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Una TVN pública al servicio del mercado

por 2 agosto, 2015

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Aunque hoy en día resulte imposible concebir la democracia sin una prensa libre y sin el derecho a la libertad de expresión, los medios de comunicación no son democráticos por naturaleza. Las democracias liberales se caracterizan por la coexistencia de ideas normativas (político-ideológicas) acerca del rol de los medios en la sociedad; y la pugna entre diversas posturas se juega en cómo debe realizarse el debate público de forma tal de promover la participación de una ciudadanía informada en el proceso de toma de decisiones públicas.

Vistas así las cosas, el estado actual de la televisión pública en Chile ofrece un panorama complejo. Desde el retorno a la democracia, Televisión Nacional de Chile (TVN) ha sido definida como una entidad autónoma del Estado, que opera con lógicas de mercado (autofinanciamiento a través del avisaje publicitario), pero que, a diferencia de sus competidores, tiene el desafío de cumplir una misión pública que ha sido definida como “reflejar a Chile en toda su diversidad, contribuir a fortalecer su identidad nacional, y conectar a los chilenos en todo momento y lugar”.

Cabe preguntarse entonces: ¿Es la actual estructura institucional de TVN garantía para la conformación de un discurso público democrático? ¿Cómo se mide la calidad del servicio público entregado por TVN a los televidentes de nuestro país? ¿Dónde reside el carácter “público” de TVN si no recibe aportes del Estado y está obligada a competir con sus pares privados en escenario de mercado?

 La actual crisis de la televisión abierta, con su éxodo de avisaje publicitario hacia el cable y los canales segmentados, obliga a preguntarse por el sentido de una TVN pública pero que se rige bajo reglas de mercado. Hasta ahora la paradoja de TVN ha sido tratar de cumplir sus responsabilidades para con Chile, mientras (sobre) vive compitiendo con pares que tienen como única responsabilidad lucrar del modo más eficiente.

El principio de “autonomía” de los medios de comunicación presume una relación virtuosa entre el Estado y el mercado. Mientras por un lado se vela por la necesaria independencia de los medios para discutir y publicar sobre asuntos políticos sin la interferencia del Estado, por el otro, el mercado es el espacio donde la diversidad en la oferta de medios garantiza el acceso a la información y expresión de las distintas sensibilidades sociales. Ambos principios no se acoplan de forma perfecta ni mucho menos.

La autonomía de TVN respecto de los gobiernos de turno es meritoria si consideramos que, históricamente, la débil diferenciación entre gobierno y Estado en América Latina ha confinado a los medios estatales a ser instrumentos de propaganda política de las elites gobernantes. De ello se desprende entonces que la lógica institucional de TVN –basada en una plana ejecutiva que rinde cuentas a un directorio propuesto por el ejecutivo y elegido por el parlamento– ha resguardado la autonomía del canal frente a posibles presiones políticas. Sin embargo, esta estructura institucional presenta limitaciones. Por ejemplo, la diversidad del directorio de TVN se restringe a una pluralidad político-partidaria que ha reproducido por años la lógica binominal del sistema político. Si realmente creyéramos en una televisión pública de todos y para todos, entonces sería necesario ampliar esta “diversidad política” a representantes de la industria audiovisual, la cultura y la sociedad civil entendida de manera amplia y efectivamente pluralista.

Pero el desafío más importante que enfrenta TVN no es ese, sino el hecho de que la autonomía ganada de cara al Estado democrático se ha perdido de cara al mercado. TVN ha tomado un claro camino hacia la mercantilización de su función pública. En palabras simples, ello significa que la calidad del servicio entregado está siendo medida únicamente en función de la satisfacción o niveles de consumo de las audiencias. Y aunque no se trata de producir contenidos de espaldas al público, tampoco es propio de la televisión pública supeditar su carácter democrático a la medición del rating. Esto es restringir el potencial democratizador de TVN a la “democracia de las audiencias”, como si ésta fuera reflejo de la diversidad de nuestro país. Así, lo que en apariencia puede ser entendido como “control de calidad” en función de “lo que la gente quiere ver”, no es más que la generación indiferenciada de contenidos dependientes del avisaje publicitario. El resultado inevitable es el abandono de la misión pública: la invisibilización de ciertos puntos de vista, temáticas y minorías sociales que no son del gusto de los avisadores o de las masas televidentes.

La lógica del mercado de medios, legítima y democratizadora desde la perspectiva de la oferta privada, no puede ser aplicada de la misma manera a los medios públicos porque éstos, por definición, no son solo un negocio. Los medios de comunicación operan en sociedades donde el poder esta distribuido desigualmente y, por lo general, suelen estar asociados a la estructura imperante del poder político y económico de una sociedad. Es por ello que los medios públicos como TVN son deseables y justificables desde una misión pública que se define por contribuir a equiparar tal desigualdad tanto financiera como ideológica.

La actual crisis de la televisión abierta, con su éxodo de avisaje publicitario hacia el cable y los canales segmentados, obliga a preguntarse por el sentido de una TVN pública pero que se rige bajo reglas de mercado. Hasta ahora la paradoja de TVN ha sido tratar de cumplir sus responsabilidades para con Chile, mientras (sobre) vive compitiendo con pares que tienen como única responsabilidad lucrar del modo más eficiente. Hemos de esperar que, junto al anuncio de la creación de un canal cultural, se abra también un debate en torno al rol que al Estado le cabe para con la televisión pública que Chile necesita, es decir, una televisión cuya misión siga siendo construir un discurso público tan diverso como nuestra realidad.

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