Los intentos efectuados hasta ahora para producir la planificación de seguridad nacional y la política de defensa han tenido resultados no solo exiguos sino que ha contribuido a enredar el proceso de la planificación superior de la defensa hasta hacerlo incomprensible.
El propósito de la ley para la reestructuración del Ministerio de Defensa fue “fortalecer la autoridad presidencial y la autoridad ministerial” en la gestión de los procesos de gobierno dentro del Ministerio y “actualizar la normativa orgánica y fijar una estructura que sea capaz de llevar a cabo el ciclo completo de políticas públicas del sector”.
El punto de partida para “gestionar los procesos” de gobierno del sector defensa es que el ejecutivo les dé “dirección” y “magnitud” a los mismos señalándole su rol y tareas dentro del sistema de seguridad nacional.
Es obvio que esto no puede sino ser posterior a la decisión gubernamental respecto a la identificación de la combinación de políticas –económica, de defensa, diplomática, de desarrollo social, policial, etc.- que le darán “seguridad” al país en cada coyuntura histórica, para poder avanzar en su desarrollo económico y social resguardando su honor, dignidad, identidad y valores.
Es decir primero se debe establecer una “Estrategia o Política de Seguridad Nacional” y después Defensa podrá avanzar en las suyas. En breve, el mando político, en nuestro caso el presidente de la república, -responsable constitucional de la defensa y seguridad nacional-, debería emitir una directiva mediante la cual instruya a su gabinete respecto a la forma en que deberá articularse el conjunto de recursos de poder nacional para lograr lo señalado. A partir de esa directiva la defensa sabrá que es lo que deberá hacer, las restricciones o condicionantes de su actuar y la disponibilidad de recursos para su tarea.
Lo mismo vale para Relaciones Exteriores, Interior, Hacienda y Economía en lo que corresponda. Se puede ver con claridad que la Política de Defensa es posterior y derivada de la Política de Seguridad Nacional. En un país como el nuestro, sin amenazas dirigidas específicamente a él, generalmente la primacía la tienen la economía y la política interior y exterior, y la defensa militar actúa como respaldo permanente y se emplea como último recurso.
En Chile, esta Política de Seguridad no ha sido emitida nunca. La declaración estampada en el segundo Libro de la Defensa Nacional de Chile muestra en forma expresiva el fondo del problema: “Cabe subrayar, sin embargo, que el Estado no ha generado ningún conjunto de criterios y orientaciones que, con el carácter de un marco general, pueda ser entendido como una Política de Seguridad Nacional”.
En muchos países los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores desarrollan un “Libro” de la política exterior y de la defensa en conjunto o separadamente, en que dan a conocer las líneas generales de su conducción, al entorno político regional o mundial. Este es un documento de publicidad y comunicación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, ha manifestado su intención de hacer un “Libro de las RREE”. Como sea, la autoridad que autoriza y legitima ambas políticas es el Presidente de la República, ya que ambas son de su responsabilidad constitucional.
En Chile, erróneamente y en forma paulatina, este Libro de la Defensa fue siendo considerado como una política de defensa de facto y mas o menos permanente (de “Estado” se la llamó). En el artículo publicado en La Tercera en agosto del 2012, refiriéndose al fiasco de la Estrategia de Seguridad y Defensa del gobierno de Piñera, el actual Ministro de Defensa, incurre en esta confusión, entendible en alguien que no está interiorizado en los aspectos conceptuales del sector: “Más allá de que las autoridades de Defensa hayan expuesto al Presidente a un bochorno evitable, resulta preocupante que, en forma tan liviana, se impulsara una iniciativa que destruía, en aspectos centrales, los lineamientos tan arduamente consensuados en los Libros de la Defensa, es decir, afectando una política de Estado”.
