Los vaivenes de la reforma educacional
Señor Director:
La Presidenta, Michelle Bachelet, anunció el lunes que se cambiaría -nuevamente- la fórmula de la reforma educacional. Reformulación que a primera vista parecía ser positiva, porque incluía a estudiantes de establecimientos privados. Pero evaluándola en mayor detalle, seguimos viendo una reforma que viene con letra chica. Una letra chica que impone múltiples requisitos -antojadizos y no racionales-, como lo son estar acreditada por al menos cuatro a cinco años, no ser controladas por sociedades comerciales y que aseguren la participación triestamental del gobierno institucional, entre otros.
Eso sí, estos requisitos parecieran no aplicar para las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh), las cuales recibirían la gratuidad aún teniendo menos de cuatro años de acreditación. Clara muestra de la intención de seguir privilegiando a un grupo por criterios totalmente antojadizos (en este caso, por criterios históricos y no de la calidad del rol público que pudieran tener estas universidades).
También es importante destacar que seguimos a la espera de una reforma que considere a la educación técnico profesional. Los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) son establecimientos prioritarios a apoyar, si lo que queremos es, efectivamente, disminuir la injusticia del sistema educacional y así aumentar la movilidad social en nuestro país.
Con la reforma, así como está hoy, podríamos observar sólo 44 instituciones que cumplen con los requisitos que exige el Gobierno y, considerando los niveles de vulnerabilidad de sus alumnos, sólo 260 mil podrían optar a la gratuidad en educación superior, lo que representaría el 21,4% de la matricula total. Es decir, sólo 1 de cada 5 estudiantes universitarios estudiarían gratis ante los nuevos requisitos planteados por la presidenta el pasado lunes 3 de agosto.
En resumen, seguimos frente a una reforma que beneficia a un grupo históricamente privilegiado (CRUCh), el cual, en esta ocasión, obtendrá gratuidad para 144 mil alumnos (55% de los recursos para gratuidad irían dirigidos a ellos), mientras las universidades privadas recibirían gratuidad para 71 mil alumnos, los IP para 40 mil alumnos y los CFT para 7 mil alumnos.
Este proyecto sigue siendo la misma historia pero con otras palabras. Es urgente hacer una reforma al proyecto, donde centremos las prioridades en los alumnos y en la calidad de educación. Es necesario mejorar el sistema educativo. Un sistema que sea justo, respete la diversidad de proyectos y sea capaz de maximizar la libertad de las personas. Eso es lo que Chile realmente necesita.
Benedikt Bleck V.
Vicepresidente
Federación de Estudiantes Universidad del Desarrollo
