Institucionalidad cultural: nadie sabe para quién trabaja

Desde la creación en 2004 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la oferta programática cultural chilena ha ido en evidente desarrollo. La aparición de galerías de arte, centros culturales, el posicionamiento aparente de algunos museos, la creación de otros y la creciente gestión de iniciativas de carácter privado, como son algunos festivales de música, Teatro a mil o ChACO, e instancias fallidas público-privadas tales como la Trienal de Artes Visuales, son en definitiva una búsqueda por situarnos dentro del globo con una propuesta cultural semejante a cualquier país de desarrollo económico equivalente, sin embargo, ¿puede un país desarrollarse sin una mirada amplia y sin una proyección que integre e incentive la actividad cultural, más allá de un acceso episódico a éstas, y sin el efectivo resguardo al patrimonio material e inmaterial?

Vamos por parte. Por un lado, tenemos una falta de políticas culturales consistentes que permitan apoyar instituciones o dirigir programas culturales con cierta continuidad, teniendo entonces instituciones culturales al borde permanente de la desaparición y que dependen para subsistir en gran medida de las voluntades y capacidades de gestión de sus equipos, con bajos sueldos y poca estabilidad laboral; tenemos, por otra parte, el permanente déficit presupuestario que aqueja a los distintos actores del ámbito cultural, artistas, gestores, productores e instituciones, que incide de manera directa en los contenidos de la programación cultural, siendo los fondos concursables el motor fundamental de los proyectos realizables, muy a pesar de los esfuerzos realizados en aumentar el presupuesto del CNCA, por una parte, y, por la otra, los recientes cambios en la Ley de Donaciones Culturales que tienen por objeto fomentar la participación, hoy ineludible, del sector privado.

[cita] Se ha demostrado en los últimos resultados de Fondart que derechamente se han beneficiado proyectos provenientes del sector privado, es entonces prudente preguntarnos: ¿qué iniciativas son las que debiera financiar el Estado? Y derivado de lo anterior: ¿quién o quiénes son los que están decidiendo los contenidos culturales hoy en Chile? ¿Es lógico que el sector privado –además con el 50% de aporte fiscal a través de la Ley de Donaciones– sea el que determine los contenidos culturales de las instituciones e iniciativas públicas cuando determinan financiar o no una propuesta o bien apoyar el funcionamiento de una institución? [/cita]

Sin embargo, ¿qué interés real tiene la empresa privada en torno a la cultura, o bien su interés radica en la posibilidad de ahorrarse impuestos, aprovechando de limpiar su imagen frente a la sociedad? ¿Cuántas empresas realmente ven la cultura como una necesidad, un derecho y entienden su inversión como un deber en beneficio de la comunidad? ¿Cuántas, por otro lado, crean sus propias fundaciones donde finalmente realizan “autodonaciones”, asociándose a proyectos educativos, deportivos y en mucha menor medida culturales? Así, ¿dónde está el compromiso real del sector privado hacia el desarrollo de la cultura, sin medir de qué tamaño, cuánto tiempo y dónde se instala el logo; sin medir cuántos clientes más se pueden sumar al servicio de la empresa; sin cuestionar un proyecto simplemente por la situación geográfica donde se enmarca, la que puede ser o no atractiva según la cartera de clientes que tenga la empresa, o bien para “retribuir” a la zona por un eventual daño de tipo ecológico u otro; o bien cuántas personas “participarán” del evento cultural, otorgando el poder de las audiencias a la factibilidad de las propuestas de manera cuantitativa pero nunca cualitativa?

Somos testigos, todos los años, de cómo en la prensa cultural de fin de año se realizan las estadísticas respecto del número de personas que ingresa a los distintos espacios culturales de distinto orden, misión y realidad, arrojando una línea desde la cual se mide el “éxito” de una institución o de su oferta programática, resumiendo el trabajo de un año a una simple columna en la cual se destacan dos o tres instancias y un gran número que lapida o eleva el poder de gestión de cada espacio, como si la importancia de los “eventos culturales” dependiera exclusivamente de la cantidad de personas que asisten.

Pero seamos honestos y veamos dónde radica este interés, desde dónde se mide y en qué consiste el llamado “acceso a la cultura”.  Ejemplos como el concierto gratuito de Los Jaivas realizado frente al Museo Nacional de Bellas Artes el año 2013, donde el Parque Forestal quedó reducido a calidad de baño público y vertedero y el Museo de Arte Contemporáneo fue víctima de la barbarie de un público desbordado con el ingreso forzado a sus instalaciones para robar aquello con lo que tropezaran, entre lo cual hubo dos obras de arte y extintores, demuestran que existe un mal entendimiento respecto al concepto del acceso,  no se trata simplemente de organizar eventos culturales gratuitos sin siquiera estudiar el emplazamiento y sus efectos colaterales. La improvisada conquista de las audiencias no es sinónimo de una retribución efectiva que permita generar un aporte sustantivo a la vida cotidiana de las personas.

Respecto de Fondart, la exigencia del cofinanciamiento porcentual de los proyectos, a excepción de los de creación artística, partió siendo una regla asumida, con mayor o menor entusiasmo, por los actores del sector cultural “compitiendo”, artistas y gestores, centros culturales, teatros y museos, escritores y editoriales e incluso universidades y corporaciones, en una contienda desigual por financiar todo tipo de proyectos e iniciativas, que además de concentrar las expectativas año a año, califican las propuestas que cuentan con este relativo apoyo, siendo muchos de ellos “cofinanciados” –por lo general, los proyectos presentados por personas naturales– por los propios gestores en la desesperada búsqueda por cumplir con las bases, y evidentemente desvirtuando el objetivo de la nueva normativa que es fundamentalmente sumar al sector privado en las iniciativas.

