¿Cuántas leyes se han promulgado, cuántas políticas públicas o cuántas reformas en curso responden hoy a este tráfico de influencias? Muchas de estas han sido legales, pero ilegítimas, ya que responden a quienes han financiado a nuestros representantes, los que efectivamente, pero tras bambalinas, deciden el quehacer de las instituciones del Estado.
La crisis de legitimidad ha empujado y acelerado la preocupación por la ética en la política de manera transversal. En ese contexto, y por fuera de la inicial agenda de Gobierno, la Presidenta Bachelet ha anunciado un paquete de reformas para restablecer la confianza de los y las chilenas en el rol de las instituciones públicas y de los representantes políticos.
Propuestas como la eliminación de los aportes reservados, la reducción de límite de gasto en campañas políticas, la fiscalización a la puerta giratoria entre las empresas públicas y privadas, y la pérdida de escaños de los representantes elegidos que pierdan la confianza pública, son, sin duda, un gran avance correctivo al gran vacío que nuestra legislación sostenía en cuanto al resguardo de la ética política y la transparencia.
A este paquete de medidas se le suma el anuncio del comienzo del debate constitucional, con fecha de septiembre.
Sin embargo, la crisis de legitimidad es profunda y proviene de un problema estructural. La poca ética política ha sido la punta del iceberg que ha develado la estrecha relación que hoy existe entre los representantes políticos y el empresariado. En este marco, hemos señalado que el problema que nos aqueja no solamente contiene una falta a la probidad, que puede interpretarse como las faltas legales al financiamiento de la política, sino que también da cuenta de cómo, hasta el día de hoy, el dinero y el interés particular de quienes lo detentan predomina por sobre el bien público. Una política creada como traje a la medida del mercado donde no existe otro fin que el mismo lucro.
[cita] ¿Cuántas leyes se han promulgado, cuántas políticas públicas o cuántas reformas en curso responden hoy a este tráfico de influencias? Muchas de estas han sido legales, pero ilegítimas, ya que responden a quienes han financiado a nuestros representantes, los que efectivamente, pero tras bambalinas, deciden el quehacer de las instituciones del Estado.[/cita]
Bajo esta perspectiva se abre la pregunta: ¿cuántas leyes se han promulgado, cuántas políticas públicas o cuántas reformas en curso, responden hoy a este tráfico de influencias? Muchas de estas han sido legales, pero ilegítimas, ya que responden a quienes han financiado a nuestros representantes, los que efectivamente, pero tras bambalinas, deciden el quehacer de las instituciones del Estado, como también el destino de ese político sensible al poder del dinero que pasa a los directorios de los grandes grupos económicos para ejercer visiblemente su rol de funcionario del empresariado como lobbista.
Avanzar en la transparencia y probidad de la política es necesario, pero la única forma de frenar la corrupción, es con más democracia, pero no con más dosis de esta democracia clientelar, de decisiones con grupos privados a puertas cerradas, sobre los cuales no tenemos ningún tipo de decisión. El abuso de poder se combate con una redistribución de ese poder, con igualdad para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan participar en la toma de decisiones que orientan nuestra vida, para impedir que individuos o grupos nos impongan su interés de clase como el interés de toda la ciudadanía. Con esa democracia nos identificamos.
Los anuncios delineados por la Presidenta son una deuda histórica que se pone al día con la fiscalización de los abusos que fueron pasados por alto durante el largo periodo llamado transición. Sin embargo, aún no se ha configurado un nuevo ciclo para nuestra democracia. Pero el destino que tomen dichos anuncios en conjunto con las reformas, pueden abrir una oportunidad de real democratización.
Sobre esto, podríamos suponer que una discusión constitucional podría abrir un nuevo ciclo para construir –ahora sí– una nueva Carta Fundamental para un Chile desprovisto de las trabas dictatoriales, en particular la instauración de la propiedad privada como eje de las relaciones sociales y humanas; entonces, ¿cómo no estar de acuerdo con ello?
Creemos profundamente que es posible imaginarnos un Chile más democrático, entendiendo el ejercicio de la participación política no exclusivamente como un voto cada cuatro años, sino con una participación activa y deliberativa, que transforme los marcos de la estrecha democracia que nos persigue. Por ello, si un centenar de leyes, reformas y políticas públicas han sido legales en lo procedimental pero ilegítimas en soberanía por concebirse en el tráfico de influencias, por un lado se deberían revocar aquellas leyes ilegítimas que tienen actualmente en la zona de sacrificio a sectores de nuestra población (por ejemplo, Ley de Pesca, LGE, créditos educacionales), leyes de la transición que han demostrado ser antidemocráticas y contramayoritarias, para así ir recuperando efectiva y progresivamente soberanía sobre nuestras vidas que la política de los acuerdos nos arrebató, y, por otro, entender que las reglas del juego con las cuales se administraron los conflictos sociales deben cambiar, para lo cual las reformas no pueden quedar en segundo plano por los actuales anuncios de la Presidenta, sino que, a propósito de ellos, deben ser el anclaje perfecto entre la política y lo social, y aquí no hay otra dirección que legislar con la ciudadanía y movimientos sociales, y no con los grupos económicos, ya que eso significaría en los hechos que los anuncios presidenciales no han sido más que grandes titulares de prensa. Caminar en democracia, no es solo derrocar los legados dictatoriales sino los mismos cerrojos impuestos por la transición.
De esta manera, cocinando con los de abajo y no con los de arriba, se van cambiando las reglas democráticas y habilitando mecanismos participativos y deliberativos que permitan dotar de credibilidad, legitimidad y, sobre todo, soberanía a las decisiones y leyes que afectan el diario vivir de nuestra sociedad.
Así vamos pavimentando el camino tan deseado a la asamblea constituyente, con una real práctica democrática, no sólo en su forma sino también en su contenido respecto a qué país queremos construir, sin sectores de nuestra sociedad sacrificados. La corrupción, la ilegitimidad de los poderes del Estado y de la política, sólo podrán ser superados con una ciudadanía empoderada, con mecanismos soberanos y con un debate donde no pese el bolsillo.
Y a propósito de poder dotarnos de una nueva Carta Magna que pueda recoger la dignidad, derechos, igualdad y libertad, se hace necesaria también la construcción de una alternativa política que, siendo parte de las luchas sociales que han ampliado los límites de esta mezquina y clientelar política, levante una izquierda democrática para Chile, cuya hoja de ruta sea una Constitución de mayorías sociales, amplias y soberanas.
