Suspensión y cambios en el SIMCE, ¿término de la desigualad y mala Educación Pública en el país?
Señor Director:
El día 18 de diciembre de 2014 se ha publicado en El Mostrador que un grupo de parlamentarios pretenden modificar la prueba SIMCE con el fin de terminar con la segregación que este instrumento de medición provoca en la educación y sus efectos negativos en la Educación Pública. Frente a esta loable intención de dichos parlamentarios me gustaría realizar varias apreciaciones.
A pesar de las buenas intenciones a través de las medidas que plantean estos 17 parlamentarios, que implican impedir publicación de los resultados del SIMCE, terminar con las sanciones e incentivos que conllevan sus resultados y detener la aplicación de la normativa de ordenación de escuelas por parte de la Agencia de Calidad, las medidas son necesarias pero insuficientes y sólo tocan la “punta del iceberg” de la problemática a la cual buscan solución. En primer lugar, el SIMCE no es el gran causante de la segregación y desigualdad de los establecimientos educacionales ni de los estudiantes de nuestro sistema de educación, “satanizar” al SIMCE como gran responsable es “tapar el sol con un dedo”, ya que las verdaderas causas están en el sistema mismo de educación nacional y la causa más importante transciende a la educación misma: el sistema de selección, el abandono por parte del Estado de la Educación Pública mediante la municipalización, el financiamiento de la educación pública y la brutal desigualdad social y económica en la cual está inmersa el país. Terminar con la selección, desmunicipalizar, cambiar el sistema de financiamiento de la educación pública pasando de subvenciones a la asistencia por aportes fijos reajustables año a año y avanzar en igualdad social son los primeros pasos a seguir. Sólo cambiar el SIMCE es una medida “cosmética” cuyos efectos no serán determinantes para terminar con el problema. En segundo lugar, es preciso realizar cambios legales al sistema (dicho por los parlamentarios, pero confuso e insuficiente) con el fin de llevar la educación y calidad a un sistema integral. Actualmente la Ley 20.529 (Sistema de Aseguramiento de la Calidad) en su artículo 18 establece que el 67% de la ponderación de los estándares de calidad corresponde a resultados de aprendizaje (SIMCE), dejando el restante porcentaje a otros indicadores de calidad: Autoestima Académica y Motivación Escolar, Clima de Convivencia Escolar, Participación y Formación Ciudadana, Hábitos de Vida Saludable, Asistencia Escolar, Retención Escolar, Equidad de Género y Titulación Técnico-Profesional. Los cuatro primeros indicadores se miden bajo cuestionarios SIMCE, lo que hace subir el 67% de ponderación a resultados académicos.
El que casi tres cuartos de la calidad de la educación se delegue al SIMCE impide una educación integral y de auténtica calidad, por lo cual la redistribución de las ponderaciones es esencial si se quiere avanzar en una verdadera calidad de la educación y en una auténtica educación integral, ya que el no cambio en éstas sólo nos llevará a un eterno retorno de malos resultados y al discutir una y otra vez la misma problemática y, peor aún, seguiremos con soluciones insuficientes.
Gary Pastén Hermosilla
Profesor de Historia y Geografía
Magíster en Gestión y Liderazgo educacional
Ex coordinador general Centro de Alumnos Barros Borgoño 2006
Ex presidente FEUBO 2011-2012
