Gratuidad en Educación Superior: ¿paga Moya?

Una de las principales promesas del Programa del segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet, como respuesta al movimiento estudiantil del 2011, fue la gratuidad universal en Educación Superior.  En las últimas semanas se ha señalado que este compromiso se cumpliría con “realismo sin renuncia”, avanzando el próximo año con una cobertura limitada, que inicialmente iba a ser de un 70% de los estudiantes de menores ingresos, pero comenzaría con un 60% sólo para las Universidades del CRUCH. Finalmente, se fijó en un 50%, incorporando a las universidades privadas fuera del CRUCH que cumplan con ciertos requisitos. Ya veremos qué pasará cuando se despache la Ley de Presupuesto.

Durante esta discusión, los medios de comunicación han cubierto la gratuidad como una fiesta de la que nadie quiere quedarse fuera.  Así, cuando se anunciaba que la gratuidad comenzaría solo por las Universidades del CRUCH, las noticias se colmaron de reportajes que alarmaban sobre lo injusto de dejar fuera a una gran cantidad de alumnos vulnerables que estudiaban en universidades privadas. Incluso, un distinguido rector acusó a los rectores del CRUCH de ser un cártel (grupo de empresas que se reparten un mercado evitando la competencia).  Finalmente, el principal resultado del anunciado cónclave de la Nueva Mayoría fue abrir la puerta para que ciertas universidades privadas pudieran unirse al proyecto, bajo ciertas condiciones.

Desde afuera, la aparente fiesta de la gratuidad se ve muy interesante.  Pareciera que las Universidades que participarán en ella están festejando, que tendrán ingresos más seguros y que podrán financiar todas sus actividades sin ningún problema en el futuro.  La verdad es que, desde adentro, el panorama es completamente distinto.  Las Universidades Estatales nos hemos visto enfrentadas a una de las mayores incertidumbres en nuestra historia, sin tener claridad sobre cuáles serán los aranceles, las carreras y las vacantes que podremos ofrecer a partir del próximo año.

[cita] El mayor peligro de esta reforma es que se repita lo que ocurre en educación básica y media: importantes diferencias de calidad entre el sector público y el privado, llevando a las familias a endeudarse, muchas veces más allá de lo posible, para entregar a sus hijos una educación de calidad que el sector público usualmente no puede proveerles.  Esta reforma debe conseguir no solo gratuidad sino también un fortalecimiento del rol público de las Universidades y un incremento en la calidad del sistema de educación superior, partiendo por las Universidades del Estado, que en el pasado fueron abandonadas a sufrir los vaivenes del mercado.[/cita]

Se nos ha informado que se fijarán aranceles de gratuidad más bajos que los actuales aranceles de referencia (que son menores a los aranceles reales que cubren parte importante de los costos operacionales) y que no se podrá cobrar un copago a los estudiantes bajo gratuidad.  Se nos ha asegurado que nadie recibirá un aporte del Gobierno inferior a lo que recibía antes, pero hay algo que aún no queda claro: ¿quién cubrirá la diferencia entre el arancel real y el arancel de gratuidad para los estudiantes que se beneficien de esta situación?, ¿quién pagará los costos de formar a los estudiantes que sobrepasen el período financiado por gratuidad?, ¿lo deberán asumir las propias Universidades?, ¿lo pagará Moya?

Existen diversos análisis que muestran que, cualquiera sea la fórmula que aplique el Gobierno, será muy difícil que se puedan cubrir las brechas de arancel para todos los estudiantes que entran en el régimen de gratuidad, más aún si el objetivo es alcanzar una cobertura del 100%. De esta forma, las instituciones que ingresen en este régimen terminarán recibiendo menos ingresos totales que los que recibirían en la situación sin proyecto de gratuidad.

Si bien es cierto esto beneficiará de manera muy importante a estudiantes vulnerables, es indudable que tendrá un impacto negativo en los planes de desarrollo y en el futuro de las instituciones que participan en el régimen de gratuidad, impactando negativamente sobre otros estudiantes, funcionarios y académicos. Por otra parte, las universidades que no participen del régimen, podrán fijar aranceles, carreras y vacantes de manera libre, generando un mercado privado casi sin regulación, lo que generará diferencias sustanciales entre los que estén “in” y los que estén “out”.

El mayor peligro de esta reforma es que se repita lo que ocurre en educación básica y media: importantes diferencias de calidad entre el sector público y el privado, llevando a las familias a endeudarse, muchas veces más allá de lo posible, para entregar a sus hijos una educación de calidad que el sector público usualmente no puede proveerles.  Esta reforma debe conseguir no solo gratuidad sino también un fortalecimiento del rol público de las Universidades y un incremento en la calidad del sistema de educación superior, partiendo por las Universidades del Estado, que en el pasado fueron abandonadas a sufrir los vaivenes del mercado.

Espero que el Ministerio de Educación (Mineduc) considere con seriedad los análisis y las propuestas que las Universidades Estatales hemos planteado. Nuestro objetivo no es repartirnos una torta que no es nuestra, sino simplemente poder cumplir con nuestros planes de desarrollo y con nuestra misión de formar los profesionales que Chile necesita, desde una mirada pública y con impacto en el desarrollo regional, ayudando de paso al Gobierno a cumplir su rol público en esta área, pero cuidando que esto no implique reducir la calidad de nuestras instituciones.

Actualmente, somos el único subsector de educación estatal que presenta altos niveles de calidad, la mayoría de las veces comparables y superiores a nuestras contrapartes privados.  Espero que esta reforma no nos haga perder lo que tanto nos ha costado construir y mantener, aun teniendo que competir con reglas de mercado para cumplir el rol del Estado.

De las decisiones que adopten las autoridades superiores del Mineduc y de las posiciones que tomen los parlamentarios en la discusión de la Ley de Presupuesto 2016 dependerá que esta aparente fiesta no se convierta en un funeral y que las instituciones que participan no terminen asumiendo los costos de las promesas del Gobierno, como invitados a un evento sin saber que al final de la cena tendrán que pagar la cuenta.