador. En efecto, en su trabajo como asesores de escuelas, él y su equipo se dieron cuenta de que existían discrepancias entre sus conocimientos acerca de cómo mejorar el aprendizaje de los alumnos y los resultados obtenidos por los estudiantes en el Simce. Esto los llevó a preguntarse qué evalúa el Simce y a plantear la posibilidad de que, para aumentar los puntajes Simce, es más eficiente concentrarse en enseñar a los estudiantes a responder una prueba que enseñarles a comprender con mayor profundidad los contenidos. En este escenario, esta ATE se debate entre entrenar para el Simce o mejorar el aprendizaje de los estudiantes. De la misma manera, para las escuelas resulta más tentador dedicarse específicamente al Simce, porque genera resultados más rápidos. Como ATE, entienden que para mejorar el sistema público es necesario entender y trabajar con la complejidad multisistémica del aprendizaje. Para él, esto implica profundidad en el aprendizaje de contenidos –no sólo contenidos mínimos que se puedan entrenar–, así como una buena gestión escolar, específicamente en la gestión y funcionamiento del aula. Ellos preferirían que cualquier intervención se hiciera desde la visión de la escuela como un sistema completo. En este sentido, las posibilidades de las ATE para apoyar el trabajo de la escuela chocan con varios factores. La multiplicidad de intervenciones que ya se han hecho, la dificultad que ya tienen las escuelas con su gestión para incorporar nuevas intervenciones y el peso que tiene el Simce en la evaluación de su trabajo de asistencia técnica. Es así como, a las dificultades ya existentes, se agrega la distorsión de enfoque que el Simce genera en las escuelas y consecuentemente en las ATE que ellas contratan. En efecto, la mayoría de sus propuestas de asesoría están enfocadas en subir los puntajes del Simce de los estudiantes, porque esto les permite mayor competitividad como empresa.
Todo lo anterior nos muestra que el Simce no es sólo la aplicación de una prueba una vez al año a ciertos niveles escolares, como la clase política y los técnicos involucrados en su creación, implementación y estudio nos quieren hacer creer. En la mantención del Simce se mezclan intereses económicos y políticos y, por cierto, ideológicos, como lo ha hecho ver un gran número de actores sociales. No sólo tiene el propósito de generar información sobre la calidad de la educación como un bien de mercado, sino que es, a su vez, un mercado en sí mismo. Creemos absolutamente necesario que como ciudadanía se nos aclaren las relaciones entre los centros, individuos y organizaciones que reciben dinero de las escuelas o el Estado en relación al Simce, ya sea con o sin fines de lucro, y su relación con las personas que participan de la creación de las políticas educativas.
