En el conjunto de propuestas que estamos trabajando en el Congreso para responder a las demandas ciudadanas de transparencia y probidad, no encontramos ninguna iniciativa legal clara y firme que sancione, de manera ejemplar, a aquellas empresas que, utilizando un recurso concesionado por el Estado, hagan mal uso de este.
SQM es un caso emblemático. La empresa tiene vigente una concesión entregada por la Corfo para la explotación del litio, un recurso estratégico para el desarrollo de Chile. Sin embargo, existe un juicio entablado por Corfo contra la empresa por no pago de las rentas convenidas e, incluso, protagonizar alevosos intentos de apropiación de los acuíferos de los salares en explotación. Muchos piensan que la red de financiamiento irregular de los partidos políticos, y de no pocas campañas electorales que investiga la Justicia, sería parte de un diseño para obtener protección e impunidad ante estas prácticas. A la luz de lo conocido, resulta de toda lógica, si queremos compararnos con los países desarrollados, que las actuaciones de sus ejecutivos y accionistas chilenos debieran ser razón suficiente para caducar dicha concesión. Sería un golpe de alto impacto sobre esta alianza torcida entre negocios y política. Es cierto que tenemos una legislación débil en esta materia y, probablemente, existen vacíos legales sobre el punto. Por lo mismo, debemos legislar con premura y decisión.
Es imperioso dar una señal como Estado. Somos un país serio que respeta la inversión privada, tanto nacional como extranjera, pero que exige un estándar de comportamiento adecuado, sobre todo si su actividad empresarial se hace a partir de bienes públicos que son entregados para su explotación. Hemos comprobado que los accionistas extranjeros han tenido una reacción mucho más abierta, transparente y rigurosa ante las demandas de la Justicia que sus pares chilenos. Tampoco aprueban la oscura relación que sus ejecutivos locales han tejido con políticos y la mayoría de los partidos. Es claro que, ante situaciones como las que está viviendo SQM, en Estados Unidos, Canadá o algún país europeo, la justicia, los accionistas y los mercados habrían sido implacables a la hora de obligarlos a restituir el daño causado al país. Los bienes del Estado, que son de todos los chilenos, deben ser resguardados debidamente y, quien hace mal uso de ellos, merece una dura sanción.
Como mencionamos, Corfo está protagonizando un duro litigio con SQM por los dineros adeudados de acuerdo a los contratos existentes. Este es otro argumento clave para desabrochar esta concesión administrada de forma atentatoria contra el interés nacional. Estos contratos leoninos en favor de la empresa SQM deberían escandalizar por sí solos a la opinión pública. Los agravantes políticos de las malas prácticas expuestas aumentan la indignación y nos impiden permanecer impávidos. Corresponde poner fin a la concesión monopólica, o casi, del litio a SQM. La empresa ha abusado de la fe pública, violó las normas tributarias y los estándares éticos y jurídicos básicos, por lo cual no puede seguir controlando el litio, un recurso definido como estratégico y cuya protección y control por parte del Estado cuenta con amplio apoyo ciudadano.