El Libro de la Defensa no contiene la política de defensa de Gobierno ni del Estado. No pretende dar directivas al Ministerio de Relaciones Exteriores; ni al de Defensa; ni al de Hacienda ni al de Interior para direccionar a su actuar para la seguridad nacional. Ningún Ministro ni ministerio de Chile podría ser evaluado en su desempeño teniendo como referencia su cumplimiento de lo señalado en el libro de la defensa. En este ámbito, el Programa de Gobierno es mas representativo de las orientaciones políticas del gobierno.
Para agravar la confusión, la ley Orgánica del Ministerio de Defensa, un trabajo pobre y superficial, ni su Reglamento, -aun más escuálido-, no señalan el ámbito, contenido ni propósito concreto de la directiva (o estrategia) de seguridad nacional, tampoco explican que significa “política de defensa”, “política militar” ni planificación primaria o secundaria, que son conceptos definidos en la legislación anterior que esta misma nueva ley deroga.
Las opiniones del entonces diputado Jorge Burgos emitidas en 2012, con motivo del abortado intento del ministro Allamand y del presidente Piñera de producir una Estrategia de Seguridad y Defensa en un solo mamotreto que pretendía reunir la estrategia de seguridad nacional; la directiva para la política exterior; la correspondiente a la política de defensa; la política militar; algunos elementos de cooperación militar para la seguridad interna; el concepto de desarrollo de las capacidades estratégicas militares y los medios para ello, es decir, la guerra mundial con una bala, adquieren ahora relevancia ya que actualmente se desempeña como Ministro de Defensa.
Burgos señaló los errores con claridad y energía: Primero: “El proyecto introduce cambios conceptuales fundamentales, cuyos alcances, exigen una mayor claridad de propósitos y verificar si conducen a la “securitización” del Estado. Segundo, critica que se quiera “establecer la figura de un Consejero de Seguridad con capacidad de coordinar ministerios, que contaría con un staff de funcionarios bajo su dependencia y facultad para ser provisto de información de inteligencia, (que) claramente transgrede materias legales y constitucionales.
Tercero, que “el documento termina siendo un híbrido que mezcla elementos de una estrategia nacional con lo militar, lo que explica que vaya de los supuestos temas nacionales a una descripción de medios militares y su financiamiento”. Cuarto, sostiene que “explicitar la estrategia no es sinónimo de transparentarla, sobre todo si, como lo hace este proyecto, busca asentar doctrinariamente una imbricación entre seguridad y defensa en la que se pierden sus delimitaciones, so pretexto de nuevas amenazas que harían difusa la separación de seguridad interior y exterior”.
Se podrá o no estar de acuerdo con este análisis, personalmente comparto algunas críticas y rechazo otras, a lo que me referiré en otra columna, pero en su crítica se aprecia una contradicción entre lo dicho y lo hecho. Habiendo hecho pública una crítica tan dura, precisa y propositiva, no es posible entender que encontrándose en el cargo de Ministro de Defensa, -desde donde podría haber comenzado a llevar a cabo la corrección de todos estos errores-, a ocho meses de su asunción, no ha hecho nada en esa dirección.
En efecto, el documento de Estrategia de Seguridad y Defensa propuesta por el gobierno pasado sigue varado en el Congreso desde donde no ha sido retirado, corregido o desestimado, para iniciar un nuevo proyecto, ya que como se señaló es imposible gestionar la defensa sin establecer su rol ni sus tareas dentro de la seguridad nacional.
Las críticas efectuadas a otros aspectos de la conducción del ministerio durante el régimen de Piñera por el actual Ministro y por el actual Subsecretario de Defensa tampoco se han traducido en enmiendas ni en nuevas ideas, mejores o mas realistas.
La crítica que hace a la Seguridad Ampliada tampoco no ha sido sometida al debate que el diputado reclamaba cuando actuaba desde la oposición ni siquiera sometida a la opinión pública informada ni a los medios académicos nacionales. Sin embargo parece extraño un rechazo tan enérgico a ese concepto considerando que Soledad Alvear cuando fue Ministro de RREE, en representación de Chile lo suscribió y apoyó en las Naciones Unidas, algo que parece lógico considerando que el problema de la droga se sitúa a orcajadas entre la seguridad y la defensa, como bien lo saben colombianos y peruanos, y que nosotros también estamos viviendo: el crimen organizado funciona en ambos mundos, delictual y de combate. El problema a resolver es organizar y coordinar las capacidades de ambos tipos de fuerzas, dentro de la Constitución y la Ley.
