Ex presos políticos en huelga de hambre
Señor Director:
La huelga de hambre iniciada el 13 de abril por ex presos políticos de la dictadura no nos deja indiferente por varias razones. Entendida como una medida de presión legítima, también pone en riesgo la salud e integridad de los huelguistas, quienes en este caso son personas de avanzada edad que en promedio tienen 70 años. Nos preocupa que esta huelga se prolongue en busca de respuestas para un petitorio que apunta, entre otras cosas, a mejorar pensiones que actualmente reciben los ex presos políticos y a contar desde el Estado con una instancia de calificación permanente para las víctimas de la dictadura. Este último punto es probablemente el que debe ser atendido con mayor celeridad. Se trata de una medida comprometida en el programa de gobierno donde expresamente se ha señalado la revisión de las actuales leyes reparatorias y la asignación de una entidad estatal permanente que se haga cargo del reconocimiento, acogida, asistencia jurídica, social y de reparación para las víctimas de crímenes y violaciones a derechos humanos de la dictadura.
Esta medida es parte de un compromiso mayor y así lo entendemos: se requiere fortalecer la institucionalidad existente en materia de derechos humanos. La Subsecretaría de Derechos Humanos y el Defensor del pueblo son dos instituciones que se requieren con urgencia. Sabemos que este tipo de medidas implican procesos mayores, por lo mismo, los pasos que se den desde el gobierno deben ir en la dirección de avanzar hacia su cumplimiento.
Hacemos un llamado a las autoridades para que generen todos los esfuerzos posibles para dialogar con los huelguistas y ofrecer respuestas consistentes con los compromisos de gobierno, sin falsas expectativas. Llamamos a no dilatar esas respuestas, su lentitud puede poner en riesgo la integridad de quienes permanecen en huelga de hambre en Rancagua, San Felipe, Osorno, Valparaíso y Santiago.
Marcela Sandoval, secretaria general
Belén Pizarro, coordinadora DDHH
Revolución Democrática
