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Garantía del Estado o chipe libre en universidades privadas

por 17 febrero, 2015

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Han sido días agitados en materia de debate para el presidente de la federación de la Universidad Católica, Ricardo Sande, y para la derecha en general. La pauta de discusión veraniega, marcada por los temas del aborto y en la antesala del año en que se definirán los términos de una reforma educacional, ha dado pie a un conjunto de declaraciones que permiten entrever las proyecciones que el dirigente gremial y los sectores conservadores defenderán durante el 2015, tanto dentro del movimiento estudiantil como en el debate nacional sobre la reforma.

A pocos dejó indiferentes que, hace pocos días, luego de la extraña amenaza de expropiación de la UC por parte de un diputado de la llamada Nueva Mayoría, Ricardo ofreciera su apoyo al rector Sánchez. Dentro de la propia comunidad UC, como ha ocurrido en otras ocasiones, varios consejeros y representantes de carreras cuestionaron duramente las declaraciones del dirigente estudiantil, así como las posiciones que las autoridades de dicha universidad han sostenido respecto al proyecto de aborto terapéutico y la reforma educacional, reabriendo el debate en torno al sentido de lo público y el financiamiento por parte del Estado.

 La ausencia absoluta de democracia, la inseguridad respecto del destino de los fondos que ingresan a las universidades, el problema de la reinversión en la calidad educativa, las alzas de aranceles y matrículas, las políticas que atentan contra la organización estudiantil y otras problemáticas, son el retrato vivo de que por mucho que una universidad privada se declare pública en su visión y misión, esta sigue siendo neoliberal y privada en su estructura.

Sin pasar por alto un debate central, como es el del aborto –frente al cual existen argumentos de peso que justifican su despenalización– las palabras de la dupla católica han dado un salto hacia la discusión sobre el rol del Estado en la definición de los proyectos educativos y su financiamiento, agitando la bandera de la libertad y el pluralismo, como argumento para dar chipe libre a que, con fondos del Estado, las autoridades y la Iglesia hagan de la UC una suerte de claustro.

En algo estamos de acuerdo, cuando definimos lo público y lo estatal no hablamos exactamente de lo mismo. Ahora bien, es claro que lo público resulta mucho más distante de una mera declaración de buenas intenciones que de la promoción y consolidación de lo público que el Estado debe poseer; y es que hoy el peligro reside en que, motivados por el interés particular, sectores minoritarios comiencen a ofrecer definiciones de lo público que permitan que el Estado financie proyectos universitarios controlados únicamente por altos empresarios y autoridades eclesiásticas que operan bajo la lógica del viejo dicho “candil de la calle, oscuridad de la casa”.

El problema de la educación, y el rol activo que el Estado debe tomar en esto, pasa por entender el camino de lo público como una cuestión de acción más que de palabra, una transformación profunda del actual sistema, del orden interno de las universidades, donde se garantice un derecho fundamental, y donde el problema central sí es la gratuidad y la forma en que el Estado se hace cargo de asegurar que todos los chilenos y chilenas tengan acceso a una educación digna.

La ausencia absoluta de democracia, la inseguridad respecto del destino de los fondos que ingresan a las universidades, el problema de la reinversión en la calidad educativa, las alzas de aranceles y matrículas, las políticas que atentan contra la organización estudiantil y otras problemáticas, son el retrato vivo de que por mucho que una universidad privada se declare pública en su visión y misión, esta sigue siendo neoliberal y privada en su estructura. La autonomía universitaria es condición de posibilidad para la organización de la comunidad, a fin de que esta pueda abordar y dar resolución a este tipo de conflictos. En lugar de esto, el presidente de la Feuc pretende invocarla como justificación para defender determinados intereses y valores, haciendo caso omiso a las urgencias que hoy viven los estudiantes del sector privado.

Es una falsa ilusión hacer pasar las posturas de derecha como una nueva voz dentro del movimiento estudiantil. Hoy sigue estando más vigente que nunca la demanda de las mayorías sociales por una educación pública y gratuita.

De cara a la reforma educacional que se nos viene este 2015, resulta crucial abrir el debate respecto de cómo el tema del financiamiento a las universidades estatales y privadas se regula, acorde a definiciones que apunten a la consolidación de un sistema público de educación. Hoy, ni los secretismos e incertidumbres erráticas que ofrece el Gobierno sobre el rumbo de la reforma, ni las tergiversaciones conceptuales que ofrezcan los sectores conservadores, pequeños por cierto en sus niveles de representatividad, entregan salidas certeras al conflicto, y debemos ser, por tanto, los actores sociales, el movimiento estudiantil, la comunidad universitaria, trabajadores y profesores, quienes retomemos el protagonismo y marquemos el camino de la reforma que Chile necesita.

Espero que sobre estas palabras no se renueven las acusaciones de “ataque contra posiciones distintas” desde quienes tenemos “capturado” el Confech. Aquí simplemente se pretende nutrir el debate, y con toda sinceridad defender una postura y un interés, el interés de quienes nos movilizamos desde el 2011 y quienes somos parte de ese 74% que exige la educación gratuita.

Una cosa es clara: si como públicos queremos definirnos, ya no basta con rezar.

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