CHILE y la chacota del Patrimonio
Señor Director:
En el mundo hay 1.007 sitios denominados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De esos, 6 corresponden a Chile y Valparaíso (2003) es el único puerto del Pacífico en tener dicha declaratoria. Los otros 5 sitios son: el parque Rapa Nui y sus moais, Isla de Pascua (1995); las iglesias de Chiloé (2000); las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura (2005); el Campamento Sewell (2006) y la zona andina Qhapaq Ñan (2014), que comparte con Perú y Ecuador (conocida también como el Camino del Inca).
De estos 6 sitios, las salitreras de Humberstone y Santa Laura partieron declaradas en PELIGRO (10 años después su débil plan de manejo no ha logrado revertir dicha situación). Valparaíso y las iglesias de Chiloé están a punto de entrar en esa lista roja de la Unesco. O sea, el 50% de los sitios de Chile no han cumplido sus compromisos de proteger, conservar y rehabilitar que el mismo Estado se comprometió a preservar ante la Unesco. Si a esto sacamos el sitio de Isla de Pascua (que para su suerte en la práctica cotidiana está a cargo de la comunidad local), el campamento de Sewell (ubicado en las montañas, perteneciente y bien conservado por Codelco – Rancagua) y el sitio del Camino del Inca (en el solitario altiplano y de reciente nominación), tendremos el amargo resultado de que respecto de los 2 que quedan, las Iglesias de Chiloé y Valparaíso (queridos y visitados por muchos chilenos), su peligro está íntimamente ligado a que están en medio de nosotros mismos, de las autoridades locales y del Estado y por lo mismo quizás muy pronto pasarán a la lista roja de los otros 46 sitios en peligro de la Unesco, que a fines de junio y principios de julio de 2015 se reunirá en su 39ª sesión en Bonn, Alemania, para analizar el estado de conservación de los sitios patrimoniales mundiales, entre ello cómo Chile ha respondido a sus observaciones de riesgo por ellos emanadas.
Que la Unesco esté mayormente preocupada –y no Chile– de nuestros sitios patrimoniales es vergonzoso y se debe a la indolencia de nuestro Estado, pues su deber es proveer los mecanismos de protección del Patrimonio, asumiéndolo también como un tema económico, de desarrollo social, identitario y una forma de relacionarse y al mismo tiempo de ser responsable con la comunidad internacional. Sin embargo, para el Ministerio de Educación –del que dependen finalmente dichos sitios patrimoniales– no es un tema prioritario y otros ministerios ajenos, como Economía, Transportes y Obras Públicas (permeados a su vez por grupos económicos) finalmente tienen en la práctica mayor gravitación y terminan siempre en políticas que van en contra del resguardo de aquellos sitios patrimoniales. Los últimos años el Estado no ha hecho más que “embolinar la perdiz” a las Observaciones de la Unesco, lo que claramente no dará resultado, porque para esa organización su fin último es el resguardo, protección y potenciación de esos sitios, no su maquillaje.
Mientras tanto para alcaldes y sus directores de obras municipales, gobernadores, intendentes, el patrimonio muchas veces es “el combo” para sumar a su oferta turística de corto plazo todo tipo de beneficios a peligrosos inversionistas en las áreas contiguas a las protegidas, en vez de desarrollar planes reguladores y políticas que los consoliden. Es por lo mismo que, en la práctica, tal como los “3 chiflados” que cada vez que reparaban una cañería la dejaban peor, la declaratoria de Unesco, por culpa del Estado de Chile –en los casos de Castro y Valparaíso– ha servido más para debilitar que para preservar dichos sitios, toda vez que dicha nominación ha servido para que aparezcan en el mapa aquellos que, sin pensar en el bien común, se van directo a la zona contigua del sitio patrimonial para aprovechar su potencial, destruyéndolo, como es evidente en el caso de Chiloé y la aparición, a escasos metros de su Iglesia Catedral, del mall de Castro, generando un daño visual (impacto patrimonial/paisaje patrimonial) que es una vergüenza nacional y mundial provocado por sólo un megaexcéntrico empresario que tardó sólo 14 días para que su proyecto fuera aprobado municipalmente y más encima “blanqueado” por una consulta ciudadana local a la chacota, a sabiendas de que el Patrimonio de Chiloé nos pertenece a todos.
En Valparaíso, en tanto, además de los edificios en altura que comenzaron a salir por todo el Valparaíso postdeclaratoria, el patrimonio ha servido para malgastar una buena parte de los 70 millones de dólares del BID, para gravar más que para fomentar la restauración de los edificios históricos de la zona Unesco, para dar paso –ilegalmente– a otro mall (ver columna “Por qué el mall Barón es inviable”, publicada por Ciper el 17/06/2014) y también para camuflar, a través de la ilusión que genera la declaratoria Unesco, un hecho real y perverso: que el Estado de Chile a través de EPV (Empresa Portuaria de Valparaíso) se adueñara –en vez de administrarla– de la riqueza natural de Valparaíso, como es su mar, apropiándose de todo el borde costero y, por lo tanto, Valparaíso no tiene ninguna atribución legal sobre él, tampoco recibe un royalty por el uso portuario y la EPV además licitó a los españoles de OHL la extensión portuariaT2 ,una muralla de contenedores semejante al de un edifico de 4 pisos de altura por más de 800 metros de largo, con grúas que sonarán por todo el anfiteatro las 24 horas frente a la zona Unesco, taponeándola como un patio trasero, despotenciando absurdamente su desarrollo, hipotecando además el futuro social, económico, cultural de todo Valparaíso y sus 300.000 habitantes, por malos diseños portuarios carentes del urbanismo más básico, que lo afectarán por los próximos 100 años y que, más encima, son diseños ya obsoletos si vemos cómo otras ciudades-puertos en el mundo han orientado su desarrollo, no sólo en la modernización tecnológica portuaria, sino adaptándose al mundo contemporáneo, privilegiando el crecimiento armónico de la ciudad y su puerto, donde el ciudadano y su calidad de vida tienen una importancia gravitacional dentro del marco de una política integral. Justamente todo lo contrario de Valparaíso, donde el ciudadano está condenado a hechos consumados de pérdida de nuestro patrimonio.
Resumiendo, Chile no sólo ha hecho caso omiso a las Observaciones de la Unesco en los malls de Castro y Barón sino que, más encima, ha aumentado el peligro con el T2 de ser eliminados del circuito internacional. Pero, en realidad, aquí lo más triste es que no hemos comprendido que el sentido final de un sitio Patrimonio UNESCO es preservarlo para las futuras generaciones de todo el mundo.
Las Oficinas Salitreras de Santa Laura y Humberstone, Valparaíso y Chiloé, por lo tanto, importan para el mundo del Patrimonio. Pedimos entonces que RREE, a través de la Cancillería, sea igual de serio como en La Haya, para hacer cumplir los Tratados y Acuerdos Internacionales a los que Chile ha adscrito. Si de igualdad se trata, Presidenta Bachelet, no hay nada más igualitario que proteger lo que es de todos para un Chile sustentable, amistoso con el mundo, digno en sus riquezas y pensado hacia el futuro.
Gonzalo Ilabaca
Ciudadano Ilustre de Valparaíso