Se ha demostrado en los últimos resultados de Fondart que derechamente se han beneficiado proyectos provenientes del sector privado, es entonces prudente preguntarnos: ¿qué iniciativas son las que debiera financiar el Estado? Y derivado de lo anterior: ¿quién o quiénes son los que están decidiendo los contenidos culturales hoy en Chile? ¿Es lógico que el sector privado –además con el 50% de aporte fiscal a través de la Ley de Donaciones– sea el que determine los contenidos culturales de las instituciones e iniciativas públicas cuando determinan financiar o no una propuesta o bien apoyar el funcionamiento de una institución? ¿O es razonable que sea Fondart el que imponga la programación a través de sus evaluadores y jurado?

Es más prudente preguntarlo en este momento, que es cuando se están elaborando las políticas que definirán el flamante Ministerio de Cultura. ¿Cuál es el rol que cumplen los museos cuando no existen políticas de adquisición de obras y resguardo de sus colecciones? ¿Cuando la programación de exposiciones temporales se ven mermadas de acuerdo a la capacidad de financiar un proyecto o bien por la capacidad –o incapacidad– infraestructural de la institución para poder recibirlas y atenderlas? ¿Qué sucede que algunos centros culturales se llevan un porcentaje presupuestario tan desigual respecto de museos nacionales? Otros se levantan para solapar una deuda regional, pero quedan en muchos casos en manos de los municipios, sin financiación ni equipos capacitados que puedan generar programas de calidad que perduren.

Finalmente, son quienes idean los proyectos, y esto incluye a la labor de creación de los artistas, los que deben pesquisar, seducir, convencer, presentar formularios y rendir, ya sea a través de Fondart o la búsqueda de auspicios. A excepción de algunos valientes que han ingeniado modelos de gestión –algunos con éxito– autónomos, que prescinden de estas plataformas de financiación. De todos modos, la carga de buscar la forma de financiar proyectos culturales recae en los mismos que deben ejecutarlos, y esto incluye en muchos casos la capacidad de sobrellevar instituciones culturales, su sobrevivencia ante un sistema despiadado que se viste de sus logros, pero mira hacia al lado cuando se trata de hacernos cargo de las precariedades y articular un debate consistente que tenga una injerencia concreta en las políticas culturales.

El diagnóstico es lastimero, sin embargo, podemos mejorar las condiciones bajo una mirada transversal que permita establecer ciertas coherencias presupuestarias en relación al rol que ocupan instituciones culturales respecto de otras, independientemente de su pertenencia, DIBAM, fundaciones privadas con aporte del Estado o bien universitarios, como son el Teatro Nacional o el Museo de Arte Contemporáneo, fortaleciendo lo público, generando un programa de protección y promoción del patrimonio que permita conocer, resguardar, difundir y acrecentar las colecciones de arte en vista de la construcción de una memoria colectiva en coherencia histórica con la institución que las alberga. Abrir concursos públicos para transversalizar los puestos de trabajo de centros culturales regionales, de manera de enriquecer la práctica, crear intercambio, descentralizar la experiencia y obligar alternancia. Conocer, sistematizar y fortalecer programas e iniciativas ya existentes desarrolladas tanto por instituciones culturales como por equipos independientes levantados con la voluntad de personas, pero que se mantienen en permanente riesgo por la falta de recursos y desconocimiento del medio. Encauzar la aportación del sector privado, estableciendo un compromiso efectivo y promoviendo instancias de largo aliento, como son la internacionalización de artistas nacionales, la inyección en el funcionamiento de instituciones culturales respetando su autonomía para definir sus contenidos, la inserción de acciones culturales internacionales en la escena local que pudieran significar un aporte al desarrollo local, tanto a nivel nacional como regional. El desarrollo de un trabajo educativo que cree participación real y logre implantar un programa de mediación entre organismos culturales y la comunidad de manera horizontal para la creación de audiencias con formación efectiva. El apoyo a la creación artística con la posibilidad –o exigencia– de parte de las instituciones de pagar honorarios a los artistas por su trabajo, por ejemplo, y que permita darle un valor al Manual de Buenas Prácticas publicado recientemente el 2014. Lo importante respecto a si debiera existir un ente fiscalizador que permita que dichas instancias pudieran desarrollarse sin estar supeditado al interés comercial de la empresa patrocinadora.

Sin duda, la lista de iniciativas es larga, no obstante, la incapacidad de trabajar en bloque es lo que mantiene nuestra escena cultural en un permanente estado de vulnerabilidad, no podemos seguir iniciando acciones parceladas que, por un lado, subsanan parcialmente ciertas anomalías pero, por el otro, sólo incrementan un gran vacío. Hoy se habla, desde el CNCA, de la realización de una “reingeniería” para enfrentar los últimos hechos acaecidos en los fondos concursables. Sin embargo, ¿no es momento acaso de realizar una reingeniería total y de una vez, partiendo por conocer de forma seria y responsable la situación cultural de Chile, no será momento de reunirnos y realizar un diagnóstico transparente y con la participación de todos los actores, que nos permita planificar el Chile que merecemos y con el cual nos sintamos identificados y orgullosos? Tal como decía Italo Calvino: Sin piedras no hay arco.