Señala también que el “establecimiento de un Comité Interministerial presidido por el Presidente de la República, cuyo propósito es facilitar la coordinación de los esfuerzos del Estado en materia de Seguridad, pareciera ser una mala actualización del antiguo Consejo Superior de Seguridad Nacional (CONSUSENA) que, desde los años sesenta, fue convocado muy ocasionalmente. Este mini Consejo de Gabinete, cuya composición pareciera ser fruto del azar más que de una matriz afinada, no tendría las facultades y competencias que aseguren los objetivos planteados”. En este aspecto el Programa del actual gobierno considera que “una concepción moderna e incluyente de nuestra acción internacional requiere de un Sistema Integrado de Política Exterior … que genere un diseño y visión estratégica”. En 2012 el diputado no tenía por qué saber que la cosa iría para allá, por lo que será muy interesante conocer su opinión actual, sobre todo si se considera que ese problema reaparecerá cuando se intente dictar y sobre todo poner en práctica una Estrategia de Seguridad Nacional.
Los intentos efectuados hasta ahora para producir la planificación de seguridad nacional y la política de defensa han tenido resultados no solo exiguos sino que ha contribuido a enredar el proceso de la planificación superior de la defensa hasta hacerlo incomprensible.
Durante la Administración Piñera, el entonces Subsecretario de Defensa intentó producir una “Estrategia de Seguridad y Defensa”, que constituyó un fiasco en todo sentido. La llegada de un nuevo Subsecretario de Defensa, quien también emitió fuertes críticas al documento de la administración anterior, hacía esperar que este proceso mal iniciado fuera retomado, reencauzado y concluido. Hasta donde se sabe, tampoco se ha hecho nada.
Que no se diga que esto es secreto, ya que en los artículos escritos a partir de 2012 por parte del Ministro y del Subsecretario actuales, criticando a las anteriores autoridades de defensa, los blancos han sido precisamente el secretismo y la opacidad. Robledo lo señala con claridad al criticar el documento de Piñera: “En un hecho que ha generado escaso debate en la opinión pública, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera envió el 8 de agosto pasado un inusual oficio al Senado de la República, solicitándole un dictamen sobre la segunda versión de un documento de política pública, la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSD). Junto al proyecto de Ley de Financiamiento de la Defensa que deroga la Ley Reservada del Cobre (actualmente también en tramitación en el Senado), la ENSD constituye un serio retroceso en dimensiones relevantes de la Política Exterior y de Defensa del país.
Por esta razón la propuesta del Poder Ejecutivo debería ser objeto de un debate público amplio, serio y profundo antes del pronunciamiento de la Cámara Alta … Tanto la formulación de la Estrategia de Defensa Nacional como sus contenidos distan mucho de reflejar un esfuerzo por recoger un acuerdo nacional sobre ella: el Congreso tiene ahora la oportunidad de restaurar el carácter estatal de la política en este ámbito”.
En este aspecto, en el gobierno actual, la participación y transparencia no ha corrido por parte del Ministerio de Defensa sino de la Biblioteca del Congreso –Asesoría Técnica Parlamentaria, con Verónica Barrios – quienes han organizado dos seminarios de Defensa, uno en Valparaíso y otro en Santiago, que no solo no encontraron el auspicio del Ministerio sino su oposición y boicot.
La experiencia política, preparación técnica, su participación en la dictación de la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa y las agudas y a veces acertadas críticas al estado de la gestión de las políticas públicas del sector defensa por parte de las actuales autoridades del sector hacían pensar en una actividad serena y reflexiva pero enérgica y bien dirigida hacia los puntos críticos de las deficiencias en la implementación de la nueva ley orgánica ministerial: una vez mas no ha pasado nada. El guerrero reposa.
