Caso Dávalos: en respuesta a columna de Patricia Politzer

Señor Director:

Hace algunos días se publicó en este medio una columna de Patricia Politzer analizando el caso Dávalos. De entrada, la columna nos plantea que el problema principal y de fondo es que aquí hubo «una pasada». Así, a secas. Y, por tanto, la pena de nuestra Presidenta vendría siendo producto de que su hijo hizo cierto negocio, obteniendo con ello «dinero fácil»,  algo que va en contra de la esencia de lo que ella le ofreció al país.

Pero, ¿es tal pasada o negocio algo malo en sí mismo? Finalmente, tal transacción lo único que nos informa es que el terreno fue comprado y vendido, generando valor y siendo beneficioso para cada una de las tres partes que intervino en el negocio. Es más, un negocio de este tipo debiese dejar cerca de $1.000 millones en impuestos, con lo que además de rentable privada y socialmente, sería además atractivo para el Estado. Por tanto, creo que es un tremendo error partir de la base que aquí el error fue el haber hecho un negocio extremadamente rentable.

¿Cuál fue el problema entonces? Como casi siempre, lo relevante está en los detalles. Y en este caso puntual, todos los problemas éticos están asociados a la forma en que se desarrolló el negocio. Para empezar, tenemos una compraventa donde el valor del terreno depende en gran medida de una decisión administrativa, la que a su vez depende parcialmente de autoridades que serían nombradas por la Presidenta electa, quien es a su vez es la suegra de quien hace el negocio. Si a eso sumamos que en el negocio participó como asesor quien luego sería nombrado seremi de Vivienda (una de las autoridades que inciden), entonces tenemos varios problemas. El más grave sería que el negocio hubiese incidido en decisiones gubernamentales con tal de beneficiar al hijo de la Presidenta. Pero, aun si esto no se prueba, el mero hecho de contar con información privilegiada acerca de posibles cambios constituye una grave falta ética.

Si a lo anterior le sumamos que el negocio fue viabilizado por un banco luego de una reunión con el hijo de la Presidenta electa y un crédito en términos que jamás serían otorgados a otros clientes, entonces lamentablemente debemos sumar a Sebastián Dávalos a esa lista que el mismo Gobierno llamó hace algunos meses «los poderosos de siempre». Y, por último, si agregamos que el banco en cuestión es de propiedad de quienes constantemente se han señalado como financistas de la coalición de Gobierno, entonces ya tenemos aún más razones para pedir que todo esto se aclare.

Probablemente todos estos hechos ya los han leído una y otra vez, pero creo que es necesario volver a repasarlos para convencernos de que los problemas del caso en cuestión no se derivan de que alguien haya hecho un buen negocio. Estos emanan de la forma poco ética en que estos fueron hechos y de que ellos hayan sido llevados a cabo de esta forma por la familia de nuestra Presidenta.

Por ello, me parece de la mayor gravedad que intentemos, como lo hace la periodista Politzer y otros cercanos a la Nueva Mayoría, transformar este problema ético particular en una discusión ideológica general. Porque generalizar es justamente esconder y matizar el hecho de que tenemos frente a nuestros ojos algo que, sin duda, es inaceptable.

Tampoco corresponde referirse al presente caso como uno más dentro de aquello a lo que la opinión pública se refiere como «relación entre política y dinero». Una reforma en ese sentido es de la máxima urgencia y debemos aprovechar el actual envión, pero las medidas generalmente propuestas, que están asociadas principalmente al financiamiento de la actividad política, difícilmente podrían haber evitado un caso como el que estamos discutiendo.

De las palabras de Politzer se desprende también que la operación es reprochable por el solo hecho de contribuir a la desigualdad económica. Tal conclusión es obviamente absurda. En la columna se nos intenta confundir entre distintos aspectos de justicia e inequidad. Puede que muchos estemos decepcionados de la Presidenta y de la coalición gobernante por la desigualdad asociada al presente caso, pero lo relevante de tal desigualdad no se expresa en el resultado del negocio, sino en el abuso de poder, los latentes conflictos de interés, y la inequidad en el acceso a los medios para poder realizarlo.

Carlos Lobos

Coordinador político de Amplitud