Proyecto inmobiliario en Maitencillo: Respuesta a Francisco Walker Prieto

Señor Director:

En relación al artículo publicado por El Mostrador el pasado viernes 7 de noviembre, bajo el título «Proyecto Inmobiliario de Francisco Walker Prieto amenaza sitio para la biodiversidad en Maitencillo», de mi autoría, que provocó un “enérgico desmentido” por parte del empresario aludido, procedo aclarar, punto por punto, cada una de la aseveraciones vertidas en la misiva enviada el mismo día de la publicación al director de este medio de comunicación.

1. Es necesario aclarar que el titular del reportaje se plantea de esa manera ya que el Sr. Francisco Walker Prieto ha actuado como cara visible del proyecto, en representación del titular, en la mayoría de las reuniones con los servicios de gobierno e intendencia, en las actividades de participación ciudadana, en condiciones que en el capítulo 11, punto 11.1 “Mecanismos formales de Participación”, el titular se compromete a participar de todas las instancias informativas. Lo que fue confirmado por fuentes que participaron de dichas actividades, corroborando la presencia del señor Walker en ellas.

En este sentido la nota hace una clara alusión al tipo de participación de Francisco Walker Prieto en las gestiones relacionadas con el Proyecto El Alto, donde se expresa claramente que representó en calidad de  “gestor de intereses” a la inmobiliaria, Don Lionel Ltda, empresa propietaria del terreno donde sería emplazado El Alto.” Dejando clara la relación entre el titular y el Sr. Francisco Walker.

Por otro lado, y según se consigna en una nota publicada el 3 de septiembre de 2013 por el diario El Mercurio, donde fue entrevistado Francisco Walker Prieto, en la que se dan a conocer los planes inmobiliarios de Banmerchant, Walker expresó que “Banmerchant también está participando en un loteo de terrenos en Puchuncaví orientados a viviendas para grupos familiares. El proyecto cuenta con 270 hectáreas, pero se está desarrollando un área de 70 ha”, agregando a su vez que se venden paños de cinco hectáreas donde se pueden levantar 14 a 16 viviendas.

2. El Sr. Walker alude a la compatibilidad territorial del proyecto en los planos reguladores comunal (PRC) y plano regulador intercomunal (PRI-SBCN), poniendo en valor la baja densidad de su proyecto. Reconozco que estas materias fueron omitidas por el reportaje ya que no son materia de controversia como si son las incompatibilidades territoriales que presenta en su planta de tratamiento de aguas servidas y la zona de protección ornitológica para la conservación de la colonia reproductiva del piquero común.

Sobre la planta de tratamiento de aguas servidas la Seremi MINVU hace clara alusión a la no compatibilidad territorial en la zona propuesta por el proyecto (zona AEU-3 del PRI-SBCN), mientras que la Seremi de Salud considera como un fraccionamiento de proyecto la no evaluación de dicha infraestructura sanitaria.

De acuerdo al dictamen N° 94.146, emitido el 4 de diciembre de 2014 por la Contraloría General de la Republica en el que se especifica que las plantas de tratamiento de agua servida deben contar con compatibilidad territorial, de acuerdo a lo estipulado por los planos reguladores, condición que el proyecto de Urbanización El Alto no lo establece como uso permitido. Es por esta razón que la nota de mi autoría publicada por El Mostrador hace referencia a dicha irregularidad y no a las compatibilidades territoriales que plantea el Señor Walker, ya que están no presentan irregularidades.

Otro aspecto controversial sobre su compatibilidad territorial es el emplazamiento del proyecto de urbanización en su zona Z-10 del PRC, en cuanto en el apartado de otras normas donde se establece claramente que “en caso de encontrarse aves en estado de nidificación, se debe contar con las indicaciones del organismo competente”, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente y el SAG, condición que en los pronunciamientos de la Evaluación Ambiental queda claro que el titular no incorpora dichas indicaciones levantadas con estudios fundados realizados por la Universidad de Católica de Valparaíso en conjunto con la Universidad de playa ancha y por la CODEFF, respectivamente.

