La discriminación que sufren día a día quienes realizan esta labor no se condice con el reconocimiento que les debemos como sociedad. Son personas que cuidan casas ajenas y son parte de la crianza de los niños al estar a su cuidado. Su labor permite que miles de padres puedan abocarse a sus propios trabajos y tareas tranquilamente. En contraste, los y las trabajadoras de casa particular muchas veces deben realizan estas labores en detrimento del tiempo que pueden compartir con su propia familia, quienes probablemente no gozan con la asistencia de terceros, debiendo valerse por sí mismos.
El día martes recién pasado la Cámara de Diputados aprobó por 108 votos y ninguno en contra el proyecto de ley que modifica el régimen de los y las trabajadoras de casa particular y el Convenio 189 de la OIT de trabajo decente de trabajadores domésticos. Con ésta votación se salda una deuda histórica con miles de chilenos y chilenas que desempeñan este noble oficio.
El trabajo doméstico en Chile ha sido por mucho tiempo un trabajo de segunda categoría. La vulnerabilidad de quienes desempeñan esta labor es un hecho patente, lo que ha forzado una discusión sobre medidas de protección a su labor.
Según cifras de la Fundación Sol, en Chile cerca de 300 mil personas se desempeñan como trabajadores de casa particular. Se agrega un factor de género: alrededor del 96% de estos trabajadores son mujeres y, si llevamos estas cifras al total de la fuerza laboral femenina, observamos que casi un 12% de las mujeres se desempeña en este oficio. Sólo cerca de un tercio de los trabajadores y trabajadoras de casa particular tiene un empleo protegido, es decir, con contrato, pago de cotizaciones previsionales, de salud y seguro de cesantía.
La vulnerabilidad va aparejada de un enraizado clasismo cultural. Diversos episodios de humillación hacia las trabajadoras de casa particular han puesto en la palestra dicha discusión. Hace un par de años un programa de televisión pretendía mostrar un reportaje donde se veía a trabajadoras de casa particular siendo discriminadas cuando intentaban matricular a sus hijos en colegios particulares pagados. En otra ocasión, un condominio de un sector acomodado de Santiago fue objeto de repetidas denuncias de discriminación. Primero, por un instructivo que señalaba el uso obligatorio del uniforme para los trabajadores domésticos y que restringía la utilización de las instalaciones del condominio. Luego, por la sencilla decisión de una trabajadora que quiso caminar hacia la casa de su empleador en vez de tomar el bus de acercamiento, viéndose impedida de hacerlo. Afortunadamente nuestra sociedad enfrentó estos casos con un cerrado rechazo y profundo malestar. La discriminación sufrida por estos trabajadores y trabajadoras no fue tolerada.
[cita]La discriminación que sufren día a día quienes realizan esta labor no se condice con el reconocimiento que les debemos como sociedad. Son personas que cuidan casas ajenas y son parte de la crianza de los niños al estar a su cuidado. Su labor permite que miles de padres puedan abocarse a sus propios trabajos y tareas tranquilamente. En contraste, los y las trabajadoras de casa particular muchas veces deben realizan estas labores en detrimento del tiempo que pueden compartir con su propia familia, quienes probablemente no gozan con la asistencia de terceros, debiendo valerse por sí mismos.[/cita]
Por mucho tiempo se justificó que las características especiales en las que se desempeñan estas trabajadoras hacían muy difícil establecer una norma acorde a las condiciones laborales que goza y que merece cualquier otra ocupación. Suena sólo como un pretexto para justificar prejuicios clasistas y machistas en torno a un trabajo eminentemente realizado por mujeres modestas. Mujeres de esfuerzo y tesón que ven transgredidos sus derechos por un statu quo que no las protege, dando cuenta de un Chile injusto y poco solidario.
Las condiciones laborales de estas mujeres y de todos los trabajadores de casa particular, refleja además la explotación laboral de la que son objeto miles de chilenos y chilenas en nuestro país, con jornadas extenuantes, salarios precarios y falta de contrato. Refleja una legislación laboral débil, que sin duda requiere de una intervención urgente. Pero lo verdaderamente inaceptable es que se generen normas especiales para ciertos oficios, que no apuntan a generar una norma más estricta sino que, por el contrario, socavan aún más la escasa protección de los y las trabajadoras chilenas.
La discriminación que sufren día a día quienes realizan esta labor no se condice con el reconocimiento que les debemos como sociedad. Son personas que cuidan casas ajenas y son parte de la crianza de los niños al estar a su cuidado. Su labor permite que miles de padres puedan abocarse a sus propios trabajos y tareas tranquilamente. En contraste, los y las trabajadoras de casa particular muchas veces deben realizan estas labores en detrimento del tiempo que pueden compartir con su propia familia, quienes probablemente no gozan con la asistencia de terceros, debiendo valerse por sí mismos.
Los proyectos recientemente aprobados buscan establecer un piso mínimo de condiciones dignas de trabajo. Instaurando un nuevo régimen de descanso, estableciendo límites a la jornada laboral y terminando con la obligatoriedad del uniforme. Con ello se busca ir acabando con la precariedad de este tipo de empleo. La ampliación de los derechos básicos, equiparándolos con los que goza todo trabajador, terminará, en parte, con esta deuda histórica que mantiene el Estado chileno.
Puede que las iniciativas sean insuficientes, pero constituyen un primer paso en la dirección de una sociedad más justa, que respeta y valora el trabajo de cualquier índole. El reconocimiento de su trabajo actuará como un contrapeso a la cultura clasista en la que están creciendo miles de niños hoy, promoviendo una sociedad menos discriminadora.
El rol que ha jugado la sociedad civil, particularmente la Coordinadora de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular, ha sido fundamental para sacar adelante estos proyectos, trabajando diariamente en la visibilización y reivindicación de su labor. Ellas y ellos son los que merecen nuestro reconocimiento. Fortalecer y trabajar con las organizaciones de la sociedad civil es la única forma de generar las políticas públicas que nuestro país necesita.
Soy una convencida de que con este paso estamos avanzando decididamente a un Chile menos desigual, donde todos los y las trabajadoras sean tratados con la dignidad que se merecen.
