La reciente encuesta CEP, farandulizada por su capítulo sobre la educación en el país, tiene un acápite tristemente olvidado, más no de manera antojadiza: el laboral.
Hijos emancipados de su neoliberal tiempo, los derechos sociales gozan de una dispar suerte en instrumentos de teórica opinión pública como son las encuestas. Es razonable que se le dé más tribuna a lo educacional, dirán algunos, dada la coyuntura reciente, desde las acusaciones constitucionales, pasando por las destituciones ministeriales, rematando en la impresentable forma de elaborar su cuestionario, instrumental respecto de los objetivos políticos que la derecha pretende instaurar como doctrina desde esta sede. La verdad sea dicha, este juicio tampoco es posible descartarlo en materias del trabajo, a las que la encuesta ingresa.
Antes de entrar en materia, permítame el lector un pequeño exordio en torno a dos cuestiones. La primera, referirme a quién elabora la encuesta cuyo tópico laboral comentaré, y la segunda, muy coligada, a lo que construye un centro con redes como el presente. El Centro de Estudios Públicos es el centro favorito del empresariado chileno, con un director ex Ministro de Educación (enemigo acérrimo y declarado de la Reforma Educacional), y con múltiples directores de filiación corporativa y mediática al menos cuestionable.
A pesar de lo anterior, y a decir verdad, como consecuencia de lo anterior, no es contradictorio que los medios de comunicación (extensión natural y mandatada de quienes gobiernan el Centro) inyecten en la matriz constitutiva de la realidad y gramática social conceptos que se van afincando en el inconsciente colectivo. La “credibilidad”, la “seriedad”, los “se aproxima la encuesta CEP, y tiembla el mundo político”, son todos mensajes positivos mediatizados que es posible asociar al concepto marco “CEP”, y que van conjeturando progresivamente una realidad y un sentido: lo que nos dice la encuesta CEP de nosotros mismos, “es”, y ergo, es fiable. Y en tanto “es”, constituye un espejo que supera la maraña de significados subjetivos que es, en parte, la realidad, y se transforma sin pataleo alguno y en muchos casos, en facticidad objetiva. Todo, tras el ingenuamente democrático argumento según el cual las encuestas le dan la oportunidad al ciudadano de tener opinión, deviniendo con ello en irrelevante el derrotero histórico-jurídico excluyente propio de la fauna político-social nacional.
En todo caso, y en segundo lugar, reduccionista sería achacarle la continuidad de los males sociales a los estudios de un Centro recién creado en 1980 (fecha y era, con todo, no menor). Von Bismarck tenía razón: “La gente no dormiría tranquila si supiera cómo se hacen las salchichas y las leyes”. Lo laboral es hijo de intereses que poco y nada guardan relación con quienes abjuró tutelar, y ello en Chile, es palmario. Revísense los acontecimientos recientes con incidencia positiva y/o social en materia de trabajo en Chile, y se verá que en ninguno de ellos el actor trabajador tuvo participación relevante para concretizar sus intereses, siendo simplemente otros quienes emplearon lo laboral para justificar sus propios objetivos. “Ruido de sables” en 1924 y, mágicamente, se aprueba un cuerpo de leyes que significará el primer Código del Trabajo. Asilo de la dirigencia sindical a partir de la aplicación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, en vistas a controlar la agitación comunista. Instrumentalización del sindicalismo entre 1970 y 1973 para concretar, legitimación de la fuerza incluida, el ideario económico del gobierno. Y luego, tenemos el funesto Plan Laboral ya en dictadura, con meros maquillajes concertacionistas a su neoliberal e individualista modelo impuesto, incluyendo los cándidos discursos sobre los “gobiernos ciudadanos”, los “nuevos tratos laborales”, whisky y caviar en ENADE.
No resulta extraño entonces que, en la Encuesta CEP, las preguntas y opciones formuladas ante las mismas sean extraordinariamente tendenciosas. La historia, y por qué no decirlo, las encuestas son también redactadas por quienes ganan, no importando el cómo, recordándole con aquellas a la ciudadanía la forma en que debía, a la fuerza, pensar, so pena de algún apremio si no lo hace (piénsese en hechos que van desde la matanza de la escuela Santa María, la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en democracia, hasta la operatividad de la causal de necesidades de la empresa), legitimando con sus encauzadas preferencias el sostenimiento del status quo que lejanamente desean alterar. No nos extrañemos de esto tampoco. Ya Bourdieu decía que las problemáticas que proponen las encuestas de opinión están subordinadas a intereses políticos, gestados incluso fuera de los márgenes formales, embriagando a la ciudadanía con una supuesta incidencia en la toma de decisiones. Capital simbólico puro.