Ahondando en las condiciones de edificación que el Sr. Francisco Walker menciona, llama la atención que exponga que son casas de dos pisos y que en el proyecto se describan como “casas unifamiliares”, ya que en la ADENDA 1 propone condiciones de edificación que alcanzaría los tres pisos de altura y 1.750 metros cuadrados (11 metros de altura y 0,5 de coeficiente de constructibilidad, ADENDA 1, ANEXO 3, Reglamento de Copropiedad, Artículo Undécimo, numeral 5).

2. El Director General de Bandmerchan también hace mención a que este proceso ha durado 4 años y que han recogido prácticamente todos los requerimientos y aportes que se han hecho. En mi investigación se pudo constatar que en lo que respecta a la colonia reproductiva del piquero común, es reiterativo por parte del titular no subsanar las observaciones realizadas por los servicios, más aún, según consta en el expediente de la primera Declaración de Impacto Ambiental (DIA) donde no aparece razón manifiesta en su desistimiento pero en el Índice Consolidad de Evaluación (ICE) encontramos que en el Capitulo 10 “Recomendaciones de Calificación Ambiental” expone que “En los adenda presentados, las consultas sobre el efecto del proyecto, sobre la fauna nativa en categoría de conservación, en especial sobre el Piquero (Sula variegata), especie clasificada como Insuficientemente Conocida, no fueron subsanadas. Encontrando en el actual proceso de Estudio de Impacto Ambiental, las mismas manifestaciones por parte de los servicios competentes en materias de la colonia reproductiva del Piquero común sobre que las observaciones no son subsanadas por el titular.

2. Sobre las acusaciones realizadas por el señor Walker en contra de la Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, Tania Bertoglio, y el presidente de Chinchimen, Javier Trivelli, no tengo mayor información por cuanto no puedo referirme al respecto, sólo mencionar que ambas personas participan en el “Consejo de Recuperación Ambiental y Social para las comunas de Puchuncaví y Quintero” (CRAS), programa de gobierno que busca obtener la equidad territorial en zonas medioambientalmente vulnerables, dentro del cual han sido recurrentes las materias de conservación y biodiversidad debido a las presiones inmobiliarias e industriales sobre las Dunas de Ritoque, el Humedal de Mantagua, el Humedal de Los Maitenes – Campiche y los Acantilados de la Quirilluca.

Cuando el señor Francisco Walker señala que de los 19 servicios participantes en el proceso de evaluación, sólo la Seremi de Medio Ambiente ha rechazado el proyecto, es necesario destacar que omite los últimos pronunciamientos y las respectivas observaciones que hicieron cuatro servicios con competencia ambiental, donde destacan las realizadas por la Seremi de Salud (Ord. 828) que considera como un fraccionamiento del proyecto, el no incorporar la planta de tratamiento, la Seremi Minvu (Ord. 2631) al establecer que el proyecto sería compatible territorialmente con los usos de suelo establecidos, sin considerar la planta de tratamiento, el del SAG (Ord. 2582) que estima que el titular no da respuesta satisfactoria al Icsara, la Seremi MMA (Ord. 432) declara su no conformidad con el proyecto, razón por la cual el titular, en su adenda 4, solicita lo declaren ilegal y que este no sea considerado en la evaluación. Mientras que la Municipalidad de Puchuncaví (Ord. 695) establece que el proyecto adolece de información relevante y esencial para efectos de calificar ambientalmente el proyecto.

2. Sobre si el proyecto es un aporte para la región, las declaraciones del Consejero Regional de Valparaíso, Manuel Millones, son enfáticas en señalar que el gobierno regional se encuentra realizando esfuerzos para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad: “El proyecto El Alto, ni siquiera debió ser tramitado, porque no se puede emplazar en el lugar al estar fuera del área de concesión de Esval y prohibido en el instrumento de ordenamiento territorial la ubicación de las plantas de tratamiento, por lo mismo no debió ser aceptado su ingreso. Esto se refuerza con dos dictámenes  de la contraloría General de la República y el mismo informe del Minvu”.

La misma autoridad asegura que ha “recibido inquietud de varios funcionarios públicos por la presión de algunas autoridades de gobierno por sacar este proyecto adelante” y en razón de ello le ha pedido a la diputada del distrito,  Andrea Molina, que en su rol fiscalizador, cite al ministro de Medio Ambiente a la comisión de medio ambiente y además se envíen diversos oficios.

Javiera Rojas, periodista