«¿Qué jefe militar se lanzaría ahora a una aventura golpista, sabiendo que terminaría indefectiblemente en la cárcel, condenado a más años de los que le quedan de vida? ¿No han visto todos el destino de Videla en Argentina; el de Contreras en Chile; los de Montesinos, Fujimori y los generales cleptócratas en el Perú?».
Este año, el presidente Humala firmó la última lista de ascensos militares de su mandato. Que fueron controvertidos incluso teniendo en cuenta las frustraciones e insatisfacciones que suelen acompañar ese tipo de procesos.
La controversia se ha dado sobre dos aspectos relacionados pero a la vez diferentes. En el primero, la discusión es sobre el proceso de ascensos en sí: ¿Fue legal o no? ¿Fue correcto o no? ¿Se ascendió a quienes se debía ascender, o no?
En el segundo, la discusión es sobre el presunto propósito ulterior de los ascensos decididos por el presidente Humala. ¿Qué busca este al llevar a su promoción (y dentro de ella, a su arma) al mando del Ejército en vísperas de su salida del poder? ¿Busca el respaldo del Ejército ahora que pierde el de su partido? Ante los contrastes políticos y legales que enfrenta, ¿se prepara acaso un golpe de Estado?
De los dos, el segundo tema es el que más importa. Pero veamos antes el primero.
En la discusión sobre el proceso de ascensos ha habido todo tipo de opiniones, desde las serias hasta las atorrantes. Estas últimas no merecen mayor atención, pero las primeras sí. Y entre ellas hay una marcada diferencia de opiniones calificadas.
De un lado, el excomandante general del Ejército y exministro de Defensa, general EP (r) Roberto Chiabra, sostuvo en un artículo reciente que “quienes se muestran preocupados por los ascensos, reprueban la cantidad de ascendidos, los lazos de familia, amistad y arma, pero no son honestos en decir que los criticados son los primeros en su especialidad desde cadetes y que tienen el mérito de ascender tras mantener el primer puesto durante más de 30 años de carrera. Omiten que al asumir el presidente Humala ya había un general de brigada de su promoción y los otros ya eran candidatos al ascenso. ¿Qué era lo que correspondía? ¿Que por ser de su promoción no ascendieran? ¿Sería esto justo?”.
De opinión similar es el exjefe del Comando Conjunto, almirante AP (r) Jorge Montoya, quien declaró en El Comercio que “todo el proceso de ascensos en las instituciones castrenses ‘se hizo de acuerdo a la ley’”. “La coincidencia es que le ha tocado a la promoción del Presidente estar en esta situación”, anotó.
De otro lado, el excomandante general del Ejército, general EP (r) Otto Guibovich sostiene que, si bien se cumplió con lo que establece la ley, hubo modificaciones en el tenor legal que permitieron adelantar el ascenso de la promoción del presidente Humala y preparar el camino a la de Antauro Humala, en desmedro de oficiales valiosos de otras promociones que debieron ser considerados.
Según escribió Guibovich, este gobierno, además de haber pasado “al retiro a brillantes oficiales, lo que frustra su plan de vida y acceso a posiciones de mando para bien”, ascendió, en cambio, “en demasía en la promoción y en la especialidad del Presidente. Lo mismo pasó en la promoción del hermano. De ocho promociones con generales de brigada hoy, las dos acaparan más del 50%. Hay, sin duda, un manejo preferencial y tóxico”.
El propio Guibovich, sin embargo, puntualizó que los cuatro oficiales de la promoción de Humala que ascendieron a general de División este año, son militares “destacados, que hubieran ascendido por méritos propios”. Pero añade que solo uno de ellos, el general Manuel Gómez de la Torre, cumplió con los cinco años de servicio como general de brigada que estableció el DL 1143, que no fue el caso de los generales Rodríguez Luna Victoria, Díaz Arrué y Villarroel Rossi, beneficiados por una disposición reglamentaria que modificó el DL 1143.
