El desarrollo de la comisión investigadora Penta ha dejado en evidencia también la urgencia de avanzar en reformas a la Ley Orgánica del Congreso. Y es que no es explicable que quienes por años fueron parlamentarios -y quienes incluso hoy tienen un escaño en el Parlamento- no hayan honrado ese mandato popular asistiendo a esta instancia de fiscalización para aclarar ante el país las acusaciones de financiamiento irregular de campañas consignadas en la carpeta investigativa de la Fiscalía
Hace ya 19 meses que estalló el denominado caso “Fraude al FUT” que develó las irregulares devoluciones de impuestos que el SII realizó a cientos de contribuyentes. Desde agosto de 2013 en adelante todo se ha ido magnificando como una bola de nieve.
Lo que partió como un escándalo en las páginas económicas luego derivó en un golpe al mundo político con las declaraciones del ex gerente de Penta, Hugo Bravo, que detalló cómo esta empresa hizo presuntos aportes irregulares a campañas políticas.
El inconmensurable daño a las instituciones ocasionado por el caso Penta impone a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados un desafío adicional al que tienen estas instancias de fiscalización. El mandato oficial es establecer responsabilidades políticas, pero también está llamada a contribuir para devolver el prestigio a las instituciones del Estado, porque son éstas las que sostienen la democracia.
[cita] El desarrollo de la comisión investigadora Penta ha dejado en evidencia también la urgencia de avanzar en reformas a la Ley Orgánica del Congreso.[/cita]
El desarrollo de la comisión investigadora Penta ha dejado en evidencia también la urgencia de avanzar en reformas a la Ley Orgánica del Congreso. Y es que no es explicable que quienes por años fueron parlamentarios –y quienes incluso hoy tienen un escaño en el Parlamento– no hayan honrado ese mandato popular asistiendo a esta instancia de fiscalización para aclarar ante el país las acusaciones de financiamiento irregular de campañas consignadas en la carpeta investigativa de la Fiscalía.
Este ambiente de sospecha le hace mal a Chile. Es grave que haya indicios de que tenemos un Parlamento no enteramente democrático, sino que está cooptado por grupos económicos.
Como presidente de la Comisión Investigadora Penta aspiro a que el trabajo que hemos realizado en esta instancia sea también un aporte al mandato que nuestra Presidenta le entregó a la comisión asesora contra la corrupción.
Debemos contribuir desde el Parlamento a que tengamos instituciones mucho más sólidas, que superen el déficit de prevención de delitos y corrupción que hasta ahora han evidenciado órganos como el SII.
Necesitamos un aparato estatal impermeable a la corrupción; un Servicio Electoral con mayores atribuciones y real capacidad de contener fraudes electorales y requerimos un Congreso a la altura de los estándares de probidad que los chilenos exigen, que tenga mayores exigencias a la hora de presentar declaraciones de patrimonio y donde no sea optativo inhabilitarse cuando hay un conflicto de interés.
Este 30 de marzo la comisión investigadora comenzará a debatir las conclusiones de su informe. Será una oportunidad para que todas las fuerzas políticas demuestren que existe un interés real por aprender de esta crisis y por honrar a nuestras instituciones, porque Chile las necesita sanas y fuertes.
