La política de “Tolerancia Cero” busca sancionar severamente los delitos sin importar su gravedad ni sus circunstancias atenuantes. Empero, no detiene en absoluto el crimen. Para entender esto, es menester evidenciar que este tipo de enfoques sólo busca reprimir las conductas delictuales mas no las causas de estas infracciones, que bajo un aspecto sociológico se relacionan con exclusión, pobreza y vulnerabilidad. Lo más polémico de esta política de seguridad ciudadana es que sigue dejando impunes los delitos informáticos o económicos, como los del caso Penta o MOP-Gate, que son cometidos exclusivamente por las elites.
“Queremos construir un Chile de todos, por todos y para todos”. El lema de la Presidenta Michelle Bachelet probablemente ha hecho sentido estas últimas semanas en que el Senado ha despachado el proyecto de ley de inclusión en Educación y la Cámara ha aprobado el Pacto de Unión Civil; todas son medidas que apuntan a fortalecer, de una u otra forma, nuestro tejido social. Podríamos decir que paulatinamente nos aproximamos hacia un Chile de todos y todas. Pero sería algo apresurado. Y es que la Jefa de Estado al firmar un proyecto de ley en materia de seguridad puso en jaque su propio lema.
El proyecto de ley de la Agenda Antidelincuencia, firmado en compañía de tres de las más influyentes carteras, tiene como objetivo fundamental endurecer las penas que castigan delitos contra la propiedad, como el robo o el hurto. En propias palabras de la Mandataria, habría un “castigo efectivo”. De este modo, quienes cometieran un robo por primera vez, no se verían beneficiados por atenuantes como la 11 N°6 de nuestro Código Penal y deberían pasar al menos un año en la cárcel. En suma, nuestra Presidenta estaría impulsando un enfoque de política de seguridad ciudadana conocido como “Tolerancia Cero”.
[cita] La política de “Tolerancia Cero” busca sancionar severamente los delitos sin importar su gravedad ni sus circunstancias atenuantes. Empero, no detiene en absoluto el crimen. Para entender esto, es menester evidenciar que este tipo de enfoques sólo busca reprimir las conductas delictuales mas no las causas de estas infracciones, que bajo un aspecto sociológico se relacionan con exclusión, pobreza y vulnerabilidad. Lo más polémico de esta política de seguridad ciudadana es que sigue dejando impunes los delitos informáticos o económicos, como los del caso Penta o MOP-Gate, que son cometidos exclusivamente por las elites.[/cita]
Chile se ubica en el segundo lugar de los países con mayor población penal de la OCDE: 266 privados de libertad por cada 100 mil habitantes. A fines de 2014, la población penal que cumplía sus condenas de manera efectiva correspondía a 43.264 personas. Mientras que 51.290 lo hacían con una medida alternativa, beneficiados por la Ley 18.216. Con el proyecto de la Agenda Corta, la cobertura del subsistema abierto, es decir, la población beneficiada con medidas alternativas, se vería fuertemente reducida, aumentando la población en prisión y, por ende, el hacinamiento.
¿El enfoque que pretende implementar Michelle Bachelet disminuiría la delincuencia? O, más bien, ¿sólo busca aumentar la aprobación de su mandato frente a sucesos como las detenciones “ciudadanas” y la percepción de la puerta giratoria?
La política de “Tolerancia Cero” busca sancionar severamente los delitos sin importar su gravedad ni sus circunstancias atenuantes. Empero, no detiene en absoluto el crimen. Para entender esto, es menester evidenciar que este tipo de enfoques sólo busca reprimir las conductas delictuales mas no las causas de estas infracciones, que bajo un aspecto sociológico se relacionan con exclusión, pobreza y vulnerabilidad. Lo más polémico de esta política de seguridad ciudadana es que sigue dejando impunes los delitos informáticos o económicos, como los del caso Penta o MOP-Gate, que son cometidos exclusivamente por las elites. ¿Es que hay privilegios para las clases pudientes? ¿Por qué se criminaliza únicamente a los ciudadanos más pobres de Chile?
¿Dónde está el Chile de todos y todas? ¿Es que acaso los marginados de los marginados no están contemplados en la cobertura del programa de gobierno? ¿Por qué no se impulsan políticas para acabar con los delitos de cuello y corbata? Cuando se entienda que el gasto fiscal de las políticas de seguridad ciudadana debe invertirse en la prevención del delito –y no en la represión–, en programas de rehabilitación y reinserción social, quizá nos aproximemos a ese Chile que prometió la Presidenta. De lo contrario, se buscará privilegiar una seguridad cosmética. Y profundizaremos en una dialéctica del crimen que dañará únicamente a nuestra cohesión social.
