Día a día constatamos que la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes es estructural y multidimensional. Numerosos informes e investigaciones, así como nuestra experiencia en el trato cotidiano con niños, niñas y sus familias, dan cuenta de una violencia evidente, que se manifiesta en maltrato físico, verbal y psicológico.
Ha pasado ya un cuarto de siglo desde que Naciones Unidas adoptó el principal y más importante instrumento sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA): la Convención sobre los Derechos del Niño. Y para Chile, éstas son unas agrias bodas de plata.
Para quienes nos dedicamos a este tema, día a día constatamos que la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes es estructural y multidimensional. Numerosos informes e investigaciones, así como nuestra experiencia en el trato cotidiano con niños, niñas y sus familias, dan cuenta de una violencia evidente, que se manifiesta en maltrato físico, verbal y psicológico. Su causa puede estar en la familia, los pares, la comunidad e, incluso, lo que es más preocupante, por parte de Estado y sus instituciones (tales como las policías o tribunales). Este cuadro refleja una naturalización de la violencia ejercida sobre la niñez, así como la desigualdad que ellos y ellas sufren frente a la ley.
Dicha violencia también se manifiesta de manera simbólica, en discriminación e invisibilización y en aspectos tan cotidianos como la negación de su derecho a opinar o tomar decisiones progresivamente según su madurez. Otras de sus expresiones es la pobreza y la segregación: la pobreza es mayor en la población infantil que en la adulta.
Una razón de fondo que explica este crudo panorama es que ésta es una sociedad adultocéntrica, donde los niños y niñas no son reconocidos en sus derechos. No hay una receta mágica que cambie en un abrir y cerrar de ojos esta verdadera cultura de desprotección y abuso. Al ser una costumbre arraigada en la tradición de una sociedad desigual, patriarcal y autoritaria, modificar las relaciones de poder que ejercen los adultos sobre los niños tardará muchos años. La pregunta, entonces, es qué medidas se están realizando por parte de quienes toman las decisiones en el país, para revertir esta situación.
[cita]Día a día constatamos que la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes es estructural y multidimensional. Numerosos informes e investigaciones, así como nuestra experiencia en el trato cotidiano con niños, niñas y sus familias, dan cuenta de una violencia evidente, que se manifiesta en maltrato físico, verbal y psicológico. [/cita]
A modo de respuesta, las instituciones que trabajamos para promover los derechos de NNA parecemos un disco rayado. Hace años que llegamos a un consenso, fuertemente respaldado por las recomendaciones de organismos internacionales como el propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Este consenso consta sencillamente en ponernos al día: somos el único país de América Latina que no cuenta con una Ley de Protección Integral de los Derechos de NNA, ni tampoco con la figura del Defensor del Niño. Dicha Ley debiera crear un sistema integrado y coherente que tenga la obligación de prevenir, promover y proteger todos los derechos de todos los niños y niñas, sin distinciones de ningún tipo, en todas las instancias donde transcurran sus vidas; el Defensor, por su parte, sería un ente autónomo de las autoridades y gobiernos de turno, que velaría por garantizar que el Estado cumpla con su rol garante y asumiría la defensa de todos aquellos niños y niñas que no fueron oportunamente protegidos por el sistema. Esto debiese estar acompañado de un sistema administrativo y jurisdiccional y de poner fin al fraccionamiento del trato a la infancia (entre niños vulnerados y niños no vulnerados).
En suma, se trata de construir un sistema de protección universal de los derechos, que encarne la consigna “todos los derechos para todos los niños y niñas que viven en Chile”. Insistimos, no es una receta mágica, pero es el punto de partida y la condición mínima para aspirar a un nuevo escenario en materia de los derechos humanos de la niñez.
¿Qué ha pasado que en 25 años no se ha legislado este proyecto? La historia es larga. Gobiernos, parlamentarios y la propia sociedad civil han presentado varias propuestas, pero todas ellas no han podido sobrepasar la inexpugnable barrera del Parlamento. En la actualidad, un grupo transversal de senadores y diputados han manifestado su apoyo al último proyecto presentado por el Bloque por la Infancia (que agrupa a la mayoría de las organizaciones que trabajan con la niñez en el país), y el gobierno, utilizando esta iniciativa, está elaborando una propuesta de ley más ambiciosa, denominada Ley de Garantía y Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de acuerdo con su compromiso de programa. Pero nos reservamos nuestro derecho a mantenernos alerta. Han sido demasiadas las autoridades que han comprometido el mismo apoyo para luego abandonarlo.
Nos gustaría que el 2015 fuera el año en que una nueva conmemoración de la Convención sobre los Derechos del Niño se dedicara a la celebración. Que en el marco de los 26 años de la Convención, podamos decir que por fin Chile saldó su deuda con los niños y niñas que habitan el país, al tener una Ley de Protección Integral de sus derechos y un Defensor. Pero es hoy, en las bodas de plata, cuando aún no podemos sentirnos orgullosos de este desavenido matrimonio.