Tanto Chiabra como Guibovich comparten el haber sido pasados al retiro abusivamente (Chiabra durante el fujimorato y Guibovich por una intriga durante la transición a la democracia). Los dos fueron luego repuestos en el servicio activo cuando todavía la democracia movilizaba entusiasmos y energías y cumplieron después gestiones destacadas como comandantes generales del Ejército. Ahora discrepan, aunque me parece que, en parte, ambos tienen razón.
El ascenso fue legal, aunque la norma fue modificada algún tiempo atrás para permitir el ascenso de algunos de los promocionales del Presidente.
Lo que resulta más difícil aceptar es el argumento de que Ollanta Humala haya intentado favorecer a la promoción de su hermano Antauro, a quien el Presidente ha mantenido preso con rigor eventualmente exagerado (como cuando lo internó en la Base Naval). De otro lado, uno de los “brillantes oficiales” sobre los que escribe Guibovich, injustamente pasados al retiro por esta gobierno es un compañero de promoción de Antauro, el coronel EP Carlos Romero Von Bangels, quien puede aún retornar al servicio activo y recuperar, como Chiabra o el propio Guibovich, el tiempo perdido.
En resumen, si bien hay aspectos discutibles en este proceso de ascensos, lo cierto es que se hizo de acuerdo con la ley y que los oficiales de la promoción de Humala que ascendieron son, todo indica, profesionales competentes y no militares tóxicos o venales, como fue el caso con algunos notorios jefes durante los gobiernos de Toledo y García, que ahora responden en el juzgado sobre las cutras gasolineras perpetradas bajo sus órdenes.
Eso sobre los ascensos. ¿Y qué hay sobre lo de los supuestos preparativos de golpe de Estado?
Ahí sí todos los militares mencionados tienen un punto de vista común: no existe riesgo de golpe, ni de pronunciamiento, ni de cuartelazo. Ese tiempo, menos mal, pasó. Ojalá que para siempre.
Lo que dio gasolina al tema fue una columna del director de Peru21, Juan José Garrido, que puede estudiarse como un ejemplo de alarmismo golpista: fragmentos de verdad que desembocaron en afirmaciones tan graves como falsas.
“Los rumores de un quiebre entre el Presidente y el premier Cateriano son muy fuertes; –escribió Garrido– rumores de renuncia inundaron esta y otras redacciones. Las lealtades en el Ejército están divididas, entre los que desean seguir una línea institucional, y entre los que podrían acompañar al presidente Humala en su aventura”.
“Las fuentes, todas, creen lo mismo: existen intenciones de quebrar el sistema institucional. (…) por un lado está el presidente Humala, quien aprovecharía su posición y lo que le queda de apoyo en el Ejército para asegurarle la tranquilidad a su esposa. Por otro lado, están quienes podrían dar un golpe preventivo. Y luego están los militares cercanos a Antauro Humala, (…). Cómo se agrupen será crucial en las siguientes horas, y determinará finalmente si ocurre o no un quiebre”.
Por supuesto que “las siguientes horas” pasaron y no sucedió nada. Ni el día ni la semana siguiente. Y ni a Garrido ni a su periódico ni a su grupo editorial se les ocurrió pedir las disculpas que debían por haber afirmado, con irresponsable falsedad, la inminencia de un Putsch o de un golpe de Estado.
¿Qué jefe militar se lanzaría ahora a una aventura golpista, sabiendo que terminaría indefectiblemente en la cárcel, condenado a más años de los que le quedan de vida? ¿No han visto todos el destino de Videla en Argentina; el de Contreras en Chile; los de Montesinos, Fujimori y los generales cleptócratas en el Perú?
Si algún político desesperado pensara en persuadir a militares para una acción de fuerza, ¿los creería tan tontos como para seguirlo en un suicidio político y penal? Ni en el Perú ni en, virtualmente, toda Latinoamérica es viable un golpe ahora. Nadie sabe lo que vendrá mañana, pero sabemos lo que hay ahora; y hoy un golpe no es posible.
Y así como gritar “¡fuego!” o “¡terremoto!” en un local cerrado es un delito, cacarear golpes inexistentes en naciones que antaño los sufrieron repetidamente, soltando rumores que terminan expresándose como certezas es, por lo menos, una grave irresponsabilidad.
