Un año de gobierno y la evolución de los apoyos populares
Señor Director:
Se sabía, en función de lo que fue su programa electoral, que la llegada de Michelle Bachelet a La Moneda permitiría –en virtud de la mayoría que su coalición de gobierno tiene en el Congreso– la materialización de una serie de reformas que la ciudadanía consideraba como necesarias de cara a una nueva configuración societal. Ante esto, los anuncios y las acciones de los primeros meses de su gestión, especialmente en materia tributaria, permitieron consolidar el apoyo que ella obtuviera en las urnas; apoyo que logró sostener en el tiempo gracias a la eliminación del binominal, por más que ésta se hiciese –a mi entender– de una forma que no corrigió en plenitud los vicios de representatividad que se le reconocían al sistema anterior.
Sin embargo, los errores comunicacionales y soberbia que se emitieron y demostraron desde La Nueva Mayoría –y que Bachelet no supo corregir de manera inmediata– generaron las primeras oportunidades para que la oposición se disfrazase de víctima y se mostrase como un sector que era prisionero de un conglomerado político con una mirada absolutista. A su vez, las evidentes diferencias mostradas entre las promesas electorales de Bachelet y el discurso planteado y defendido por las figuras políticas de su gobierno –en lo que refiere a las reformas tributaria, electoral y sobre todo la relacionada a la educación, sumadas a un incoherente silencio en lo que respecta a la reforma constitucional– fueron generando las primeras críticas de aquellas personas que –en su momento– apoyaron el programa de Bachelet, demostrándose una desilusión que se fue plasmando en una sostenida caída en los apoyos populares que la Mandataria evidenciaba.
En ese contexto, se presumía que la oposición aprovecharía la oportunidad para mostrarse como una alternativa política abierta a los cambios y dispuesta a mejorar la esencia de los proyectos, situación que a la larga buscaba redituar sus bonos de cara a futuras elecciones. Sin embargo, su falta de visión y su lastimada credibilidad impidieron que pudieran lograr avances en los apoyos que la ciudadanía les brindaba en las encuestas. Las revelaciones que se hicieran a raíz del caso Penta y que demostraban la nociva relación entre el dinero y política que tenían algunas de sus figuras, terminaron por desplomar la credibilidad de la ciudadanía respecto a la oposición.
Ante la gravedad de este caso, era presumible asumir un cambio de tipo instrumental de la actitud de la oposición, condición que permitiría al Gobierno de Bachelet lograr con mayor facilidad los acuerdos para concretar las reformas pendientes. Sin embargo, el contexto no pudo ser aprovechado en plenitud por el Gobierno en virtud del destape del caso Caval y –sobre todo– por el pésimo manejo que tuvo la Presidenta Bachelet de la situación.
Todo esto ha significado, a un año del inicio de su Gobierno, que la Presidenta bajase ostensiblemente en los niveles de apoyo ciudadano, situación que ha de entenderse como un factor que condiciona la necesaria gobernabilidad que se requiere en un mandato que se ha planteado como reformista y reestructurador.
Pedro Díaz Polanco
Director Ciencias Políticas y Gestión Pública
Universidad San Sebastián