Veamos las preguntas formuladas. La primera es: “¿Cuál de las dos afirmaciones se acerca más a lo que usted piensa?”: a) “El trabajador debe afiliarse obligatoriamente al ingresar a la empresa” (32% de preferencias); b) “Al trabajador le corresponde decidir si quiere afiliarse o no” (61% de preferencias); c) “No sabe / No contesta” (8% de preferencias). Las marcadas preferencias en ambos casos, nos demuestran dos afirmaciones acerca de la negociación colectiva, consultando cuál se acerca más al punto de parecer del encuestado: a) “Sólo los sindicatos deben poder negociar colectivamente” (24% de preferencias); b) “Además de los sindicatos, también deberían poder negociar grupos de trabajadores que se constituyan para este propósito” (64% de preferencias). Las marcadas opciones nos permiten discurrir acerca de cuán bien se incrustó y naturalizó el afán liberal en nuestra sociedad. Podríamos, incluso sin preguntarle a nadie, estimar como evidente la inclinación por una preferencia que implique no forzar a nadie a hacer algo, aun cuando las resultas deriven, en este caso, en una mayor tasa de sindicalización y potencial participación en las políticas internas de la empresa. Interesante sería auscultar el hecho de la escuálida cultura sindical en nuestro país; dicho de otro modo, divagar acerca de los efectos de una ciudadanía que poco y nada sabe que es lo que hace un sindicato. Saber si es que conocemos o no como sociedad lo que hace una elemental institución como un sindicato, ciertamente nos permitiría contrastar de mejor forma los resultados de una pregunta como la planteada.
Luego, la encuesta pasa al tema de la huelga, de manera absolutamente poco feliz. La primera pregunta pasa por optar entre 2 afirmaciones: a) “Debe estar siempre permitida en todas las empresas o servicios” (55% de preferencias); b) “Debe estar prohibida en servicios esenciales o de utilidad pública, como salud, agua o electricidad” (35% de preferencias). Nótese la abierta animadversión que destilan las opciones, planteadas de manera ignorantemente antagónica. ¿Es absolutamente imposible pensar que, a pesar de estar los trabajadores pertenecientes a aquellos sectores mencionados en la segunda frase en paro, igualmente pueda cautelarse la provisión de esos servicios? ¿Sabrá el CEP que en cualquier paralización en estos ámbitos, se han previsto turnos éticos o equipos de emergencia, con marginales efectos pocos deseables que no podrían llegar a cuestionar el ejercicio de un derecho cual es la huelga?
Otra pregunta persigue que el entrevistado decida, nuevamente, entre 2 opciones: a) “Las empresas no deberían poder reemplazar temporalmente a los trabajadores en ninguna circunstancia para hacer aún mayor la presión sobre la empresa” (54% de preferencias); b) “Las empresas deberían poder reemplazar a los trabajadores por mientras dura la huelga para poder seguir atendiendo a sus clientes” (36% de preferencias). Mal aquí el CEP. Por un lado, se devela una notable falta a la hora de plantear la pregunta, cuya finalidad es igualmente clara: dirigir la respuesta. Esto, pues metodológicamente es inadecuado plantear en positivo, y luego en negativo las opciones, al manejar la tendencia del entrevistado hacia alguna de ellas. Y por otro lado, victimiza a la empresa y también al entrevistado, quien es también cliente, y transforma al sindicato en el victimario, más allá de la justeza de sus reivindicaciones. Es claro: un hombre comprometido con el destino de su país, jamás se negaría a la posibilidad del reemplazo. Vade retro, sindicato.
Finalmente, se le pregunta al entrevistado si está o no de acuerdo con la siguiente afirmación: “…con que empresas y trabajadores pudiesen voluntariamente pactar jornadas laborales más flexibles y también parciales teniendo en consideración las necesidades de ambos” (77% de acuerdo, 12% en desacuerdo). Aquí la encuesta termina vendiendo humo y juega con el desconocimiento de la ciudadanía acerca de los derechos colectivos laborales. Claramente, para llegar a materializar la opción mayoritaria, no es cosa de llegar solo a la oficina del gerente o quien le represente, y empezar a conversar. Para eso están los sindicatos, pero todos sabemos que los sindicatos bien poco gravitan, e incluso, asientan aún más la enorme diferencia existente entre trabajador y empresa. Así las cosas, pretender negociar de igual a igual estas y otras temáticas, es una triste quimera.
“La opinión pública no existe”, enseñaba proféticamente Bourdieu hace ya 40 años. La construcción de una realidad elaboraba desde arriba, vertical y forzadamente, ocupa instrumentos como este tipo de encuestas para seguir naturalizando su lógica. Tal vez, irónicamente por cierto, el punto de partida para superar esta impuesta facticidad “objetiva”, no está en la dictación de nuevas normas, si no que en hacer (y hacerse) nuevas preguntas.
(*) Texto publicado en Red Seca.cl
