¿A quiénes beneficia la actual institucionalidad chilena?

Señor Director:

La respuesta teórica y declarativa del poder instituido es obvia, las instituciones que conforman los tres clásicos poderes del Estado están para generar condiciones socio-políticas-económicas y culturales que beneficien a todos los chilenos, dicho de otra manera, deberían funcionar de tal modo que su objetivo final sea el bien de todos los chilenos y las chilenas… es decir, el bien común. Esto es lo que se sostiene y afirma, permanentemente, desde estos tres poderes del Estado, respecto de los beneficios que debe generar la institucionalidad chilena.

Los tres poderes institucionales de nuestro Estado –nación, el Ejecutivo o Gobierno, el Legislativo o Parlamento y el Poder Judicial o tribunales de justicia, en todos sus estamentos–, deberían en todo momento y lugar hacer gala, en su gestión, que el fin de la institucionalidad debería ser el bien común. Y si pudiéramos definir como un cuarto poder a los medios de comunicación, éste también debería entregar testimonios respecto de que su objetivo final es aportar al bienestar de todos, a través de una información veraz, independiente, oportuna y educativa.

La pregunta que se viene, insoslayablemente, es: ¿esta institucionalidad, en la realidad y no sólo en teoría o el discurso, está beneficiando a todos los chilenos… sin distinción de tipo político, económico, social, religioso o cultural? Aquí la respuesta no es tan obvia como se señala para la mayoría de los chilenos. También algunos pueden sostener que “sí, se está haciendo obvia la respuesta” por cuanto la gente se está informando, está dialogando y comienza a iluminarse con las ideas, fuerza y convicción de los movimientos sociales, especialmente los de los estudiantes, en los años 2005 y 2011. Una expresión popular y con mucho sentido, respecto de lo dicho, es “que la gente está dejando de comulgar con ruedas de carreta” o está dejando de dar credibilidad a lo que la institucionalidad está mostrando y dejando en evidencia.

El Tribunal Constitucional es otro enclave de poder para no avanzar en democracia y con ello continuar sometiendo al país al designio de los grupos minoritarios que detentan el poder económico y político, y a través de estos, influir en las decisiones de algunos jueces que hacen imposible que la Justicia y la Igualdad ante la ley sean una verdad y, por tanto, realidad para todos.

Veamos algunos ejemplos o medios de prueba recientes, respecto del funcionamiento y a quiénes beneficia la Institucionalidad chilena:

El Poder Institucional del Ejecutivo o Gobierno: en el marco del último reajuste de sueldos y otras situaciones laborales de los trabajadores del sector público pretendió, con su primera propuesta de un 3% de reajuste, ni siquiera permitir la recuperación del poder adquisitivo perdido de los salarios de los trabajadores, ya que el alza del costo de la vida para el presente año llegaría al 5,7%.

¿Fueron beneficiados los trabajadores y sus familias con ese mezquino reajuste del 6%, que en definitiva se logró después del Paro de dos días de quienes laboran en el sector Público?

El Parlamento, Cámara de Diputados y el Senado, es decir, la Institucionalidad del Poder Legislativo del país, no fue capaz de, unitariamente, exigir al Poder Ejecutivo que elevara el mezquino 6% de reajuste que, finalmente, se logró… Sólo una minoría honrosa de diputados y senadores estuvo por hacer esa exigencia al Gobierno.

De nuevo la pregunta: ¿la institucionalidad (Parlamento de la República de Chile) benefició a los(as) Trabajadores(as)?

Otro ejemplo de cómo funciona y a quién beneficia la institucionalidad, tal cual está hoy: tres Jueces del Tribunal Oral de la ciudad de Cauquenes, han determinado que el Señor Martín Larraín sea sobreseído de todo cargo en su contra, por el atropello y muerte de Hernán Canales, trabajador de la zona, en el camino cercano al Balneario costero de Curanipe, Región del Maule, Provincia de Cauquenes, en el mes de septiembre del año 2013. Esto, argumentando que no existen pruebas suficientes para determinar que Martín conducía su vehículo bajo los efectos del alcohol o en estado de intemperancia y que las pruebas aportadas por las instituciones especializadas no pudieron determinar si el trabajador muerto transitaba por la calzada o la berma del camino. Notorio en este caso es que, el Tribunal anterior que vio la Causa, sí determinó la responsabilidad en el hecho del Señor Larraín, máxime cuando él se fugó del lugar del suceso sin prestar ayuda al herido.

