Sucede que muchas veces el calor del momento impide escudriñar más allá de lo que se ve o escucha en primera instancia. Pero tratándose de temas tan delicados como la salud de las mujeres y, en especial, lo atingente a su integridad sexual, es menester hacer un análisis claro al respecto.
La frase mencionada por la diputada Marisol Turres, “hay violaciones que no son violentas”, contiene un error semántico. En el ideario colectivo existe la noción de que la violación es siempre un acto que requiere de un gran nivel de violencia para que sea consumado. Pero esto no pasa de ser una concepción limitada de la realidad, puesto que esta, tratándose de atentados sexuales, reviste muchas formas.
Primero que nada, es importante precisar que, si bien muy probablemente las palabras de Turres aludían a la falta de fuerza física en una violación, es obvio que todo acto que implica una agresión sexual conlleva en sí un grado de violencia, al margen de que esta sea física, psicológica o meramente sexual. El problema, y no menor, es la prueba del delito de violación: dado que en la mayoría de los casos es un delito que ocurre a puertas cerradas y sin testigos que lo acrediten, el demostrar que hubo violencia física es, muchas veces, la única vía para lograr que el autor sea sancionado. Faltando esto, es muy poco lo que al respecto se puede hacer. Y los casos en que este escenario “violento” no se configura son múltiples: las violaciones a mujeres que estaban bajo la influencia del alcohol o drogas, o que se cometen abusando los autores de un trastorno o enajenación mental que padecen sus víctimas (adhiriendo a las hipótesis del artículo 361, números 2 y 3, del Código Penal), en gran parte constituyen casos en los que no se usó violencia física para someter a la víctima.
[cita] Más allá de la cuña “desafortunada” de una diputada, hay que tomar conciencia de que la violencia sexual tiene muchas caras y que no todas se manifiestan con lesiones acreditadas en un informe de un centro de salud o del Servicio Médico Legal.[/cita]
Otra hipótesis interesante es lo que ocurre con el supuesto del artículo 362 del Código Penal, que sanciona como violación todo acceso carnal a menores de 14 años, sin importar si este es consentido o no por la víctima. Teniendo en cuenta que en Chile la edad de iniciación sexual de los adolescentes decae cada vez más, no es raro encontrarse con escenarios en el que niñas de 13 y 14 años mantienen relaciones sentimentales en las cuales inician su vida sexual, producto de lo cual resultan embarazadas, lo cual probaría el delito de violación (que en estos casos, por lo general, fue sin violencia). Mención aparte merecen los casos en que la víctima de violaciones continuas es seducida y engañada de tal manera por su agresor, que termina accediendo a las agresiones sexuales sin oponer resistencia física, ya que el acostumbramiento pasa a ser para ellas un mecanismo de defensa psicológica a las vejaciones.
Y quiero ir más allá con un asunto no menor: los casos de agresiones sexuales al interior de las relaciones de pareja, especialmente en los jóvenes. Una encuesta sobre violencia en el pololeo en jóvenes de entre 15 y 18 años realizada el año 2008, en conjunto entre la Universidad de Talca y La Tercera, reveló que el 11% de las mujeres encuestadas reconoció haber sido forzada a tener relaciones sexuales y el 28,2% afirmó haberlas tenido sin desearlo solo por temor a la reacción que su pareja pudiera tener frente a la negativa.
Indudablemente, estamos en presencia de una situación intrínsecamente violenta, pero en que en gran parte de estos casos es imposible probar esa violencia en tribunales, ya que esta se ejerce en formas no tangibles para que constituyan evidencia. Por ende, más allá de la cuña “desafortunada” de una diputada, hay que tomar conciencia de que la violencia sexual tiene muchas caras y que no todas se manifiestan con lesiones acreditadas en un informe de un centro de salud o del Servicio Médico Legal.
