Opinión
Atria puede pensar en su mundo imaginario que prohibir la existencia de colegios particulares pagados no implica nivelar hacia abajo, pero espero que el lector de estas líneas comparta conmigo que el argumento es tan infantil como voluntarista. Nuestra sociedad no puede darse el lujo de vulnerar la libertad de sus ciudadanos limitando el legítimo derecho a aspirar a una mejor educación.
De los intercambios con el profesor Atria en los últimos meses sin lugar a dudas el último es el más interesante. En éste finalmente Atria sale del clóset para transparentar en forma honesta su visión igualitarista sobre los derechos sociales. Para quienes comparten su visión igualitarista el objetivo principal de las transformaciones sociales no es garantizar el acceso universal de un derecho social, objetivo compartido por la mayoría de los chilenos. Para ellos eso es completamente insuficiente. El objetivo igualitarista se consigue solo al impedir que los ciudadanos puedan ejercer su libertad y sus propios medios para salirse del promedio. En suma, no basta con nivelar hacia arriba para garantizar un derecho social. Es necesario nivelar hacia abajo en forma simultánea. Si no hacemos lo segundo, el “mercado” sigue funcionando y pare ellos eso es inaceptable.
Más concreto aún, para personas como Atria sirve de poco nivelar hacia arriba y garantizar una educación pública de excelencia –visión de subsidiaridad activa, que busca dar más a quien más lo necesita– si no se regula en forma simultánea la prohibición de que alguien por sus propios medios acceda a un nivel de calidad superior o distinta del promedio. Bajo esa misma lógica deberían hablar de los preuniversitarios, o de las clases particulares, o de los intercambios en el extranjero. Todo puede caer bajo la mirada inquisidora y sospechosa del Estado igualitario.
En mi primera columna sobre el pensamiento de Atria –luego de haber dialogado con él en la Comisión de Educación de la Cámara– argumenté sobre su obsesión de nivelar hacia abajo. En su réplica Atria se sintió ofendido y reaccionó con vehemencia, negando la validez de este argumento. Al parecer le complicaba mirarse al espejo y darse cuenta de que su teoría inevitablemente violenta la libertad y nivela hacia abajo. Por lo mismo, una y otra vez Atria intentó ocultar esta realidad, quizás sabiendo que para los chilenos es una propuesta muy difícil de aceptar. A modo de ejemplo, en su primera respuesta –del día 25 de julio– plantea lo siguiente:
El diputado está en lo correcto cuando describe mi posición diciendo que estoy en completo desacuerdo con la idea de que el derecho a la educación tiene relación con asegurar un mínimo de calidad. Pero a continuación él añade, con la pretensión de que me está parafraseando, que no hay problema con nivelar hacia abajo, o con sacarles los patines a los colegios subvencionados. Esto es una grosera distorsión, un intento de engañar al lector.
[cita]En castellano simple nos dice que la Reforma Educacional debiera prohibir todo aporte privado a la educación, prohibiendo por tanto la existencia de colegios particulares pagados. La lógica, del todo razonable para quien comparta la visión igualitarista, es prohibir cualquier desviación de la media que pueda generarse a partir de recursos propios. Y la idea de utilizar “recursos propios” para desviarse del promedio no se limita exclusivamente a los recursos financieros.[/cita]
Luego en la misma columna más abajo plantea lo siguiente:
Por supuesto, si uno creyera esto, entonces decir que la educación es un derecho social y no un derecho a un mínimo sería, o al menos implicaría o justificaría, formas de nivelación hacia abajo. Pero es una idea absurda, insostenible, que sólo la puede formular el que no sabe o no le importa lo que significan las palabras: que la igualdad de todos sea importante no quiere decir que sea lo único importante.
Y finalmente lo siguiente:
¿Cómo puede decir el diputado… que uno está defendiendo una política de “nivelación hacia abajo”?
Es interesante la negación constante de Atria a uno de los elementos centrales de la concepción igualitarista de derecho social, pero afortunadamente, luego de un largo rodeo, en la última carta del 28 de agosto recuperó la honestidad intelectual y transparentó las implicancias que tiene su visión igualitarista para lo que en realidad debería hacer la Reforma Educacional:
“… la solución que corresponde es ampliar la exclusión del copago a toda forma de pago privado, de modo que todos reciban la educación que podemos financiar colectivamente”.
La frase anterior está escrita con cuidado, pero su mensaje es inequívoco. En castellano simple nos dice que la Reforma Educacional debiera prohibir todo aporte privado a la educación, prohibiendo por tanto la existencia de colegios particulares pagados. La lógica, del todo razonable para quien comparta la visión igualitarista, es prohibir cualquier desviación de la media que pueda generarse a partir de recursos propios. Y la idea de utilizar “recursos propios” para desviarse del promedio no se limita exclusivamente a los recursos financieros. De hecho, la Reforma Educacional recientemente aprobada en la Cámara de Diputados prohíbe la selección sobre la base de talentos académicos, artísticos, culturales y deportivos después de séptimo básico. No más selección por mérito. No más uso de los “recursos propios” para desviarse del promedio.
Atria está consciente de que el igualitarismo vulnera la libertad de los ciudadanos. También es conciente de que la idea de nivelar hacia abajo es consustancial al igualitarismo. El problema es que le cuesta reconocerlo. Por lo mismo, la verdadera “trampa” al lector –que tanto le molesta al profesor Atria aplicada a otras materias– en realidad la ejecuta en forma olímpica al plantear que es necesario prohibir la existencia de colegios particulares pagados, sin aceptar que eso inevitablemente significa nivelar hacia abajo.
En defensa de Atria alguien podría argumentar que su propuesta consiste en mejorar primero la calidad de la educación pública, y una vez que ésta fuese mejor a la de los colegios particulares pagados, entonces obligar a cerrar los particulares pagados. Esta ruta es interesante (aunque lo correcto para respetar la libertad de elegir es que voluntariamente alumnos opten por la educación pública), pero lo cierto es que esta ruta tampoco le gusta al profesor Atria. En su respuesta al periodista del medio electrónico plantea lo siguiente:
“Creo que empezar por corregir la educación pública es un profundo error. El gran problema de la educación pública es la educación particular subvencionada”.
En suma, Atria puede pensar en su mundo imaginario que prohibir la existencia de colegios particulares pagados no implica nivelar hacia abajo, pero espero que el lector de estas líneas comparta conmigo que el argumento es tan infantil como voluntarista. Nuestra sociedad no puede darse el lujo de vulnerar la libertad de sus ciudadanos limitando el legítimo derecho a aspirar a una mejor educación. Para mala suerte de Atria la propuesta inicial de Reforma Educacional que enviaron al Congreso –que obligaba a 500 mil estudiantes a educarse con menos recursos a pesar de haber aprobado una reforma tributaria de tres puntos del PIB– no tenía viabilidad social ni política, y se vieron obligados a modificar el proyecto. Tampoco fue viable su idea de prohibir la existencia de colegios particulares pagados. Lo que queda pendiente, y donde todavía estamos a tiempo de que el Senado reaccione, es el desafío de que los colegios meritocráticos de talentos académicos, artísticos y deportivos puedan seguir formando a la elite republicana. Bajo la redacción actual, todos ellos quedarían completamente prohibidos.