¿A quiénes beneficia y a quiénes daña esta decisión del Tribunal de Cauquenes? La respuesta más que parecer obvia, es obvia.

Otros ejemplos de cómo funciona y a quiénes beneficia y perjudica la actual Institucionalidad son las AFP y las Isapres. Estos supuestos Servicios de Seguridad Social, en el ámbito de la previsión laboral y de salud son claros y categóricos modelos de que la Institucionalidad se ha diseñado y se ejecuta para beneficio de pocos y daño de muchos. La situación generada por las AFP e Isapres reviste la calidad de “drama humano”, por cuanto sus efectos dañan la calidad de vida de las personas que se jubilan o tienen la mala fortuna de enfermarse, especialmente cuando la afección de Salud corresponde a enfermedades graves o gravísimas. Claro, cuando la previsión para los momentos de retirarse de la vida laboral activa es “entendida como un gran negocio, para los dueños de las AFP, los afectados por las pensiones de miseria son y seguirán siendo, si no se cambia el sistema, los y las Trabajadoras chilenas”. ¿A quién beneficia esta Institucionalidad ? Lo mismo ocurre en el ámbito de la Salud y las famosas Isapres.

En fin, se podría seguir entregando muchos ejemplos de cómo se gestiona y a quiénes beneficia la Institucionalidad chilena, baste por ahora mencionar el tema de la educación y los proyectos de reforma para cambiar el concepto de que ésta “es un bien de consumo”, como la definió el ex Presidente de la República Sebastián Piñera, por uno que la coloca como un derecho social, gratuita, sin exclusión y de calidad.

En los ejemplos dados, que son de la vida real y cotidiana de más del 90% de las personas, la Institucionalidad no funciona a su favor, ésta funciona en beneficio del sistema establecido y de algunos pocos, como fue el ejemplo del reajuste de sueldos de los trabajadores del sector público y la cantidad de $500.000 de reajuste (casi tres veces el salario mínimo) aproximadamente, por cada Parlamentario. Esta situación de inequidad e injusticia es de responsabilidad compartida de la Institucionalidad Gobierno/Poder Ejecutivo y Parlamento/Poder Legislativo.

Respecto de la Institucionalidad de Justicia, el caso Martín Larraín beneficia al hijo de un connotado político de derecha y que posee un gran poder económico , ya que pudo comprar el silencio, a través del desistimiento de la esposa del fallecido, en el atropello de que fue objeto su esposo, el obrero Hernán Canales.

Por lo señalado, la institucionalidad chilena ha perdido legitimidad, por lo tanto, debe ser cambiada. Lo que la gente considera que no es legítimo no puede exigir su respeto.

Aquí surgen algunas interrogantes: ¿cómo hacerlo?, ¿por quiénes se hace este cambio?, ¿cuándo se realiza? La realidad viene señalando que la idea del cambio de la actual Constitución Política, como ley marco que mueve a todo el sistema nacional, con sus injusticias e inequidades, no puede seguir esperando. Lo que se requiere no son reformas cosméticas, como la de las AFP en años pasados, sino que un cambio constitucional de fondo que ponga, primero, los intereses de las mayorías y no de las minorías del país.

Ahora, este cambio de estructura política, económica y social del país no debe realizarse sólo en el marco de la actual institucionalidad, por la pérdida de legitimidad de ella, lo que debe ocurrir es que, con la actual institucionalidad, se avance a una democracia participativa y no meramente representativa. Por ejemplo, a través de un plebiscito ciudadano vinculante que permita que la Constitución de 1980 y sus livianas modificaciones sea cambiada por una auténtica Constitución Democrática. Para que esto ocurra debe ser la gente organizada e Informada la que produzca el Cambio. Las Asambleas Ciudadanas o Asambleas Constituyentes no son la anarquía ni el caos, como los interesados de siempre pretenden hacer creer, éstas están en muchos países del mundo y sólo por nombrar algunas cercanas, menciono las de los países como Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela.

Si logramos que lo anterior sea una realidad, entonces, podremos decir que la institucionalidad se legitima, ya que tendría su génesis en el pueblo, el verdadero y único soberano. Con ello se estaría beneficiando a todos los chilenos y no sólo a algunos, como es la realidad actual. Que sea una realidad depende del actual Gobierno y de la organización y manifestación de la gente y los movimientos sociales.

Moisés Lucero Guzmán
Presidente ANEF
Curicó