Mermar aún más las condiciones de los docentes en la educación pública y gran parte de la subvencionada, manteniendo la competencia por recursos, no resolverá los problemas profundos que envuelven al sistema educativo. La política de pago por desempeño a los docentes parece más bien un nuevo ataque interesado al magisterio y a las condiciones de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes.
Imaginemos por un momento que el sueldo y las condiciones de trabajo de funcionarios públicos como la policía dependieran de alguna medida de desempeño. Por ejemplo, se considerara que el número de partes que cursan o el número de detenciones semanales sean una medida que defina sus promociones y bonos salariales. Es decir, mientras más detenidos lleguen a las comisarías, mientras más partes de tránsito cursen, mayor sería el sueldo del o la policía, y mayor sería la estima institucional hacia quienes logren más detenidos y cursen más partes. Quizá muchos de quienes ven en la idea algo atractivo, puedan argumentar que tal aproximación aumentaría la seguridad ciudadana, el respeto a las leyes y a la autoridad policial.
Detengámonos un poco en lo que podría pasar si tales incentivos por medidas de desempeño se implementaran como política pública. Lo primero, y evidente, es que dado el incentivo para detener personas y cursar partes por infracciones, el número de detenidos y partes aumentaría, y podría hacerlo notoriamente. Tendríamos una policía cuantitativamente «eficaz», que podría con cifras, mostrarnos la evidencia de su eficacia. Lo segundo, cualitativamente, podrían empezar a pasar cosas como que la policía comenzaría a elegir «blancos fáciles» de detenciones, personas que podrían ser detenidas numerosas veces sin motivos justificables; niños y jóvenes que juegan en las plazas; menores de edad que podrían ser convenientemente confundidos con sospechosos de delitos comunes; partes por infracciones inexistentes; y tantas otras violaciones de derechos que vendrían de la mano con «mostrar cifras», o como les gusta decir a los expertos: mostrar la “evidencia empírica” del desempeño.
[cita] Mermar aún más las condiciones de los docentes en la educación pública y gran parte de la subvencionada, manteniendo la competencia por recursos, no resolverá los problemas profundos que envuelven al sistema educativo. La política de pago por desempeño a los docentes parece más bien un nuevo ataque interesado al magisterio y a las condiciones de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes.[/cita]
Esta hipotética situación, motivada por la idea de premiar el desempeño, parece exagerada y algo irreal. Pero no lo es: esto ha pasado exactamente así: cuando a la policía de Miami Gardens, un pueblo en el estado de Florida en Estados Unidos, se le presionó por «subir las cifras» ocurrió exactamente esto: detenciones injustificadas, detenciones recurrentes de ‘blancos fáciles’, detenciones de niños que jugaban en plazas, incluyendo menores de cinco años confundidos, convenientemente, con sospechosos de robos, etc.
En Miami Gardens, ciudad de unos cien mil habitantes, gracias al pago por desempeño a la policía se llegó a la ridícula cifra de 99 mil detenciones entre 2008 y 2013. La mitad de los habitantes de la ciudad habían sido detenidos en la calle e inspeccionados por la policía por lucir sospechosamente. En el límite del absurdo, una sola persona fue detenida 250 veces, 62 de las cuales ocurrieron en la tienda donde trabajaba. Todo esto con el fin de mostrar cifras de la “mejora del desempeño” policial, y asegurar el financiamiento de la policía de la ciudad, aun cuando no hubo evidencia alguna de tener mayor seguridad por detener a más personas, la mitad de la ciudad.
Como es de esperar, este tipo de visiones gerenciales de los servicios públicos, guiadas meramente por cifras irreflexivas e impuestas, terminan siempre afectando a los más pobres y desprotegidos de recursos para hacer frente a estos abusos. Y no es el único caso. Un ejemplo aún más dramático del mismo principio de pago por desempeño es el de los “falsos positivos” en Colombia, donde se les dio incentivos a miembros del ejército por “dar de baja” a miembros de la guerrilla, lo que resultó en la ejecución extrajudicial de cientos de campesinos que fueron pasados como guerrilleros para “aumentar las cifras” del ejército.
Si bien a un nivel distinto, la misma lógica de estos casos -donde medidas absurdas de “desempeño” son premiadas en los servicios públicos- puede comenzar a afectar a sus hijos en la escuela.
Aparentemente el gobierno de Bachelet, de la mano del ministro Eyzaguirre y con la ayuda interesada de El Mercurio y su editorialista educativo, ha decidido que el modelo gerencial de pago por desempeño debe ser aplicable y profundizado para los docentes. El gobierno no solo empuja por aumentar la ponderación del “desempeño” en la estructura salarial de los docentes, sino también apunta explícitamente a que “los mejores” tengan condiciones de trabajo más ventajosas. Las jornadas de discusión sobre la Política Nacional Docente está sirviendo para legitimar esa política, resistida trabajosamente desde hace años por los docentes. El gobierno, al igual que el discurso mercurial conservador, es hábil para esconder una política completamente perjudicial para los estudiantes de las escuelas públicas, entre una retórica que llama a aulas constructivas e instrumentos de mejor calidad para «medir» el desempeño.
La literatura internacional y nacional reporta extensamente que, la aplicación de evaluaciones externas de altas consecuencias, corrompe la misión misma de la educación e influye en lo que deciden y hacen los actores educativos, como profesores y directivos. Empujados por la asociación a consecuencias como el propio ingreso mensual, y por la precariedad e inseguridad laboral del contrato anual, los actores educativos se enfocarán predeciblemente en obtener el mejor resultado medible que pueda asegurarles un ingreso digno y seguridad laboral, muchas veces contradiciendo principios éticos que sucumben a la necesidad económica.
Así pasó con los policías de Miami Gardens, como lo han dicho ellos mismos. Así ha pasado en Chile con múltiples escuelas que se enfocan en los resultados del SIMCE, respondiendo a la presión externa por subirlos. Y así pasará si el gobierno se sale con la suya y hace que no solo el sueldo precario de un docente dependa de una evaluación externa, sino también las condiciones de enseñanza. Son las condiciones de enseñanza de un docente las condiciones de aprendizaje escolar de nuestros hijos.
Sería lamentable que las dirigencias del Colegio de Profesores y los partidos y colectivos dentro del gobierno -que dicen jugársela por la carrera profesional docente- no presten atención a este importante tema y opten por la unidad del gobierno con los sectores empresariales más conservadores. Mermar aún más las condiciones de los docentes en la educación pública y gran parte de la subvencionada, manteniendo la competencia por recursos, no resolverá los problemas profundos que envuelven al sistema educativo. La política de pago por desempeño a los docentes parece más bien un nuevo ataque interesado al magisterio y a las condiciones de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. De nada servirá proclamar el avance contra el lucro y la exclusión, si por el lado se fomentan políticas que justamente fortalecen la exclusión mediante la competencia.
