Terminaba el miércoles de esta semana y los chilenos nos fuimos a dormir una vez más con la amarga sensación de que nos habían estafado. La ya deteriorada confianza se resquebrajaba aún más, esta vez, a merced del llamado “cartel del papel tissue” que operó por más de 10 años en Chile quebrantando la fe pública, la del consumidor.
Involucrada una de las compañías más antiguas del país, la CMPC, con un patrimonio que, por lo grande, no cabe en estas líneas, ¿tenía que fijar precios y repartirse el mercado con su competidora? ¿Todo para qué?
Para que el conjunto de consumidores en Chile pagara más caro el papel higiénico y de esa forma tuviera menos dinero para otras cosas, como remedios, alimentos y otros menesteres.
¿Exageración? No. El Fiscal Nacional Económico ya ha señalado que la ganancia obtenida por cada una de las firmas involucradas excede la multa máxima que se les puede aplicar, es decir, supera los 23,3 millones de dólares por empresa, en total más de 46,6 millones de dólares, y que el monto final será mayor una vez que se terminen los estudios económicos encargados por la Fiscalía.
Dado que pensamos que somos 17 millones de chilenos, solo esta primera estimación de la ganancia fraudulenta nos lleva a que a cada chileno le corresponderían dos millones 700 mil dólares, los cuales, por cierto, nunca veremos, pues la legislación actual permite que las compañías, una vez que son sorprendidas en el ilícito, se acojan a la delación compensada. Es decir, no pagan multa por el delito.
[cita]Es necesario penar con cárcel a los ejecutivos que desarrollan estratagemas clandestinas, con artilugios y chapas dignas de las mejores tramas de Hollywood, destinadas a engañar al público, con nombres en clave y computadores que se tiran al río. De lo contrario, los involucrados deberán asistir a cursos de ética, como en el recordado caso de las farmacias, cuando todos sabemos que si eso no se aprendió en casa ya no se aprenderá.[/cita]
Es el caso de la CMPC que, por confesar, no obstante estafó la fe del consumidor, fue eximida de la multa. Es como si usted sacara dinero de una caja registradora sin que nadie lo advirtiera, pero si le preguntaran cómo y por qué lo hizo, su testimonio le permitiría quedar libre de culpa.
La otra compañía, en tanto, deberá pagar 15 millones de dólares.
Ciertamente, se celebra el rol que ha jugado la Fiscalía Nacional Económica en los últimos años, pero urge endurecer las sanciones para las empresas por colusión en Chile, de manera que las multas sean al menos iguales a las ganancias fraudulentas que consiguen.
Adicionalmente, es necesario penar con cárcel a los ejecutivos que desarrollan estratagemas clandestinas, con artilugios y chapas dignas de las mejores tramas de Hollywood, destinadas a engañar al público, con nombres en clave y computadores que se tiran al río. De lo contrario, los involucrados deberán asistir a cursos de ética, como en el recordado caso de las farmacias, cuando todos sabemos que si eso no se aprendió en casa ya no se aprenderá.
También es necesario hacerse cargo de que, para un tamaño de población como la chilena, se hace imprescindible regular aquellos mercados en que hay pocos oferentes y que, por lo tanto, desarrollan estructuras oligopólicas donde es fácil para dos o tres empresas ponerse de acuerdo en el club de golf a fin de controlar el mercado y fraguar estrategias para hacer uso, precisamente, de su poder oligopólico.
Dado que el incentivo para competir entre pocas empresas es nulo, porque dejan de ganar, pero el incentivo a coludirse es alto para aumentar sus ganancias, es tiempo de que los legisladores se den cuenta de la necesidad de establecer regulaciones para estos mercados, tal como ocurre en el sector de la electricidad o de la telefonía.
Solo en la medida que la ley proteja a los individuos sin poder en el mercado, volverá la fe para jugar el papel que le corresponde en la confianza de los chilenos.
